De todas frases que componen el acuerdo entre PSOE y Junts, hay una que genera zozobra en la Torres Negras de La Caixa: "Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". La vuelta de la Fundación La Caixa y Criteria (afincadas en Palma) y de CaixaBank (domiciliada en Valencia) son el principal objetivo de ese "plan". Ahora toca perfilar los "elementos esenciales" para intentar atraerlas de manera voluntaria o, si es necesario, 'forzosa'.
En los cuarteles generales de La Caixa, en el 621 de la Diagonal, son conscientes desde el jueves de lo que se avecina: una legislatura peliaguda que pondrá a la entidad de nuevo en el punto de mira. El retorno de su sede social es la pieza más cotizada por varios motivos. La Caixa es la segunda institución más importante de Cataluña, por debajo de la Generalitat y por encima del Barça. Y su regreso a Barcelona tendría un claro efecto arrastre para las más de 4.000 empresas que huyeron tras el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Si La Caixa vuelve a casa, muchas otras pueden ir detrás.
Junts y ERC se juegan su prestigio ante la parroquia independentista. El triunfo arrasador ante Pedro Sánchez -amnistía, condonación de la deuda, cupo 'a la vasca' o la cesión total de impuestos- quedaría incompleto si quienes invierten y generan riqueza deciden mantener sus sedes lejos del suelo catalán. Sería un síntoma evidente de desconfianza en el escenario político.
Esta posibilidad sacaría también los colores a los lobbies empresariales que han defendido en las últimas semanas la amnistía. El Cercle d'Economía, Foment del Treball o Pimec han apostado muy fuerte, alegando que las cesiones del Gobierno central -con la amnistía en primer lugar- generarán a medio plazo la estabilidad necesaria para las empresas huidas vuelvan al redil.
La Caixa, de nuevo en el foco
Nada puede incomodar más a Isidro Fainé que regresar al foco informativo por un asunto tan ajeno al negocio financiero. Y tan sensible para la casa que lidera desde 2007. Fainé ya se vio obligado a caminar en el alambre en el otoño de 2017. En su plantilla catalana había partidarios de la independencia; y en su inmensa base de clientes en toda España, hay demasiados usuarios que no entenderían un posicionamiento soberanista. El equilibrio no es fácil y más hoy, a la vista de cómo han 'prendido' las calles.
El "plan" que pergeñarán ERC y Junts obligará de nuevo a Fainé a enfrentarse a la disyuntiva. La política fiscal será uno de esos "elementos esenciales" para convencer a La Caixa y al resto de compañías 'fugadas', algunas tan grandes como Naturgy, Banco Sabadell, Abertis, Cellnex o Colonial. Es obvio por qué las dos formaciones independentistas ansiaban tanto la cesión de los impuestos y la creación de una Hacienda catalana.
Entre otras cosas, ambos logros permitirán a la Generalitat diseñar un marco impositivo a medida, con alicientes para atraer a los empresarios que huyeron a otras autonomías, con Madrid a la cabeza. El gran hándicap de Cataluña, sin embargo, será la más que previsible inestabilidad política, con la organización de un referéndum de independencia en el horizonte. Esa incertidumbre seguirá actuando como auténtico repelente para la inversión.
Junts y ERC tendrán un grave problema si, a medio plazo, no logran su objetivo de recuperar a las empresas. La presión sobre La Caixa y su entorno será, por tanto, tremenda. A favor de las fuerzas independentistas juegan dos bazas. La primera es la presencia del Estado en el capital de CaixaBank. A través del Frob, controla el 17% del capital, lo que le da capacidad para influir en el consejo de administración. El segundo tiene que ver con la falta de protección ante otra maniobra que ya está sobre la mesa.
Como adelantó Vozpópuli, en las negociaciones salió a la palestra una de las grandes aspiraciones de los partidos soberanistas: traspasar a la Generalitat el control de la supervisión de la Fundación La Caixa, actualmente en manos del Ministerio de Economía. La operación, que no se ha colado finalmente en el acuerdo de gobierno, puso en alerta de inmediato al Banco Central Europeo, que apoyó en 2013 la despolitización de las cajas de ahorros impuesto por ley. El movimiento tampoco gusta al Banco de España. El problema es que ninguna de las dos instituciones tienen capacidad para vetar el traspaso de la supervisión, aunque entren a valorar el asunto.
En el entorno del BCE se sospecha que tanto Junts como ERC repescarán la maniobra esta legislatura. Ambos partidos tendrán nuevas ventanas de oportunidad, dada la absoluta dependencia de Sánchez para 'sobrevivir'. La negociación de los presupuestos del Estado puede ser una de ellas. Esa maniobra abriría un importante resquicio para que la Generalitat ganara influencia en La Caixa; algo imprescindible para forzar el traslado de la sede social, sin en las Torres Negras no hay ánimo para hacerlo de manera voluntaria.
