Juego de tronos... y nóminas: los partidos se juegan 5.000 sueldos públicos de 65.000 a 250.000 euros

Además del uso del Falcón y del Palacio de La Moncloa, las publicaciones del BOE, la gestión de unos Presupuestos Generales del Estado de casi 400.000 millones de euros, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo -y los demás partidos políticos- se disputan este 23-J más de 131 millones de financiación pública (incluida la de las Cortes); y lo que es más importante, el nombramiento directo e indirecto de más de 5.000 cargos y directivos de primera y segunda fila en los 234 entes que configuran la Administración Central y sus organismos, así como de las instituciones y las 237 empresas y fundaciones existentes.

En un país en que ocho de cada diez demandantes de empleo buscan trabajo o una mejora de las condiciones salariales a través del ‘enchufe’, los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación. De quien gobierne dependen sustanciosas remuneraciones que van desde los 65.000 a los 250.000 euros anuales, con una garantía de cobro, si no se producen ceses, de al menos cuatro años; y de una posterior indemnización en el caso de los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y presidentes y consejeros de las instituciones.

El PSOE, y también Unidas Podemos (que se ha subido al carro de la candidatura de Sumar), se juega en estas elecciones mantener el ‘estatus’ de todos estos nombramientos. Pero si el próximo inquilino de La Moncloa es el PP, se producirá un nuevo baile de ceses, así como la estampida de quienes no procedían de la Administración. Incluso, puede darse la situación de que algunos pasen a engrosar las filas del paro.

Los altos funcionarios utilizados por los partidos podrán retomar sus antiguos desempeños, pero con un sueldo inferior y posiblemente, como ya ha sucedido en anteriores cambios de Gobierno, se les relegará a un despacho sin acceso a papeles de alta sensibilidad política que pudieran trasladar al grupo que les nombró. Es lo que ocurre cuando se produce una alternancia de poder por la excesiva politización de la Administración. Por ejemplo, Sánchez se ha ‘pulido’ en su mandato al 88% de los altos cargos que heredó de Mariano Rajoy y sólo ha mantenido a quienes no podía cesar porque tenían un mandato superior a la legislatura (Banco de España, CNMV o CNMC) o a quienes tenían un cargo excesivamente técnico y de bajo perfil político. 

El conflicto laboral y salarial es importante según quien gane o pierda el poder. Como ha sucedido en otras ocasiones, si el PSOE (y Podemos) no renueva su mandado en el Gobierno, intentará recolocar a muchos de estos nombramientos. El problema que tiene ahora este partido es que la posibilidad es menor al perder las elecciones autonómicas y locales porque no hay puestos posibles en estas Administraciones. De esta forma, el personal de confianza saliente podría ser reubicado en las sedes del partido. Pero, probablemente, no quede sitio, salvo que se proceda a realizar despidos (tanto el PSOE como el PP ya han hecho en otros años ERES encubiertos).

Subvenciones en juego

Además, del número de votos y de escaños obtenidos depende también la financiación y la subvención a los partidos para mantener su situación económica. Por cada escaño en el Congreso y el Senado, los partidos se llevan 21.167,64 euros; más 0,81 euros por cada voto en el Congreso, siempre que uno de los miembros de la candidatura haya obtenido escaño (la subvención en el Senado es de 0,32 euros); más 0,23 euros por elector para gastos originados del envío de sobres y papeles o propaganda y publicidad electoral siempre que la candidatura obtenga representantes suficientes para formar un grupo parlamentario. Es decir, si un partido no consigue sus objetivos políticos, difícilmente podrá mantener su situación laboral porque dispondrá de menores subvenciones. 

La lista de recolocados y posibles afectados si se produce un cambio político es importante y más si el Gobierno que sale tiene inflación de cargos y ha abusado del nombramiento de personal de confianza ajeno a la Administración. Además de 22 ministros y casi una treintena de secretarios de Estado, hay que sumar en esta primera línea de la Administración a los correspondientes subsecretarios, secretarios generales, secretarios técnicos, directores generales, embajadores, delegados del Gobierno, presidentes de organismos autónomos, presidentes y consejeros de las distintas instituciones; entre ellas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, CGPJ, Tribunal Supremo, CNMC, CNMV, Banco de España o CSN, y hasta presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, de los consorcios, zonas francas o comisionados.

La factura de los altos cargos

Según la información presupuestaria, hay previstos 569 altos cargos para 2023 (con un coste inicial de casi 110 millones, incluidas las cotizaciones del empleador), pero ya en los datos de Hacienda de 2022 esa cifra era de al menos 762. A ellos que hay que añadir los 350 diputados y los 265 senadores (ahora se eligen a 188, ya que el resto lo nombran las comunidades autónomas recolocando a sus compromisos políticos).  La cifra no para aquí, hay que sumar también los 1.263 asesores previstos para este año en los ministerios (con una masa salarial de 87 millones), más los casi 470 de los partidos en las Cortes (con un gasto total de casi 22 millones), que cobran de los Presupuestos Generales y no de la subvención de los grupos, y de instituciones como el Tribunal Constitucional.

Hay que incluir además a los presidentes, consejeros y directivos de las empresas públicas y fundaciones. Por ejemplo, estas sociedades públicas cuentan con más de 550 altos cargos, muchos de ellos sin curriculum empresarial, pero sí político, sin incluir al ingente ejército de asesores o técnicos con que cuentan. Y falta por computar en este caso a los componentes de todos los equipos, es decir, a las segundas filas (por ejemplo, subdirectores generales o subdelegados del Gobierno), que también están considerados como personal de confianza y que sufrirán el baile de cargos y de puestos si se produce el cambio político.

Reparto de sueldos y puestos

La nueva tarta de sueldos y puestos para repartir en caso de alternancia política es muy golosa, sobre todo en las empresas y también en los entes. Por ejemplo, la presidenta actual de la SEPI, María Belén Gualda, tuvo en 2022, según el Portal de Transparencia del Gobierno, un sueldo de 238.000 euros (en 2023 se acercará a los 250.000), mientras que el del vicepresidente (Bartolomé Lora) llegó a 232.000 euros. Por su parte, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, Técnico de Informática y licenciado en Derecho, que fue jefe de gabinete de Sánchez y de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, tiene una nómina de 209.000 euros.

El presidente de CESCE llega también a 232.000 euros; el de Loterías supera los 223.000; la presidenta de RTVE alcanza los 216.000; el de Tragsa supera los 214.000; el de Paradores se aproxima a los 195.000; idéntica cantidad percibe el consejero delegado de la sociedad de Defensa Isdefe o el presidente de Enausa. Mientras, la presidenta del Congreso se acerca a los 210.000 euros y los embajadores oscilan entre 120.000 y en algunos casos hasta más de 250.000 euros.

Todo ellos superan con creces el sueldo de 90.000 euros de Sánchez en 2023 (no incluye, por ejemplo, el ‘gratis total’ de la estancia en La Moncloa); de las vicepresidentas (84.600 euros) o de los ministros (79.400 euros). En las instituciones, sin incluir los trienios por antigüedad, hay salarios relevantes como el del presidente de Tribunal Constitucional (167.000 euros), del Tribunal Supremo (151.000) o el Fiscal General del Estado (132.000).

A esos 130.000 euros llegan muchos secretarios de Estado y por encima de los 100.000 hay un gran número de cargos, por ejemplo, en Hacienda (el ministerio con mejores sueldos), entre ellos figuran el director general de Parque Móvil, la directora de Muface o la directora del INAP. 

Apoyo a los sindicatos

Si se produce el cambio político, el baile de cargos puede salpicar además a organizaciones que dependen de la financiación pública, y también a algunas empresas privadas de ‘alta sensibilidad’ política. Entre los primeros están los sindicatos, cuya asignación principal (entre otras) ha incrementado Sánchez y Yolanda Díaz hasta los 17 millones, casi el doble de la que recibían con Rajoy.

Y entre las segundas, es evidente que siempre que se ha producido un giro político, las empresas más dependientes del BOE y también de los procesos liberalizadores han registrado alguna pequeña convulsión, sobre todo en la composición de sus consejos de administración, con la incorporación de personas próximas a los partidos que gobiernan. Se han convertido en muchos casos en ‘las puertas giratorias’ de empleo y nóminas de los representantes más destacados de los partidos políticos.