Reducir a 12 años el periodo de cotización para cobrar una pensión costaría 10.000 millones

El Gobierno no tiene la más mínima prisa en presentar a la Comisión Europea las líneas maestras de la reforma de las pensiones, aunque esté en juego la concesión de la cuarta entrega de fondos Next Generation. Vencido el plazo del 31 de diciembre que inicialmente fue el fijado por Europa para comprobar si el sistema público de pensiones español podía resistir la vinculación de las subidas al aumento del Índice de Precios de Consumo y el envejecimiento de la población, el ministro Escrivá quiere llevar el documento final con las bendiciones de los agentes sociales.

No parece que a ninguna de las partes le urja cerrar las negociaciones, aunque en juego estén 10.000 millones de euros en fondos nuevos. Lo que se discute es cuál va a ser la correlación entre el aumento del tope de cotización máximo y en qué porcentaje se trasladará también a la pensión máxima, Además, si el periodo de cómputo a tener en cuenta para fijar el montante de la pensión pasa de 25 a 30 años.

Mientras se discuten los términos de la reforma, surgen nuevas ideas para poner sobre la mesa de negociación. Las últimas vienen desde las centrales sindicales. Sus máximos representantes han dejado entrever que el incremento del periodo de cómputo y el destope de las cotizaciones tienen que ir acompañados de alguna concesión como, por ejemplo, que el periodo mínimo de cotización que permite el cobro de una pensión, aunque sea la más baja, se reduzca de 15 a 12 años para UGT y a 10 para CC OO. Estas pensiones necesitarán un complemento porque, salvo en casos excepcionales, no llegaría al importe mínimo fijado para este año en 780 euros mensuales.

Lo curioso de estas dos últimas propuestas es que van en sentido contrario a cuantas reformas se han llevado a cabo en el sistema público de pensiones español, que tienen como objetivo asegurar su viabilidad futura, que lleva puesto en tela de juicio más de una década. Ha bastado que las pensiones vayan a subir un 8,5% en 2023 para que todas las alarmas hayan saltado en Europa.

Altas y bajas anuales

Sobre la base de los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre, cada año entran en calidad de altas iniciales en el sistema público alrededor de 310.000 nuevas pensiones de jubilación exclusivamente y se producen una media de 286.556 bajas definitivas. Son cifras medias de los últimos cinco años, aunque en 2022 se habrán producido alrededor de 319.000 altas de jubilación y 302.000 bajas, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Si se tienen en cuenta todas las pensiones contributivas que se pueden cobrar en España (las de jubilación, más las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares), cada año (entre 2018 y 2022) se suman al sistema una media de 570.800 altas y salen de él alrededor de 482.000. El pasado año, las altas se situaron en 593.600 pensiones y las bajas, en 518.000.

Si saliera adelante la propuesta de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, de que se pueda cobrar una pensión de jubilación, aunque sea mínima con solo 12 años de cotización, se irían sumando al sistema cada año alrededor de 319.000 personas, lo que en tres años supondría la incorporación de cerca de un millón de nuevos pensionistas a la nómina.

Teniendo en cuenta que la pensión mínima en España está fijada para el año en curso en 10.963 euros brutos anuales por catorce pagas cuando el perceptor no tiene cónyuge y en 13.527 euros cuando lo tiene, la petición de UGT tendría un coste adicional en el tercer año de su vigencia de más de 10.500 millones de euros anuales.

Si la que saliera finalmente adelante es la propuesta del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, el coste a partir del quinto año sería de 17.500 millones de euros, teniendo en cuenta las cantidades que se cobrarán en 2023. Se añadirían al sistema público a partir del quinto año de vigencia cerca de 1,6 millones de nuevos perceptores.

Primera reforma de calado

Es casualidad que la primera reforma de calado del sistema de pensiones español fuera la de aumentar el periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social de 10 a 15 años. Fue en el año 1985, hace casi cuarenta años, con Felipe González en la presidencia del Gobierno y Joaquín Almunia en el Ministerio de Trabajo. La medida, que iba acompañada también de un incremento del número de años utilizados para el cómputo de la base reguladora de las pensiones de dos a ocho, le costó al Gobierno una huelga general el 20 de junio, convocada por CC OO y su secretario general, Marcelino Camacho, a la no se sumó UGT.

Según un reciente informe del Banco de España, el sistema de pensiones español es el tercero más generoso de Europa en relación con el salario medio, por detrás de Grecia e Italia. Asimismo, es el séptimo más elevado en relación con el PIB (el 12,75%, con datos de 2019).

El banco central español lleva años alertando del riesgo que corre el sistema público de pensiones por el envejecimiento de la población, la llegada al sistema, en calidad de perceptores, de la generación del “baby boom” y, últimamente, de la vinculación de las subidas de las pensiones al incremento anual del IPC, que va a suponer este año una revalorización del 8,5%.

Hace ya unos años, el Banco de España decía que “una medida con efectos reductores sobre el número de beneficiarios del sistema consiste en incrementar el número de años necesarios para poder obtener una pensión de jubilación contributiva, actualmente 15 años”. Era una de las seis reformas que se proponían por el lado del gasto, junto con otras tres por el lado de los ingresos, más difíciles de sacar adelante, porque afectan al mercado laboral.

El actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, mostraba en un informe del año 2000, cuando trabajaba en el Servicio de Estudios, que un incremento del número de años para tener una pensión de 15 a 20 años tendría un impacto de un punto porcentual del PIB de ahorro del gasto público en el año 2050, similar al incremento del número de años de cotización. Las actuales propuestas de UGT y CC OO van por el sentido contrario.