El azar hace que coincidan este jueves dos pasos importantes en la batalla fiscal que libran Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Autonomía Financiera, con la que la Comunidad de Madrid quiere blindarse del impuesto a grandes fortunas que precisamente este jueves el Gobierno ha decidido que se registre en el Congreso como enmienda a la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas.
La Ley de Autonomía Financiera pretende preservar la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 de la Constitución. El objetivo de Isabel Díaz Ayuso es poner negro sobre blanco a una evidencia -"la Constitución establece que las comunidades autónomas tienen la competencia de gestión y liquidación de una serie de impuestos"- para "estar armados jurídicamente si el Gobierno quiere cambiar eso".
En ese sentido, las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que la ley de autonomía fiscal es una "herramienta jurídica" de cara a una batalla legal con el Ejecutivo central que el pasado enero, cuando la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pensaba que podría venir de la mano de la reforma fiscal que el Gobierno se había comprometido a hacer con Bruselas. En este contexto, designó a un comité de expertos con el fin de que le dijera que había que armonizar al alza los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones para obligar a Madrid a subirlos.
Y así lo hicieron. Sin embargo, con la guerra de Ucrania estos planes parecían descartados en el corto y medio plazo. Hasta que se desató la fase aguda de la batalla fiscal el pasado septiembre, cuando Andalucía anunció que suprimía Patrimonio.
La Ley que se aprueba este jueves "protege políticas como la reducción del IRPF -ahora deflactación de la tarifa desde 2022- y la eliminación de los impuestos propios", y servirá como "principal argumento" frente al impuesto a grandes fortunas.
Desde el Ejecutivo autonómico comparan esta estrategia con la que ya aplicó Isabel Díaz Ayuso para defender "las competencias en Educación" que quería "saltarse" el Gobierno de Pedro Sánchez con la reforma educativa, conocida como la 'Ley Celaá', con la Ley Maestra de Libertad Educativa, con la que busca blindar la enseñanza concertada y la libertad de elección del centro educativo frente a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).
De esta forma, la Ley de Autonomía Financiera estará aprobada y en vigor antes que el impuesto a grandes fortunas, al que le queda ser validado por el Congreso y el Senado. El Gobierno quiere que entre en vigor en 2022 y que se pague ya en 2023, a partir de abril junto con la Campaña de la Renta y Patrimonio, un año antes de lo que anunció inicialmente.
En paralelo, la Comunidad de Madrid tiene encima de la mesa, como Andalucía, informes con una vía de neutralización fiscal del impuesto a grandes fortunas mediante una deducción en el IRPF autonómico, como avanzó Vozpópuli el 9 de octubre. Además de su anunciado recurso al Tribunal Constitucional.
Un impuesto en una enmienda
Los Grupos Socialista y de Podemos registran este jueves el impuesto a grandes fortunas como una enmienda en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas. El plazo de las enmiendas parciales acababa este jueves y desde Hacienda confirman que no se va a prorrogar y se va a incluir el nuevo impuesto.
Todavía no se ha publicado el texto del impuesto a grandes fortunas, pero sí que se conocen bastantes detalles de un tributo que ya planteó ERC en noviembre de 2020 en una enmienda a los Presupuestos de 2021. Según anunció Hacienda el 29 de septiembre, el impuesto a grandes fortunas sería temporal para 2023 y 2024 -lo que luego se ha reponderado para 2022 y 2023- y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que "esta legislación evitará la doble imposición porque la cuota que se abone en las comunidades será totalmente deducible" respecto al Impuesto de Patrimonio, con lo que en principio se dirige contra la Comunidad de Madrid y Andalucía. El potencial recaudatorio es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados, 23.000, el 0,1%.
En el XXXII congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se ha celebrado en Granada, la directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, ha avanzado que ya preparan inspecciones a grandes fortunas, banca y energéticas por los nuevos impuestos.