Los consejeros de Patrimonio Nacional exigirán a la presidenta, Ana de la Cueva, ex número dos del Ministerio de Asuntos Económicos, explicaciones sobre la designación de Ignacio Manrique de Lara, marido de Nadia Calviño, como coordinador de estrategia comercial y de márketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, con un contrato de alta dirección.
Según ha podido saber Vozpópuli, en el próximo consejo en enero pedirán explicaciones sobre una contratación que se les ha ocultado y que estaba prácticamente cerrada en el anterior cónclave del Consejo de Administración, en noviembre. En el portal de empleo público de Patrimonio Nacional, se ha ido publicitando el proceso, que se abrió el 21 de septiembre de lo que se denominaba "Convocatoria de proceso selectivo de un puesto de Coordinador/Coordinadora de Estrategia Comercial y de Marketing", que se acompañaba del formulario para concurrir.
Pero la publicidad de esta plaza de "personal laboral fijo" ha brillado por su ausencia si se compara con el resto de procesos de los que se informa, y su siguiente refrendo ha sido la publicación de la resolución de adjudicación del puesto el lunes 5 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, la primera vez en la que el nombre de Manrique de Lara se hace público. No hay información sobre los candidatos ni sobre su puntuación en cada apartado que sí se proporciona en procedimientos análogos.
En este caso, en las bases de la convocatoria se insiste en la "absoluta confidencialidad" que se va a seguir con todos los datos personales y profesionales de los candidatos, salvo en la publicación final del nombre del seleccionado.
Se trata de un nombramiento de un puesto que depende del Consejo de Administración que se ha ocultado al propio órgano, como avanzaba este lunes El Mundo. Ha causado especial malestar y alarma en el Consejo por tratarse del marido de la vicepresidenta primera del Gobierno, de un puesto de alta dirección, con un salario bruto de entrada superior a los 84.000 euros anuales, y por ser De la Cueva, la presidenta de la institución, la ex número dos de Calviño, y convocar el proceso la gerente, Mª Dolores Menéndez Company, ex alto cargo del Ministerio de Asuntos Económicos.
La aprobación de la selección ha correspondido a De la Cueva y se ha encargado el proceso a una comisión presidida por José Antonio Sánchez Quintanilla, director de Administración y Medios del Consejo y alto cargo del Ministerio de Presidencia, y formada por dos altos cargos del Ministerio de Cultura, Mercedes Roldán Sánchez, subdirectora General de Museos Estatales, y Paloma Flórez Plaza, Jefa de desarrollo Estratégico, Comercial y Públicos del Museo Reina Sofía, y un tercero del Ministerio de Trabajo, María Concepción Romero Quintana, subdirectora Adjunta de Oficialía Mayor.
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional está formado por tres miembros natos, De la Cueva, Company y Tomás Suárez-Inclán, secretario y abogado del Estado, y por 13 consejeros, algunos de ellos, perfiles del prestigio de la historiadora Carmen Iglesias y de Gregorio Marañón y Beltrán de Lis; los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Palma de Mallorca, José Francisco Hila Vargas, pasando por Domingo Martínez Palomo, secretario General de la Casa de su Majestad el Rey, y Javier Solana, ex ministro y presidente del Patronato del Museo del Prado.
A estos nombres se suman representantes del mundo académico, el caso de Ana María Arias de Cossío, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, y de Ángeles Hermosilla Álvarez, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Córdoba, y de la empresa, como Francisco Belil Creixell, consejero de Bayer y Siemens y presidente de la Fundación Princesa de Girona.
El resto de consejeros son altos cargos de Ministerios, entre los que hay dos altos funcionarios del Estado, Alberto Herrera Rodríguez, de Presidencia, y Juan Tejedor Carnero, que estuvo en Hacienda, y carreras ligadas al PSOE, el caso de Víctor Francos y Francisco Martín Aguirre.
La adjudicación de este puesto de alta dirección se produce un año antes de la fecha prevista para la convocatoria de las elecciones generales y cuando el trabajo del marido de Calviño había sido cuestionado por ser directivo de una empresa que gestiona fondos UE a pymes. Era director de márketing de Beedigital, una empresa que ejerce de intermediaria entre el Estado y las pymes para la solicitud de fondos europeos y que se ha focalizado en solicitar y tramitar las subvenciones que el Ministerio de Calviño ofrece, precisamente, para la digitalización, el Kit Digital, dotado con más de 3.000 millones de euros de los Next Generation para la digitalización de pymes y autónomos.
'Agencia de colocación'
Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en junio de 2018, se produjo el nombramiento de personas de su confianza y del PSOE como presidentes en empresas públicas, el caso de Correos y su ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, un modus operandi que se ha repetido el pasado agosto en el Hipódromo, con Maritcha Ruiz, exdirectora de Comunicación del PSOE.
Empresas públicas como la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) y Patrimonio Nacional han sido además el refugio de exsecretarias de Estado como Inés Bardón, de Hacienda, y De la Cueva, que dejaron el cargo por motivos personales y a las que desde la Administración se auguraba un futuro en la empresa privada o en cargos de perfil bajo.
En el punto de mira ha estado el marido de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMC, cargo que precede el nombramiento de su mujer, pero como ministra de uno de los Ministerios con una relación más directa con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En septiembre, Bacigalupo pasó a la CNMV.
