La inminente devolución de 13.800 millones en préstamos covid asfixia a las empresas turísticas

Alarma en el sector turístico a medida que se acerca el momento de devolver los préstamos facilitados en el año 2020 por el Gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus. El plazo concluye este año y desde FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas) reclaman una moratoria de dos años ante el riesgo de que centenares de empresas de todo tipo y tamaño (grandes y pymes) comiencen a tener dificultades para seguir adelante, al tener que afrontar casi 13.800 millones de euros correspondientes a 137.000 préstamos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Hay que destacar que una gran parte de este montante se dedicó a empresas turísticas, aunque también se incluyeron ayudas al sector del ocio y la cultura. Así, el sector denominado como 'turismo, ocio y cultura' fue el que más partidas recibió.

A pesar que desde FETAVE reconocen el buen comportamiento del turismo tras la pandemia, ponen el acento en que se trata de una situación que puede revertirse de no cumplirse con sus peticiones.

"El afortunadamente excelente ejercicio del sector turístico en 2023, el hecho de una Semana Santa muy buena, incluso sin que el tiempo haya acompañado, y las muy positivas expectativas para la temporada de verano y resto de 2024, no debieran hacer olvidar a los responsables políticos, los empresariales no lo olvidan, que bajo esa brillante fachada se esconden problemas importantes", explica César Gutierrez Calvo, presidente FETAVE, quien añade que "a corto plazo, el primero de ellos, las consecuencias de la pandemia con los déficits y deudas generados en ella que no han desaparecido, ni se han amortizado ni se amortizarán en muchos casos, con los positivos resultados de 2023 y los esperables de 2024".

No morir en la orilla

Desde el sector turístico alertan de la importancia de la moratoria en el pago de las ayudas, pero también en el retraso en el cómputo de las pérdidas, algo establecido como decimos en la Ley de Sociedades de Capital, que marca que si el capital social se reduce en dos tercios, las empresas tienen que aumentar el mismo o, de lo contrario, disolver la sociedad. "La única posibilidad de no destrucción del tejido empresarial tras haber sobrellevado la pandemia para no morir en la orilla es abordar esa problemática a través de una ampliación generalizada de al menos dos años de los plazos de devolución", y subrayan que se trata de extender "hasta el ejercicio de 2026 el no computo de las pérdidas imputables a la COVID a los efectos de la previsión legal sobre reducciones de capital y obligaciones de disolución de la Ley de Sociedades de Capital".

Bruselas tampoco ayuda

El sector turístico también señala las políticas de descarbonización impulsadas desde la Unión Europea (UE) y los impuestos asociados al combustible de los aviones (lo que afecta a empresas como Iberia, Air Europa o Air Nostrum). De aprobarse estas medidas, en el horizonte 2030 se perderían "4,5 millones de turistas internacionales, 169.000 empleos especialmente localizados en las áreas turísticas (Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana) una pérdida de 0,6% del PIB y sus consecuentes efectos sobre la balanza de pagos", advierten.

FETAVE también se refiere a otras posibilidades que están en periodo de valoración, como la prohibición de los vuelos cortos, la de una imposición al billete aéreo, la generalización de tasas turísticas como vía de financiación de las Haciendas Locales, la regulación de horarios en la hostelería y actividades complementarias sin tener en cuenta sus particularidades, así como la normativa de las zonas de bajas emisiones en los centros turísticos a espaldas del sector.

También hace referencia a regulaciones que consideran "innecesarias" para algunas actividades, como entre otras las agencias de viajes por interior. Aunque pueden tener buenas intenciones, destacan "corren el riesgo de menoscabar la competitividad y la reputación del turismo español. Es esencial, encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y social y la viabilidad económica y ello pasa por dialogo y consensos".