La letra pequeña de la reforma de los interinos: "Es muy difícil que se cumplan los requisitos"

El Gobierno convalidó este miércoles in extremis en el Congreso la reforma de los interinos para reducir la temporalidad, tras introducir modificaciones a última hora para lograr el apoyo de ERC. Se trata de cambios de calado que, según confirman fuentes sindicales, no consultó con los representantes de los empleados públicos, pese a que el Ejecutivo venía defendiendo que el acuerdo contaba con el apoyo total del diálogo social.

Según anunció la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entre los cambios notables figura que los ejercicios de la fase de oposición "podrán ser no eliminatorios" y que los interinos que lleven más de 10 años podrán acceder a su plaza sin examen, aplicando el artículo 61.6 del EBEP. Este extremo ha levantado ampollas en las últimas horas no solo entre los propios opositores, entre los que hay algunas voces que tildan el cambio de "injusto", sino entre los sindicatos, que no habían pactado esta modificación en el texto que firmó el hasta hace tres semanas ministro de Función Pública, Miquel Iceta.

El artículo del EBEP citado por la ministra Montero recoge que "los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos". No obstante, es complicado de aplicar.

"No existe una estimación de a cuántos interinos beneficiaría esto; va a ser muy difícil comprobarlo y que cumplan el requisito", apuntan fuentes de CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios. De hecho, apuntan estas fuentes, la mayoría de los interinos "concatenan contratos en plazas diferentes", por lo que es complicado permanecer una década en una misma plaza.

Las declaraciones de Montero sobre las nuevas modificaciones, que todavía no están contempladas en el texto, "generan más incertidumbres que certezas, en esto no se puede improvisar. Tienen que explicar bien los criterios: ¿por qué diez años y no tres?", se pregunta Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF. "Las administraciones van a tener una enorme dificultad para identificar las plazas que no han salido a oferta de empleo publico en los últimos diez años y las personas que ocupan esas plazas. Las ofertas de empleo público contemplan un número determinado de plazas, pero no identifican la antigüedad. Es una dificultad técnica que será difícil de solucionar", insiste Lama.

Por su parte, fuentes del ministerio reconocen que se trata de una enmienda más que tendrá que introducirse -y ser aprobada- durante el periodo de enmiendas que se abre ahora, una vez que el Congreso ha convalidado la norma aprobada en el Consejo de Ministros a comienzos de mes.

Los interinos que la pierdan serán indemnizados

Según los datos aportados por CSIF, la contratación temporal en el sector público se sitúa ya en el 30%, casi diez puntos por encima del sector privado. Para lograr reducirlo al 8%, objetivo clave del Gobierno, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años, y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público antes de que concluya ese periodo. Durante ese tiempo, el interino tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo "siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo".

Enmiendas aparte, el texto que aprobó el Ejecutivo en el seno del diálogo social contempla que las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.

De forma paralela, el acuerdo firmado por Gobierno y sindicatos contempla ya un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable".

El proceso de estabilización "afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018", apunta el texto.

En los procesos de estabilización del personal temporal por primera vez se valorará la experiencia adquirida en el puesto con hasta un 40% en el cómputo global. "Sin perjuicio de lo establecido en su caso la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente", apuntaba el borrador consultado por Vozpópuli. Según el primer acuerdo, el Gobierno dejará en manos de las comunidades autónomas y entidades locales que los concursos-oposición que se convoquen para la estabilización de plazas no solo tengan en cuenta la experiencia, sino que solo incluyan la fase de concurso.