Un tribunal inglés niega a España inmunidad en el arbitraje con la aseguradora del Prestige

Nuevo revés para España y Francia en su guerra judicial con The London P&I Club, la aseguradora del Prestige. El Tribunal de Apelación de Londres ha reconfirmado que España y Francia no gozan de inmunidad soberana en los procesos arbitrales abiertos por la aseguradora en los que reclama una compensación por los gastos derivados de los arbitrajes abiertos en Inglaterra. La cuantía es de alrededor de 1.500 millones de euros.

The London P&I Club, que no reconoce el procedimiento judicial celebrado en España, considera que España y Francia se debían haber sometido desde el principio a un proceso arbitral en Londres para depurar responsabilidades. Al no hacerlo, han ‘obligado’ a la aseguradora a incurrir en una serie de gastos que ahora reclaman.

España ha logrado que la sentencia del Tribunal Supremo que fija las indemnizaciones (855 millones en el caso de la aseguradora) sea reconocida por los tribunales británicos, pero todavía no ha logrado su ejecución como tal.

De forma paralela, The London P&I Club ha iniciado una batería de procedimientos arbitrales en Reino Unido en la que reclama al Estado español los citados gastos. Hace un año, los tribunales británicos echaron un jarro de agua fría a España y Francia al denegarles inmunidad soberana en estos procesos, decisión que ha quedado reconfirmada en los últimos días, según consta en la resolución consultada por Vozpópuli fechada el pasado 5 de noviembre.

Es la segunda vez que los tribunales británicos confirman la ausencia de inmunidad de ambos países tras señalar que el procedimiento se basa en una disputa contractual de carácter comercial y no en actos soberanos.

Tras esta decisión, España y Francia deberán someterse a un arbitraje para responder a la reclamación de gastos de los procedimientos arbitrales iniciales. No obstante, el juzgado no ha atendido a todas las peticiones de la aseguradora y le ha señalado que si también quiere reclamar los gastos de los procedimientos judiciales debe dirigirse a las jurisdicciones locales. Es decir, debe iniciar procedimientos específicos en España y Francia, de acuerdo con el Reglamento Bruselas I Bis.

Fuego cruzado en los tribunales

Cabe señalar que este pronunciamiento de la justicia se ciñe exclusivamente a los costes de la batalla judicial y arbitral, no a las reclamaciones en sí derivadas de la catástrofe medioambiental. El Tribunal Supremo condenó a la aseguradora a abonar al Reino de España un total de 855 millones de euros tras el hundimiento del petrolero en Galicia.

Posteriormente, España llevó esta sentencia a los tribunales ingleses, donde tiene su sede la aseguradora, para ejecutarla y cobrar la indemnización. The London P&I Club se escudó en un laudo arbitral dictado en 2013 en Reino Unido que señalaba que el armador, que era insolvente, no había abonado la indemnización con anterioridad y que se habían vulnerado los derechos fundamentales del capitán en el procedimiento que llevó la Audiencia Provincial de A Coruña.

El recurso de la aseguradora fue desestimado en su totalidad y la justicia británica ha declarado que la ejecución puede efectuarse en Reino Unido. El magistrado Butcher, encargado del caso, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para clarificar cómo debe proceder en este asunto, sin haber obtenido todavía respuesta.

España, por tanto, mantiene dos frentes abiertos: uno con respecto a la ejecución de la sentencia del Supremo y otro referido a la reclamación de los costes de la aseguradora.

La catástrofe del Prestige

El petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel, se partió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002, creando una marea negra que contaminó más de 1.700 kilómetros de litoral desde Portugal hasta Francia.

La Audiencia Provincial de A Coruña cuantificó la responsabilidad civil de la catástrofe medioambiental en 2.500 millones de euros y estableció en 855 millones la indemnización a abonar por The London P&I Club. A finales de 2018, el Supremo fijó las compensaciones en más de 1.500 millones.