La pandemia reduce las afiliaciones a los partidos políticos mientras sube la de los sindicatos

La crisis sanitaria y económica ha reducido aún más la confianza de los españoles en los partidos políticos, mientras que curiosamente ha aumentado la relativa a las organizaciones sindicales. Según los datos de la Agencia Tributaria de la declaración del IRPF de 2020 (realizada en 2021), que acaban de hacerse públicos, solo 240.212 contribuyentes se aplicaron la deducción correspondiente a “cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales” frente a los 248.857 del ejercicio anterior. Es decir, los partidos perdieron un 3,5% de cotizantes (casi 9.000) en el primer año de la pandemia. En todo caso, esta cifra en sensiblemente inferior a la estadística de afiliados que facilitan los partidos de ámbito nacional, y también los de ámbito regional, que supera con creces la barrera de los 1,5 millones, ya que para engordar su número mezclan, por un lado, a afiliados en situación de alta y baja en el mismo año, y, por otro, a los militantes que pagan sus cuotas suman una amalgama de simpatizantes que no realizan contribución económica alguna. Por tanto, a Hacienda no le sale que los partidos tengan ni una sexta parte de los afiliados que manifiestan.

Lo más significativo es, sin embargo, que esos casi 240.000 militantes reales, que representan el 0,6% de los electores mayores de 18 años (la cifra histórica baja) y el 1,1% del total de los contribuyentes, hicieron en 2020 menos aportaciones, ya que el importe de las cuotas de las declaraciones de la renta se situaron en 4,6 millones frente a los 5,2 millones del año anterior. Por tanto, mientras cae un 3,5% el número de afiliados, el importe deducido es un 11,1% inferior. Lo que significa que se ha practicado una deducción media de 19 euros por militante frente a los 21 euros del año precedente. Es posible que haya unos pocos afiliados más de quienes no efectúen la declaración porque no obtienen los ingresos mínimos para ello o que no se han enterado de que tienen derecho a una deducción fiscal. Pero, precisamente por sus bajos rendimientos, parece una contradicción que hagan aportaciones en esta situación de debilidad económica. Los partidos están obligados a presentar anualmente el Modelo 182 de declaración con todos estos datos económicos, pero es el secreto mejor guardado de las organizaciones e incluso de la Agencia Tributaria.

En todo caso, se trata de la estadística de afiliación de los partidos más baja desde 2017, cuando se produjo un rebote del 18,6% (del 10% en el importe de las aportaciones) al consolidarse el crecimiento del empleo y del PIB. En 2018 se produjo un segundo repunte del 18,9% (del 11% en las aportaciones) por la irrupción de Sánchez en el Gobierno con el apoyo de Podemos. Aunque en menor medida, este aumento prosiguió en 2019. La afiliación creció un 1,7% en ese año (hasta 248.857 afiliados) y un 9,5% aumentaron las cuotas deducidas (hasta ese récord de 5,2 millones). Sin embargo, la crisis de la pandemia ha reducido el interés de los ciudadanos por estar afiliados a un grupo político. Las aportaciones a los partidos han tenido modificaciones fiscales en los últimos años. Las contribuciones se deducían hasta 2015 de la Base Imponible y el sistema favorecía a las rentas más elevadas que, al tener unos tipos marginales más elevados (el límite era de 600 euros), conseguían reducciones importantes. A partir de 2016, la deducción se considera un donativo y se practica sobre la cuota. Es del 20% con un límite de 600 euros. Es decir, la deducción neta en cuota puede alcanzar como máximo los 120 euros.

Es evidente que los partidos no se financian con sus afiliados, sino con los ingresos públicos, que obtienen por las subvenciones directas y por sus resultados electorales, así como por otro tipo de donaciones y de contribuciones de sus cargos públicos. En todo caso, que desaparezcan cotizantes en plena pandemia dice mucho de la confianza de los ciudadanos en estas organizaciones durante las crisis, a pesar de que las cuotas a abonar apenas se han movido en los últimos años. El PSOE tiene una cuota mínima de 36 euros al año; la tarifa básica del PP es de 20 euros; en Podemos no existe distribución entre afiliados, contribuyentes y no participantes, solo constan los inscritos, para ello la organización cuenta con un sistema tipo crowdfunding donde cada contribuyente realiza una donación al proyecto político; la aportación en IU es de 60 euros; la de Vox alcanza los 108 euros aunque también existe una cuota contributiva de 300 euros; y la de Ciudadanos se sitúa en los 120 euros también anuales. Todos ellos mantienen cuotas reducidas para parados, jubilados y estudiantes.

Es evidente que los partidos no se financian con sus afiliados, sino con los ingresos públicos, que obtienen por las subvenciones directas y por sus resultados electorales, así como por otro tipo de donaciones y de contribuciones de sus cargos públicos

En cuanto al número de afiliados, los partidos no facilitan datos actualizados ni detalle alguno. En todo caso: el PSOE dice tener más 200.000 militantes que contribuyen activamente; el PP los eleva a unos 850.000 entre militantes (cotizantes) y simpatizantes no contributivos, aunque en las cuentas anuales de 2020 solo figuran 778.000; Podemos (y partidos de su cuerda) podría disponer de unos 40.000 registrados que aportan donaciones contributivas de sus más de 450.000 afiliados; Vox menciona que supera los 60.000; y Ciudadanos tiene menos de 5.000 cotizantes de los 20.000 afiliados escasos que le podrían quedar.

Crece la afilicación a los sindicatos

Por otro lado, los sindicatos, la negociación y tramitación de los ERTES durante la crisis sanitaria y económica, que ha evitado una generalización de despidos, les ha otorgado un mayor número de afiliados. Según los datos de la Agencia Tributaria, 1.967.498 contribuyentes (8,7% de la población activa española y 9,1% del total de declarantes por IRPF) se dedujeron cuotas satisfechas a estas organizaciones en la declaración de 2020 (realizada en 2021) frente a 1.900.364 del año anterior. Mientras, las aportaciones, que se practican sobre la base imponible como un gasto deducible de los rendimientos de trabajo (la reducción real va del 20% al 35% de las cantidades aportadas), sumaron 271,3 millones de euros frente a los 267 millones del ejercicio anterior. Es decir, el número de afiliados ha crecido un 3,5% (67.000 más) mientras que el importe de las cuotas sindicatos solo ha aumentado un 1,5% (en 4,3 millones de euros más). Lo que significa que los nuevos afiliados que llegan apenas aumentan los ingresos. La financiación de los sindicatos (de clase, no de clase e incluso corporativos) también cuenta con importantes ayudas públicas. En concreto, en 2020 percibieron casi 9 millones “en función de su representatividad y para la realización de actividades de carácter sindical”, cifra que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevó en 2021 a casi 14 millones y que en 2022 ha vuelto a incrementar hasta los 17 millones.

La afiliación a los sindicatos ha aumentado en los grupos de contribuyentes con menores ingresos. Por ejemplo, el alza ha sido del 26,1% entre quienes presentaron una declaración con rendimientos negativos o cero, y ha crecido un 10,5% entre quienes figuran con ingresos entre 1.500 eros hasta 12.000. Aunque es meramente testimonial, es llamativo el aumento del 23,4% de afiliados en contribuyentes con ingresos superiores a 600.000 euros anuales. Es decir, si en 2019, el año previo a la pandemia, solo 64 contribuyentes en este rango de ingresos se deducían sus aportaciones a los sindicatos, en 2020 hay 79. En todo caso, en contra de lo que cabría pensar, el caladero de afiliación de las centrales sindicales no está en las rentas bajas, sino en las medidas. Nada menos que el 37,2% de los contribuyentes que se han deducido las cuotas están en el tramo de renta entre 30.000 y 60.000 euros anuales. Y otro 25% están entre quienes declaran ingresos entre 21.000 y 30.000 euros. Lo que significa que casi dos tercios de los afiliados sindicales tienen ingresos de entre 21.000 y 60.000 euros, es decir, la verdadera clase media.

Las aportaciones, el grueso (casi un 39%) se encuentra en ese tramo de declarantes con rendimientos entre 30.000 y 60.000 euros y del 25% entre quienes figuran con 21.000 y 30.000 euros. En todo caso, las cifras de la Agencia Tributaria de afiliación de las centrales también equidistan bastante de las que ofrecen los sindicatos, aunque son menos exageradas que las que ofrecen los partidos políticos. UGT mantiene aún en su página web las cifras de 2018 (941.485) mientras que CCOO señala casi 935.000. Por su parte, CSIF puede tener unos 200.000 y USO poco más de 120.000. En cuanto a las cuotas, tampoco se han movido mucho por la crisis. UGT tiene una cuota básica mensual de 13,50 euros, que se reduce según los ingresos; CCOO mantiene una cuota ordinaria de 14,50 euros mensuales a partir de 24.000 euros de ingresos y una reducida de 13,10 euros inferiores, así como una voluntaria de militante de 17,40 euros; y, por ejemplo, CSIF cuenta con una cuota de 10,50 euros. Todas las centrales tienen también descuentos para jubilados, desempleados y estudiantes.