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Hacienda confirma el reparto de las ayudas para empresas que favorece a Andalucía y Cataluña

El Ministerio no ha tenido en cuenta la situación del tejido productivo de comunidad para hacer el reparto de los fondos, sino que se ha fijado en la caída del PIB de cada autonomía, el desempleo y el paro juvenil

Hacienda confirma el reparto de las ayudas a empresas que beneficia a Andalucía y Cataluña
María Jesús Montero, ministra de Hacienda Chema Moya, EFE

El Ministerio de Hacienda ha hecho público este viernes el reparto entre comunidades autónomas del fondo de 7.000 millones que se destinarán a dar ayudas a empresas y autónomos y que, por cómo está definido, beneficia a Andalucía y Cataluña en detrimento de otras autonomías como Madrid.

Como ya adelantó Vozpópuli, los criterios empleados para el reparto favorecen a esas dos comunidades, que son las que recibirán una cuantía superior de fondos (de 1.109 y 993 millones, respectivamente), mientras que otras como la Comunidad de Madrid percibirá 679 millones.

Para realizar el reparto el Ministerio no ha tenido en cuenta la situación del tejido productivo de estas autonomías -ni su número de empresas o autónomos, ni cómo evolucionan tras la crisis derivada de la pandemia-, sino que ha empleado los mismos factores que utilizó para repartir los fondos del React EU.

Los criterios no aplican para el reparto a Canarias y Baleares, ya que al ser las comunidades más perjudicadas por la crisis (por el hundimiento del turismo), han recibido 2.000 millones de esos 7.000, y los 5.000 restantes se han repartido entre el resto de comunidades. Canarias percibirá 1.144 millones y Baleares, 855 millones.

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El reparto de los 5.000 en ayudas

Dos tercios de los 5.000 restantes (unos 3.300 millones) se repartirán teniendo en cuenta el peso relativo del "indicador de renta de cada comunidad autónoma, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas", ha explicado Hacienda.

Los 1.700 millones restantes se repartirán en función del desempleo (1.100 millones según este criterio), "que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta el final de ese ejercicio".

Una novena parte (los 600 millones que quedan) se distribuirán en función al desempleo juvenil, calculado con el mismo sistema que el indicador anterior.

De aplicar estos criterios sale un reparto en el que Andalucía y Cataluña son las que más reciben, seguidas de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana (647 millones).

Entre las que menos recibirán figuran Ceuta y Melilla (13 y 12 millones, respectivamente), La Rioja (32 millones), Cantabria (55 millones) y la Comunidad Foral de Navarra (67).

Protestas de las comunidades del PP, incluida Andalucía

Los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Ceuta han hecho pública una declaración conjunta en la que acusan al Gobierno de "menosprecio" hacia las comunidades autónomas.

En ella, critican haberse enterado por la prensa y el Boletín Oficial del Estado de que el Gobierno ha decidido encargarles la tarea de asignar las ayudas a empresas sin darles la opción de "decidir conjuntamente los criterios de reparto".

"Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio", han denunciado.

Este es "un nuevo episodio de la deslealtad institucional de un Gobierno que nos deja a un lado en las decisiones más trascendentes, demostrando que su concepto de co-gobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral, imponiéndonos la obligación de gestionar ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender", denuncian.

Piden que se haga un "uso democrático de las instituciones" y que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar conjuntamente una modificación del real decreto-ley en el que se aprueba el fondo que regula las ayudas.

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