Puigdemont también exige a Sánchez revocar el Decreto que facilita la fuga de empresas de Cataluña

Vuelve el Decreto de la fuga de empresas. Su derogación es una de las exigencias que ha planteado este martes Carles Puigdemont a Pedro Sánchez para apoyar su investidura y como la del uso del catalán en el Congreso, sitúa al PSOE frente a una iniciativa que había rechazado.

En su discurso en Bruselas, Puigdemont ha reclamado una ley de amnistía y un relator/mediador de la negociación, y también ha planteado reclamaciones económicas. Ha aludido al "ahogo sistemático de la economía catalana", del cual es, a su juicio "ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real-decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y que todavía está vigente; y la aplicación salvaje del artículo 155 de la Constitución para disolver el Parlamento, destituir al Gobierno e intervenir el autogobierno, con graves afectaciones a la actividad económica que acaban pagando todos los ciudadanos de Cataluña".

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el citado Decreto el 6 de octubre de 2017 para facilitar un cambio de sede social que grandes empresas venían preparando, especialmente, CaixaBank ante la fuga de depósitos que sufría, e inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.

Más de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las más de 6.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con pocos retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se han ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.

Este Decreto no afecta a la libertad de empresa pero desde el principio el Gobierno de Quim Torra insistió en que exigía su revocación. En febrero de 2018, el PSOE en la oposición votó con PP y Ciudadanos en contra de una proposición no de ley de PDeCAT en este sentido.

Cuando llegó al poder, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubo voces discordantes. La entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se derogaría, pero fue corregida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que recordó que el Decreto no sólo facilita la salida de las empresas sino también la vuelta y zanjó: "No se va a hacer".

La entonces vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo corroboró y planteó que las empresas tienen libertad para hacer lo que consideren.

No lo veía así la Generalitat. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguraba que estaban estudiando medidas jurídicas contra el Decreto de traslado de sedes sociales de empresas. No concretó qué medidas estaban en estudio. Indicó que supuestamente se habían "violado los derechos de los accionistas" porque fueron excluidos de la decisión.

Un déficit fiscal de 20.000 millones al año

Puigdemont también se ha referido a lo que ha llamado "el incumplimiento de los pactos, significativamente de las inversiones" y ha asegurado que "el Gobierno no ejecuta nunca los Presupuestos para Cataluña".

Asimismo, ha insistido en su reivindicación de que hay un "déficit fiscal de más de 20.000 millones al año", que en agosto desde Waterloo planteaban que debe llevar a una condonación de la deuda de Cataluña y a negociar marcos similares al Cupo Vasco.