El récord de ingresos de las Administraciones Pública en 2022 no se ha empleado para dar un tijeretazo al déficit público ni para reducir la deuda que encorseta el futuro de la economía, sino para aumentar el gasto y en particular el coste de las nóminas de funcionarios y políticos pese a las recomendaciones de Bruselas de no elevar el gasto presupuestario estructural. Se trata de una inmensa ‘bola de nieve’ que ningún Gobierno (y partidos) se atreve a poner en orden con una nueva reasignación de efectivos, atendiendo la demanda de servicios por parte de los ciudadanos y así liberar recursos para cubrir otras necesidades como, por ejemplo, un aumento de la inversión productiva y propiciar un nuevo modelo de crecimiento económico.
Por primera vez, la masa salarial (conjunto de sueldos y de cotizaciones a cargo del empleador) ha superado los 150.000 millones de euros hasta situarse en casi 154.000 millones (153.824 millones exactamente). Lo que supone un 4,2% más que en el año anterior (casi 6.300 millones más), casi medio punto por encima del 3,8% de aumento del gasto público total en este año. El alza no se debe tanto al mantenimiento de las plantillas de la sanidad, en plena reducción tras los primeros años de la pandemia, sino al aumento de personal en las administraciones generales tanto del Estado como de las autonomías y también de los ayuntamientos en los que se intuye ya el habitual incremento de efectivos ante la cercanía de elecciones.
La cifra de empleo público en 2022 ha sido también de récord, hasta más de 3,5 millones, mientras que la revisión salarial ha alcanzado el 3,5% (2% hasta octubre y 1,5% más a partir de noviembre, con efectos retroactivos desde enero), muy por encima del alza en el sector privado.
Esos 154.000 millones se ‘comen’ la totalidad de la recaudación récord de Hacienda por IRPF (109.000 millones) así como más de la mitad de los 82.600 millones de ingresos obtenidos por el IVA. Todo esto significa que uno de cada cuatro euros que gastan las Administraciones se destina a sueldos públicos (en las autonomías supera de media el 43% y hay algunas en que supera más de la mitad). Y representan: el 60% del total de los ingresos tributarios; casi la mitad del conjunto de recursos obtenidos por impuestos (incluidos los regionales y locales); y el 12% del PIB frente a, por ejemplo, el 10% registrado antes de la gran depresión económica iniciada en 2007 o el 10,8% en 2019 antes de la pandemia.
Por si fuera poco, esa cifra supone el 25% del gasto total que utiliza la economía española (622.703 millones, incluyendo también a las sociedades financieras, hogares e instituciones sin ánimo de lucro) para abonar las remuneraciones del conjunto de asalariados, mientras que las Administraciones disponen del 20% del empleo en España. Además, supera con creces con creces el presupuesto de la Seguridad Social destinado a pagar las pensiones contributivas (145.000 millones) de más de 10 millones de personas.
El presupuesto en esta partida se ha duplicado en 20 años, coincidiendo con el inicio del traspaso de las competencias estatales a las autonomías.
El crecimiento de este gasto, hasta convertirse en la principal partida presupuestaria, sucede siempre en época de crisis. Es cuando más aumenta el empleo público y se convierte en el refugio habitual de las contrataciones, en muchos casos sin justificación alguna. El presupuesto en esta partida se ha duplicado en 20 años, coincidiendo con el inicio del traspaso de las competencias estatales a las autonomías. En todo caso, desde la situación anterior a la pandemia (2019), el gasto en nóminas públicas ha aumentado el doble (14,1%) que en el sector privado (7,1%). La diferencia es mayor desde la gran crisis de 2007, ya que las Administraciones han aumentado este gasto corriente un 43,3% mientras que en las empresas privadas no financieras se ha quedado en el 20,7%.
Datos de empleo
En cuanto al empleo, hay 50.000 asalariados públicos más en el último año (1,5% más) mientras que en el sector privado (con empleo más inestable y con salarios medios inferiores) supera los 340.000 (2,6% más), lo que ha llevado a que la masa salarial de las empresas no financieras haya crecido un 7,4% en 2022 (hasta 402.000 millones). Sin embargo, desde la pandemia hay 273.000 funcionarios más (8,4%) frente a los 252.000 trabajadores privados nuevos (1,9%).
Es decir, el empleo público ha crecido cuatro veces más que en las empresas en términos relativos. La diferencia es aún mayor si la comparación se hace con 2007: hay 557.000 empleados públicos más ahora (casi un 19% más) mientras que en el sector privado hay 280.000 asalariados menos (-2%). Y desde el traspaso de competencias a las comunidades autonomías hay 900.000 empleados públicos más, con un incremento del 34%.
En cuanto a las autonomías, el gasto en personal es la partida más importante de sus presupuestos ya que disponen de la transferencia de sanidad y educación con mayor número de efectivos.
Por Administraciones, son las autonomías las que más gastan en términos absolutos en personal (95.587 millones) pero son los ayuntamientos los que más incrementan esta partida en términos relativos (5,1% más), hasta casi 28.000 millones, ante la proximidad electoral. Este coste aumentará también en 2023 ya que es habitual el aumento de las contrataciones por parte de los nuevos gobiernos locales y regionales que surjan tras los comicios. Mientras, el coste del Estado (Administración Central) se acerca también a los 28.000 millones.
La Seguridad Social, la única que reduce su presupuesto en nóminas
La Seguridad Social es la única que reduce (-0,2%) su presupuesto en nóminas hasta los 2.746 millones por la reducción del número de efectivos como consecuencia de su jubilación y también por la menor contratación por el aumento de los procesos y servicios informáticos on line. Sin embargo, este efecto no se advierte en ninguna otra Administración pese al esfuerzo inversor en nuevas tecnologías.
En cuanto a las autonomías, el gasto en personal es la partida más importante de sus presupuestos, ya que disponen de la transferencia de sanidad y educación con mayor número de efectivos. Es, por ejemplo, siete veces superior a la destinada a la inversión pública. En términos absolutos, es Andalucía (16.750 millones) la que más dinero emplea en pagar nóminas. Le siguen Cataluña (15.512 millones), Madrid (10.731 millones) y Comunidad Valenciana (9.279 millones).
En términos relativos, varias comunidades han acelerado este gasto por encima de la media. Así, en el País Vasco sube un 9,4%; en La Rioja, un 8%; y un 5,3% en la Comunidad Valenciana. Madrid (2,7%) y Extremadura (3%) son las comunidades dónde menos crece el coste en nóminas públicas. Y en términos de PIB regional, son Extremadura (12%), Canarias (10%) y Castilla La Mancha (9,5%) las autonomías con mayor porcentaje destinado a este gasto.
