El proyecto de Presupuestos de 2023 incluye subidas de la plusvalía municipal de hasta el 50%. El articulado de la norma recoge la actualización de los coeficientes a aplicar sobre el valor de los terrenos a la hora de calcular el impuesto. Se trata de la primera vez que se actualizan cuando el próximo 26 de octubre hará un año que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el impuesto y que Hacienda lo sustituyó a toda prisa por el vigente mediante un Real Decreto-ley que entró en vigor el 10 de noviembre de 2021.
Esta norma establece que los coeficientes se actualizarán cada año, por ejemplo, en la ley de Presupuestos, y en su primera edición, en la de 2023, sorprende que en lugar de hacer lo propio con 2022, año ya casi cerrado, y poner al día de manera lineal el resto de ejercicios cuya situación inmobiliaria ya es inalterable y Hacienda la calculó ya en los primeros coeficientes que contiene la norma, el Fisco incluye ahora cambios notables en algunos años, entre los que destacan una subida de hasta el 50% para inmuebles adquiridos entre 2012 y 2015 según su compraventa se realice en 2022 o en 2023.
En el caso de que se trate de un mismo inmueble comprado en 2013, si se transmite en 2023, como consecuencia de la revisión de los coeficientes, la cuota se incrementa un 25% respecto de lo que resultaría a pagar de transmitirlo en 2022.
Así, por ejemplo, a un inmueble que se compró en 2012-2013 que se vende en 2022, es decir, en un periodo de ocho años, el coeficiente que se le aplica es del 0,10. Si la transacción es en 2023 para otro inmueble comprado en 2013-2014 en un mismo periodo de ocho años, el coeficiente es del 0,15, lo que supone una subida del 50%.
Si se trata del mismo inmueble que se compró en 2012-2013 que se vende en 2022, el coeficiente es del 0,10. Si se vende en 2023, del 0,12, esto es, una subida del 20%. Pero si se compró en 2013-2014 y se vende en 2022, el coeficiente es del 0,12 y si se vende en 2023, del 0,14, lo que implica una subida del 25%.
Un ejemplo de esta subida del 25% sería un inmueble con un valor catastral de 40.000 euros que se adquirió en 2013-2014: si se vende en 2022, la cuota es de 2.240 euros; en 2023, de 2.601 euros, 360 euros más.
También suben las transacciones de menos de un año, de 0,14 a 0,15, y las de un año, que lo hacen de 0,13 a 0,14.
Bajadas
Pero entre las novedades en los coeficientes también hay bajadas, en concreto para inmuebles adquiridos entre hace 14 y 19 años, los años anteriores a la burbuja inmobiliaria y durante la misma, desde rebajas de 0,36 a 0,19 para hace 19 años, a de 0,10 a 0,09 para hace 14 años.
Manuel Esclápez, abogado especialista en Procesal Tributario en PwC Tax & Legal y miembro del Grupo de expertos en Haciendas locales y valoración catastral en la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), muestra su sorpresa con estos cambios en los coeficientes en los Presupuestos de 2023, incluso aunque se suban los años posteriores a la crisis financiera, en los que el mercado cayó, lo que tiene sentido, ya que el impuesto grava la revalorización, pero que cree que ya se había hecho en los coeficientes del Real Decreto-ley.
"Se esperaba un ajuste del coeficiente de 2022 y una subida lineal de los años anteriores. Si Hacienda decide subir algún ejercicio o periodo más que un lineal lógico, debería motivarlo, lo que no hace. No sabemos si es que los coeficientes del Real Decreto-ley se corrigen ahora porque no estaban bien calculados o si esta actualización no va a ser predecible y nos encontraremos con cambios de este tipo en las Cuentas de cada ejercicio", traslada Esclápez.
Estos coeficientes operan como máximos. Los ayuntamientos no están obligados a replicarlos salvo que quieran hacerlo. Las subidas pueden ser por lo tanto un guiño a los consistorios, que reclaman un fondo de compensación por lo que han perdido con la anulación del impuesto y con su nueva configuración.
Esta petición parece la causa de que el Gobierno tenga paralizada la tramitación del Real Decreto-ley que crea la nueva plusvalía como proyecto de ley en el Congreso. Este parón puede traer problemas, ya que PP y Vox han recurrido esta norma al TC precisamente por haberse hecho mediante Real Decreto-ley, con lo que si su recurso es estimado, el impuesto será de nuevo anulado. Por completo si sigue estando soportado por el Real Decreto-ley cuando llegue la sentencia, o por el periodo entre su entrada en vigor el pasado noviembre y hasta que esté ya apoyado por una ley.