Publicado: 14/01/2020 13:47
El Gobierno ha aprobado este martes, en su primer Consejo de Ministros de la legislatura, la subida del 0,9% de las pensiones públicas para 2020, una medida que entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero, y que supone un importante incremento del gasto para las deficitarias arcas de la Seguridad Social.
El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que la subida se hará en línea con la inflación media prevista para este año, pero ha prometido que en caso de que el IPC medio del año supere ese 0,9%, el Gobierno compensará a los pensionistas con una "paguilla" por la diferencia que se abonará antes de abril de 2021.
De esta forma, el Ejecutivo quiere garantizar que los pensionistas ganan poder adquisitivo un año más, después de que en 2019 se subieran las pensiones un 1,6% (y las mínimas un 3%) y que los pensionistas se beneficiaran de un fuerte incremento de su poder de compra al quedar finalmente la inflación en el 0,77%.
Ese error de cálculo supuso un desembolso adicional de más de 800 millones de euros que no se han recuperado, ya que aunque el Gobierno compensa a los pensionistas cuando estima una inflación inferior, no les pide que devuelvan lo que han recibido de más cuando estima una inflación superior.
Sánchez ha señalado que la subida supone "corregir el techo del 0,25%" que marcaba el Índice de Revalorización de las Pensiones, un mecanismo de revalorización que fue introducido en la reforma de las pensiones del PP de 2013 y que señalaba que mientras la Seguridad Social no pudiera asumir sus gastos sin incurrir en déficit las pensiones sólo subirían un 0,25%.
Acabar "rápido" con el déficit
Ese índice sigue en vigor por ley, de aquí los sindicatos y los propios pensionistas que se manifiestan en la calle sigan pidiendo una derogación definitiva del mismo.
El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, recalcó el lunes durante su toma de posesión que una de las prioridades de su mandato será acabar de "forma rápida y eficaz" con el abultado déficit de la Seguridad Social, que se sitúa en el entorno del -1,5% del PIB (unos 18.000 millones de euros).
Escrivá no ha precisado todavía cómo va a acabar con ese déficit asumiendo la revalorización de las pensiones con el IPC, una medida que fue acordada por todos los partidos políticos antes de la abrupta disolución de la comisión del Pacto de Toledo.
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