Las oficinas rusas de Big Four y grandes bufetes seguirán operando con otro nombre

El mercado legal y de servicios profesionales de firmas internacionales en Rusia emplea a cerca de 20.000 profesionales que se han visto en estos días inmersos en una catarata de anuncios de abandonos y cierres de la actividad y salidas del país por parte de algunas firmas. Su asesoramiento a empresas rusas o con intereses en Rusia ha quedado en entredicho entre dos fuegos: las sanciones de la Unión Europea, Reino Unido y EEUU, por una parte, y las sanciones de Rusia por la otra.

En medio de este batalla de sanciones se sitúan los contratos, clientes, proveedores, pleitos, planes de negocio, estrategias legales y auditorías que vienen desarrollando y que no pueden cancelarse de la noche a la mañana y en la gran mayoría de casos no se quiere que así sea. De esta forma, las oficinas en Rusia de las auditoras y despachos que han anunciado que dejan de operar en el país siguen funcionando con otro nombre, tras una separación de actividades de la firma madre, según trasladan fuentes conocedoras.

Es el caso de las Big Four y de otras auditoras y de algunos despachos de abogados. De momento, las cuatro grandes auditoras han anunciado en los últimos días que dejan de operar en el mercado ruso, con casi 16.000 empleos afectados. En el caso de Deloitte y KPMG, en Rusia y Bielorrusia. Dependiendo de la estructura jurídica de cada una, lo que se produce es un proceso de reestructuración, separación o disgregación de las firmas rusas (y bielorrusas), que trabajará a partir de ahora de forma independiente. En el caso de PwC Rusia, abandona la red.

Las relaciones de estas oficinas con las marcas internacionales se mantienen muy cercanas o en un formato de best friend (relación de proximidad) en muchos casos.

"Esto no es algo que tomemos a la ligera. Es algo que nos rompe el corazón, ya que tenemos más de 4.700 profesionales en Rusia, que han formado parte de nuestra red global durante más de 30 años y han trabajado codo con codo con nuestros colegas globales, de Europa del Este y de Ucrania", ha afirmado el presidente Global y consejero delegado de EY, Carmine Di Sibio.

"Mientras travesamos este cambio, trabajaremos para apoyar a esos colegas, así como a nuestros clientes en el cumplimiento de nuestras obligaciones y compromisos legales", ha añadido. "Apoyaremos a todos los colegas afectados durante esta transición y haremos lo que podamos por ayudarles", ha dicho el CEO global de Deloitte, Punit Renjen.

A esto han añadido algunos comunicados que la firma global no prestará servicios a ningún cliente del Gobierno ruso, empresas estatales o entidades y personas sancionadas en ningún lugar del mundo, como EY.

En el caso de los bufetes de abogados, su reacción es de momento menos taxativa. Siguen en Rusia la gran mayoría de firmas británicas y estadounidenses. Es el caso de Clifford Chance, Fleshfields, Allen & Overy, Herbert Smith Freehills, Baker McKenzie, Hogan Lovells, Slaughter and May, Mishcon de Reya, Eversheds Sutherland o White & Case.

Sólo Linklaters ha anunciado que deja de operar en Rusia, en términos similares a las Big Four. CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang ha dicho que tiene bajo un escrutinio "crítico" su oficina. La mayoría de estos despachos sí han anunciado que están revisando sus clientes. Muchos de ellos han declarado que dejan de asesorar a determinados clientes e intereses cercanos al Gobierno ruso.

Efecto contagio

La sucesión de comunicados sobre fin de operaciones en Rusia se ha producido en los últimos días como efecto dominó ante la sucesión de sanciones multilaterales que se vienen imponiendo y cuyo ritmo es creciente y se percibe como tal. "Se produce un efecto contagio de acciones preventivas para blindarse ante lo que pueda pasar y antes de que puedan llegar las sanciones", explica José María Viñals, socio de Squire Patton Boggs especialista en sanciones. Ante la complejidad del escenario, algunos prefieren tomar la iniciativa y desligar operativas.

En este sentido se pronuncia Javier Coronado, abogado en Miami de Díaz Reus, firma especializada en litigios internacionales, que explica que «las sanciones no funcionan igual que las jurisdicciones, las sanciones económicas, por cómo están diseñadas, le pueden impactar a cualquier empresa del mundo. Tienen un efecto cascada". En el caso de las de EEUU, que se suman a las británicas, europeas, pero también de Japón, Canadá y Australia, son las más estrictas y se siguen incrementando.

EEUU está cerca de aplicar las llamadas secondary sanctions, en las que ya no se trata de estar en la lista o de operar en dólares en relación con alguna entidad o persona de la lista sino de tener relación con cualquier interés ruso. Los senadores John Cornyn, Maggie Hassan, Bill Hagerty y Angus King lideran una iniciativa en este sentido, que vetaría cualquier transacción con oro ruso.

Las sanciones de Reino Unido también se están moviendo en una línea parecida, con la prohibición de que atraque en los puertos británicos cualquier embarcación con relación con Rusia. O la advertencia que han lanzado a despachos, auditoras y servicios de representación que trabajen para sancionados rusos, cuando los servicios legales suelen estar exentos de las sanciones.

También se ha sucedido los anuncios de parada de actividad y cierre de tiendas en Rusia, primero de Mango, H&M o Tendam, a los que se ha sumado Inditex. Se trata de una parón de la actividad de momento temporal.