Repsol zanja con 21 millones parte de su guerra legal en EEUU por la herencia de YPF

Las herencias pueden ser regalos envenenados. Algo que le sucedió a Repsol con YPF. Cuando la petrolera española compró esta energética en 1999, la compañía que preside Antonio Brufau recibía también una batalla legal vinculada por contaminación medioambiental en Estados Unidos. El protagonista del caso era Maxus, una empresa que compraron los argentinos en 1995. Un inmenso pleito valorado en cerca de 12.000 millones de euros que arrancó hace más de 40 años y que Repsol acaba de zanjar una pequeña parte.

La petrolera española ha alcanzado un preacuerdo valorado en 25 millones de dólares (21 millones de euros al cambio actual) con la Administración Concursal de Maxus. Un parte del pleito que se remonta a diciembre de 2019. Los responsables de la empresa americana demandaron a Greenstone, la aseguradora de Repsol encargada de liquidar los riesgos asumidos en el pasado, por pólizas de seguros que no se habían pagado entre 1974 y 1998.

"Repsol mantiene la opinión de que las pretensiones aducidas en la demanda carecen de fundamento", explica la petrolera española en su último informe anual. "No obstante, las partes han llegado a un preacuerdo transaccional por importe de 25 millones de dólares, sujeto a la firma de un acuerdo definitivo, y el juez, con fecha 9 de febrero de 2021, ha acordado suspender todos los plazos del proceso por un periodo de 30 días", añaden.

Un conflicto que le llega por su inversión en YPF, la empresa argentina que adquirió en 1999 y que acabó siendo nacionalizada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a mediados de 2012. Pese a que los caminos de Repsol e YPF llevan nueve años separados, la sombra de la demanda medioambiental de Maxus sigue persiguiendo a ambos.

Repsol mantiene la opinión de que las pretensiones aducidas en la demanda carecen de fundamento

La empresa estadounidense lleva desde 2016 acogido a la ley de quiebras estadounidense, el equivalente al concurso de acreedores en España. Ese escenario provoca que esté gestionado por un administrador concursal. Este administrador, según consta en la demanda a la que ha tenido acceso Vozpópuli, considera que la gestión de los anteriores dueños de Maxus no fue la adecuada, como refleja el reciente acuerdo judicial entre ambas partes. "No se administró de forma diligente activos que eran útiles para la firma y que le hubiesen permitido evitar la quiebra", apuntan.

Repsol afronta esta herencia

Repsol lleva décadas registrando este conflicto en sus cuentas. Los últimos capítulos de la batalla legal se han centrado en las demandas de administrador concursal de Maxus contra la petrolera española e YPF. Pero el quid de la cuestión llega por una presunta contaminación medioambiental de un activo de un planta de Maxus del río Passaic (que recorre el norte de Nueva Jersey), la Bahía de Newark y otras propiedades cercanas.

Los hechos se produjeron antes de que YPF comprara Maxus. La empresa estadounidense había vendido una filial química bajo el nombre de 'Diamond Shamrock Chemical Company' a otra empresa denominada Occidental Chemical Corporation (OCC). El pacto, previo a la década de los 90, incluía un acuerdo de indemnización entre ambas partas por este conflicto medioambiental, según explica la propia Repsol en sus informes anuales.

Este acuerdo es el que desató la investigación de la justicia de Estados Unidos. El Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey presentó en 2005 una demanda contra todas las empresas implicadas, incluidas Repsol, YPF y OCC, la firma compradora. De forma paralela, en 2012, OCC inició otro procedimiento judicial contra, entre otros, Repsol, YPF y Maxus.

Acuerdos judiciales

Entre 2013 y 2014, Maxus, YPF y Repsol firmaron varios acuerdos con el Estado de Nueva Jersey "por los que mediante determinados pagos se obtuvo el desistimiento de las acciones por parte de esa administración norteamericana", explica la petrolera en sus cuentas. Una puerta que se cerraba y otro que se abría.

Las reclamaciones judiciales se han cruzado tras este acuerdo. Repsol demandó a OCC para pedirle los 65 millones de dólares que tuvo que pagar en el acuerdo con el Estado de Nueva Jersey, OCC apeló esta demanda y mientras Maxus entraba en quiebra, con lo que los administradores concursarles de la empresa añadían nuevos frentes a la batalla. Un caso con múltiples variantes pero que, cuarenta años después, sigue sin resolverse.