España lleva trabajando muchos meses en la enésima reforma del sistema público de pensiones. La Comisión Europea ha vinculado la concesión de un nuevo desembolso de fondos anticrisis comunitarios a la firma de unas nuevas exigencias que garanticen su viabilidad económica. La vinculación de las futuras revalorizaciones al aumento del Índice de Precios de Consumo no ha hecho más añadir dudas sobre su sostenibilidad futura, a pesar, incluso, del récord de ingresos en concepto de cotizaciones sociales en 2022.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lleva anunciando la inminencia de un acuerdo con los agentes sociales desde comienzos de año. Pero las posiciones siguen distanciadas. Europa quiere que se retrase la entrada en el sistema aún más; el Gobierno español, que se amplíe el cómputo de los años para fijar la percepción final a toda la vida laboral; y los sindicatos piden, como contrapartida, que el acceso a una pensión mínima se pueda hacer con 10 o 12 años de cotización y no con los quince actuales.
La primera nómina de las pensiones contributivas de 2023, la de enero, ha ascendido a 11.902 millones de euros, 959 millones más que la del mes de diciembre tras su indexación a los precios del año anterior. Para el año en curso, están presupuestados más de 190.000 millones de euros incluyendo las pensiones contributivas (166.777 millones), las no contributivas y las de las clases pasivas. Por si faltaran dudas, el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística sobre el número de nacimientos en 2022 arroja más sombras que luces: 329.812 nacimientos, la cifra más baja en los 81 años del INE.
El sistema público de pensiones de España se enfrenta a los problemas de una sociedad que envejece a pasos agigantados con solo comprobar los datos que ofrece el INE. Con las últimas cifras sobre demografía publicadas, el envejecimiento de la población es una realidad desde hace ya muchos años. En 2022, había en el censo poblacional 31 personas mayores de 65 años por cada cien personas en edad de trabajar, es decir entre 16 y 64 años. Hace diez años, en 2012, se contabilizaban 26 mayores de 65 años.
Lo más llamativo de este dato, que refleja la presión que sufre el sistema de pensiones al tener que atender cada año a cerca de 100.000 personas más, es que en los últimos cuarenta años se ha producido un giro radical en la tendencia. En 1980, por ejemplo, la población mayor de 65 años representaba el 18,2% de la que tenía entre 16 y 64 años: 4,177 millones, frente a 22,90 millones.
Pero hay otro dato especialmente significativo: el número de personas que tenían como máximo 15 años cumplidos más que duplicaba el de mayores de 65 años: 10,4 millones frente a 4,177 millones. El pasado año, se contabilizaron 7,1 millones de jóvenes frente a 9,6 millones de personas mayores de 65 años. Y es que desde el año 2001 hay más personas mayores de 65 años que jóvenes, según los censos del Instituto Nacional de Estadística.
Tasa de dependencia
Uno de los índices más utilizados en el mundo en materia demográfica es la tasa de dependencia, que el Instituto Nacional de Estadística define como el cociente entre la suma de la población menor de 16 años y la población de 65 años y más, entre la de 16-64 años, expresado en tanto por ciento. Cuanto más elevado sea el resultado, mayor será la carga que tiene que soportar la población en edad de trabajar y más difícil será para los pensionistas recibir todos los meses una renta que les permita vivir con dignidad.
Pero no todas las personas que están en edad de trabajar están ocupados. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2022, de los 40,13 millones de personas de 16 años y más, se consideraban activos 23,488 millones, el 58,52%. De esta última cifra, 20,464 millones estaban en ese momento, diciembre de 2022, ocupados, y poco más de tres millones, parados. Según esta encuesta, hay 2,12 personas trabajando por cada mayor de 65 años. Una proporción que año tras año se va reduciendo.
El pasado año, la tasa de dependencia de España era del 54,14%. Es decir, por cada cien personas en edad de trabajar había 54 personas que, o estaban estudiando y no percibían ingresos, o estos dependían de una pensión pública. Hace veinte años, en 2002, la cifra era de 48 personas. En 1990, la tasa era idéntica a la actual (54,33%), pero con un matiz importante: de los 13,68 millones de personas dependientes, el 61,5% correspondía a la población de entre 0 y 16 años y el 38,5% a mayores de 65 años. En 2022 se invierten los porcentajes: el 57,5% son mayores de 65 años y el 42,5%, jóvenes.
