Es uno de los impuestos más atractivos para los ayuntamientos por las grandes cifras que mueven. Hablamos del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica que, según el último informe sobre fiscalidad municipal elaborado por la organización de defensa de los conductores AEA, proporcionará este año a las arcas municipales una recaudación en torno a los 4.000 millones de euros. Y es que más de 36.000.000 de propietarios de vehículos (desde un ciclomotor a un camión de gran tonelaje) tendrán que afrontar en breve el pago de este impuesto aunque no los utilicen.

De todas las capitales de provincia, sólo tres han bajado mínimamente el impuesto entre un 1 y un 4% (Córdoba, Teruel y Toledo). El resto mantienen las tarifas del año pasado, teniendo en cuenta que 12 municipios vienen aplicando desde hace años el máximo que permite la ley (Granada, Huelva, Valladolid, Ciudad Real, Barcelona Lleida, Tarragona, Palma, San Sebastián, Vitoria y Ceuta.)

El informe señala que siguen existiendo importantes diferencias de tarifas entre los distintos ayuntamientos españoles, en algunos casos de más de un 365%, lo cual explica el fenómeno de la matriculación de vehículos en verdaderos “paraísos fiscales“ en los que se han convertido muchos municipios españoles con un favorable tratamiento fiscal. Hasta tal punto que siete pequeños ayuntamientos matriculan cerca del 40% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal.

Unas diferencias de tarifas que no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así por ejemplo la tarifa que cobra el municipio de Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.

Un 'imán' para empresas de vehículos

La alta fiscalidad que mantienen algunos ayuntamientos ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan abierto sucursales en municipios con una menor presión fiscal. AEA explica que el origen de este fenómeno de “los paraísos fiscales” hay que buscarlo en la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, ya que esa circunstancia permite a las empresas de renting o alquiler de coches concentrar la matriculación de sus flotas en municipios sin apenas habitantes y con un favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año ingresan millones de euros por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.

Tal es el caso de siete municipios españoles (Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela Moralzarzal, Venturada, Las Rozas de Puerto Real y Brunete, en Madrid, y Rajadell, en Barcelona) –con una población de entre 500 y 14.000 habitantes- en los que se matriculan el 37,5% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 159.811 turismos sobre un total nacional de 425.020 unidades.

Las diez localidades con mayor índice de coches por habitante

En el 'Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil', AEA recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que el número de vehículos de nueva matriculación superan el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a los de EE.UU. o Japón, como es el caso del municipio madrileño de Las Rozas de Puerto Real, con 555 habitantes, en el que el pasado año se matricularon 36 vehículos por habitante, lo que supone más de 30.000 turismos “censados”.

Un impuesto que se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos, y en función de la cilindrada, en el caso de las motos, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco y Navarra. Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA. También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores.