Publicado: 24/03/2019 05:15
El porcentaje de pensionistas sobre el total del electorado español batirá récord en las elecciones del próximo 28 de abril, cuando este colectivo estará detrás de uno de cada cuatro votos depositados en las urnas (en un escenario de plena participación).
El número de españoles que están llamados a votar en esta cita electoral es de 36,89 millones de personas, tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los que un 24% son pensionistas (8,81 millones de votos, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).
Si se comparan estos datos con el electorado que fue llamado a las urnas en los últimos comicios generales, en junio de 2016, el total de personas que pueden ejercer su derecho a voto ha aumentado en 375.876 personas, de los que el 80% son personas de 65 o más años.
El número de pensionistas en España ha subido desde el año 2016 en 304.038 personas, lo que quiere decir que ha pasado de representar un 23% del electorado en 2016 (cuando se repitieron las elecciones para resolver el bloqueo político en el que cayó el país tras las de diciembre de 2015) a un 24% en 2019.
El volumen de pensionistas sobre el total del electorado ha ido aumentando de forma progresiva a lo largo de los años, a medida que sigue envejeciendo la población y aumentando la esperanza de vida: cada vez hay más votantes mayores y menos jóvenes.
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Hay que tener en cuenta que aunque en España hay 8,81 millones de pensionistas -a cierre de 2018-, son 5,86 millones los que cobran una pensión de jubilación, ya que el resto percibe pensiones de incapacidad permanente, de viudedad, orfandad o favor familiar.
El porcentaje de jubilados sobre el total del electorado también alcanzará un récord histórico el próximo 28 de abril, al representar un 16% del total de votantes, una cuota que se disparará en las próximas convocatorias electorales a medida que se jubile la generación del babyboom (los nacidos entre 1958 y 1977, que empezarán a retirarse a partir de 2023 o antes si lo hacen de forma anticipada).
Gobernar pensando en sus votos
El peso relativo de los pensionistas sobre la sociedad española aumenta cada año y tiene un valor incalculable para la política en términos de votos. Esta es la razón por la que ningún partido político tiene voluntad de asumir el coste político de acometer reformas dolorosas en el sistema de Seguridad Social, que son necesarias para hacer frente al déficit que sufre el sistema y que se agravará con los años.
En 2013 el Gobierno del Partido Popular probó el experimento de aplicar una reforma de pensiones de forma unilateral -sin contar con el consenso del resto de partidos representados en el Pacto de Toledo- que aplicaba medidas para poder mejorar la solvencia del sistema a largo plazo (como la introducción del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización).
Las protestas de los pensionistas en las calles (y la presión del PNV, que ponía como condición sacrificar esta reforma para apoyarle en los Presupuestos Generales del Estado de 2018) llevó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a dar marcha atrás y eliminar ambas ideas.
A cualquier Gobierno le saldría más rentable políticamente recortar de otras partidas antes que tocar a los pensionistas
"Ningún partido se atreverá nunca a no pagar las pensiones en este país", avisaba esta semana a micrófono cerrado el secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, que reconocía que a cualquier gobierno le saldría más rentable en votos recortar de otras partidas o recaudar de otros sitios que "tocar a los pensionistas".
Por esta razón, aunque economistas, expertos, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el mismo Octavio Granado y organismos internacionales como la OCDE recomiendan asiduamente llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones (con medidas como alargar la edad de jubilación, cambiar los criterios para conceder pensiones de viudedad o ampliar el periodo de la edad trabajada que se utiliza para calcular la prestación), los partidos se niegan a aceptar ninguna propuesta.
Tanto es así que el propio Pacto de Toledo, que fue creado para poder acordar medidas necesarias entre todos los grupos políticos -de forma que la responsabilidad recayera sobre todos ellos, con lo que ninguno sería penalizado en las urnas-, no ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre las reformas y se ha disuelto, sobre todo por el desacuerdo de Unidos Podemos y el PP.
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