El Ministerio de Hacienda prepara el cese de la subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Silvia López Ribas. Esta Subdirección general está señalada desde hace más de cuatro años dentro de la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, por acumular un atasco histórico en consultas vinculantes. La situación ha generado gran inquietud entre las empresas y sus asesores, y ha llegado al conocimiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según ha podido saber Vozpópuli.
A todo ello se añade, desde el verano, el desbordamiento que sufre Tributos, por la producción normativa incesante e improvisada de nuevos impuestos (banca, energéticas y grandes fortunas). Algo que viene impuesto desde fuera y ha generado malestar interno, incrementando los cuellos de botella, con varios Modelos de declaración retrasados, como los de banca, energéticas y criptomonedas.
López Ribas sustituyó en diciembre de 2018 a Begoña García Rozado, la muñidora de las subidas del Impuesto sobre Sociedades que lanzó Cristóbal Montoro en 2016. Dejó Tributos en junio 2017 y fichó por Deloitte, y es ahora la directora de la Asesoría Jurídica de Iberdrola. A Hacienda le costó encontrar reemplazo para esta Subdirección, que estuvo descabezada año y medio, situación que puede repetirse ahora. Al atasco de las consultas sobre Sociedades se espera que se sume las que lleguen por los nuevos impuestos.
La previsión es que López Ribas, inspectora de Hacienda de larga trayectoria y que ha sido directora General de Financiación Territorial en el Ministerio de Hacienda de Pedro Solbes, siga en la Subdirección una vez que se nombre sustituto, por su conocimiento del Pilar 2 y de la tasa global a multinacionales que impulsa la OCDE.
La Dirección General de Tributos (DGT), el equipo de élite de Hacienda que se encarga de la labor legislativa de creación de impuestos y fijación de criterios y doctrina, se encuentra desbordada desde hace unos meses por una producción normativa incesante e improvisada y, sobre todo, que les viene impuesta desde fuera. Así lo trasladan fuentes conocedoras especialmente desde antes del verano, con la irrupción de los nuevos impuestos a banca -que lleva la rúbrica de José Luis Escrivá- y energéticas, y luego el de grandes fortunas, que ha diseñado ERC.
Producción normativa incensante
De esta situación se ha hecho eco el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el XXII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se celebró en octubre en Granada. "Quiero poner en valor el trabajo de la Dirección General de Tributos en momento de tanta incertidumbre. El mérito de trabajar a este ritmo, con tantas prisas, y no provocar una catástrofe en una producción normativa incesante, que tiene que ser compatible con sus tareas habituales de contestación de consultas vinculantes, cuando muchas de estas novedades normativas vienen de fuera".
"Es una carga de trabajo muy elevada", ha insistido el secretario de Estado de Hacienda, que ha detallado que tiene "un impacto desigual en las subdirecciones", y ha reconocido que son "necesarios más medios en la del Impuesto sobre Sociedades y en la de fiscalidad internacional", y ha planteado que "habrá que remediarlo para que no se creen cuellos de botella".
Eso sí, Gascón ha negado que se esté produciendo un "pico de consultas". Asesores consultados por este periódico tienen consultas de Sociedades pendientes de respuesta desde hace cuatro años.
La dirección General de Tributos está adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, que ha asumido el pasado junio Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (AEAT) desde junio de 2018. Gascón, inspector de Hacienda muy respetado en el sector, fue precisamente director de Tributos en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En Tributos son 148 funcionarios que suponen el cuerpo legislador de los impuestos del Estado, frente a la AEAT, que ha de aplicar lo que establecen, y a menudo les toca desarrollar decisiones políticas de difícil encaje técnico. En paralelo desarrollan su labor de respuesta de consultas vinculantes, que son ley para casos similares, y que ofrecen seguridad jurídica a contribuyentes y decisiones empresariales.
Retraso en impuestos y criptomonedas
La proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas fue registrada en el Congreso por el PSOE y Podemos el 28 de julio, un mes después de que se anunciara el impuesto a energéticas y 14 días desde que Pedro Sánchez avanzara el de la banca. El 22 de septiembre Montero anunció el impuesto a grandes fortunas, que se introdujo como enmienda el 10 de noviembre. El 22 de diciembre el Senado aprobaba la proposición, que publicó el BOE el 28 de diciembre.
En medio de este tour de force, Hacienda tenía las nuevas obligaciones sobre criptomonedas pendientes de que se publicara el Reglamento en el BOE, que estuvo en audiencia pública en junio, con los tres nuevos Modelos de declaración que se había anunciado que eran obligados desde el 1 de enero.
Enrique Fernández Dávila, subdirector general de Tributación de Operaciones Financieras en la DGT, trasladó, en una jornada de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) celebrada en Santiago de Compostela en septiembre, que temían no llegar a tiempo con la legislación sobre criptomonedas. A pesar de que se trataba del toque final, en el que en principio se trata de pulir los borradores e incluir las aportaciones que habían planteado empresas, asesores y despachos en el trámite de audiencia pública. Lo que finalmente ha sucedido, como avanzó este periódico el 30 de diciembre, y Hacienda ha retrasado la obligación a 2024.
Choque con el Consejo de Estado
Y es que a la Subdirección General de Tributación de las Operaciones Financieras de Tributos también le toca estar en el diseño de todas las medidas que anuncia Hacienda en los últimos meses. El impuesto a grandes fortunas retrasó la legislación de criptomonedas y el resto sus tareas habituales. En este contexto ha estallado un enfrentamiento con el Consejo de Estado. Hacienda atribuye el retraso en criptomonedas y en el desarrollo del software de doble uso, que lleva más de un año dilatado, a que los textos se encuentran en el máximo órgano consultivo, lo que éste niega.
Sí que ha estado hasta este jueves en el Consejo de Estado el Reglamento con los modelos de declaración de banca y energéticas, lo que ha impedido que el primer pago anticipado del 50% empezara el 1 de febrero como prevé la ley. El proyecto de Orden Ministerial entró el 18 de enero y el Consejo de Estado tenía de plazo hasta el 8 de febrero. Finalmente ha emitido su dictamen este jueves 2 de febrero.
