Navarro Sanchís: "No nos tranquiliza nada que el ministro diga que el Congreso no puede investigar a los jueces"

Francisco José Navarro Sanchís (Córdoba, 1960) es desde noviembre de 2014 magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS). Las sentencias de las que es ponente son conocidas por poner coto con frecuencia a abusos de Hacienda. Esta entrevista se fraguó en el Congreso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que tuvo lugar entre el 24 y el 26 de mayo en Toledo, y se celebró en julio, justo antes de las elecciones generales. En otoño, a instancias de Vozpópuli, se ha retomado en un escenario muy diferente para el Poder Judicial, en el que Navarro Sanchís constata que tiene poco sentido ceñirse a los impuestos.

La única pregunta que se mantiene sobre temas fiscales es la relativa a la sentencia del TS dictada en julio en la que debía pronunciarse sobre los polémicos efectos temporales del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la plusvalía municipal el 26 de octubre de 2021, que impidieron reclamar a miles de contribuyentes. En julio, el magistrado no podía pronunciarse sobre un asunto sobre el que iba a deliberar.

Pregunta (P). Ya han pasado el trago de tener que analizar al TC en su sentencia sobre la plusvalía municipal

Respuesta (R). Lo tuvimos bastante claro desde el principio, no es que interpretásemos la voluntad del TC sino que supimos claramente que el TC había querido decir lo que efectivamente interpretamos que había querido decir. Y por lo tanto, en los recursos de reclamaciones que se hubieran puesto en el intervalo entre la fecha que lleva la sentencia y la fecha de publicación de la sentencia, lo que no hubiera estado ya con recurso interpuesto quedaba fuera, se entendía que era una situación consolidada a efectos de impedir el efecto favorable de la sentencia, y eso ha dado lugar a numerosos recursos que ya se están viendo, y con flecos también, es una cosa que no tiene fin.

P. Se acaban de reunir Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y han tratado la renovación del CGPJ. ¿Cómo ve este enésimo intento?

R. Son cábalas todo, ojalá que se renovara el CGPJ, ya ha pasado el tiempo suficiente para que un Consejo que hubiera entrado en funcionamiento hubiera acabado su mandato, nos hemos saltado el mandato de un Consejo entero.

P. ¿Inquieta este asunto a la gente en el metro como sostenía la ex ministra Pilar Llop?

R. En el metro no inquieta pero en los tribunales de Justicia inquieta mucho, por varias razones. El TS en su funcionamiento se ve muy marcado. Lo que ha dejado de hacerse son nombramientos discrecionales, no sólo del TS sino en sala en la Audiencia Nacional, TSJ, presidentes de audiencia provincial, muchos cargos discrecionales están paralizados y muchos mandatos, caducados, y luego está la sensación de que la Justicia no importa gran cosa a prácticamente nadie.

P. ¿Qué efectos tiene sobre la Sala Tercera?

R. La Sala Tercera en particular está bastante mal, en 2024 se van a producir dos jubilaciones, una muy tempranamente en febrero, otra después del verano. Son situaciones que agravan una situación que ya de entrada es mala.

P. ¿Qué le parece la reforma que promovió el PSOE que impide los nombramientos?

R. Creo que cuando salió esa ley no se pensó que fuera a prolongarse tanto la situación actual, fue un modo de estimular la renovación que no me pareció correcto y adecuado.

El mero hecho de que se abra una comisión parlamentaria para evaluar la actividad judicial propiamente dicha es anómalo en un Estado de Derecho

P. ¿Les tranquiliza que el ministro Félix Bolaños diga que está prohibido que el Congreso investigue a los jueces?

R. No nos tranquiliza nada que el ministro de Justicia diga que está prohibido que el Congreso investigue a los jueces, si no se detiene la propia iniciativa política de que haya comisiones parlamentarias y que los jueces puedan ser llamados a declarar en ellas o sancionados por no acudir.

Está prohibido tan claramente que el hecho de repetirlo, de decirlo, me parece un poco inquietante.

El mero hecho de que se abra una comisión parlamentaria para evaluar la actividad judicial propiamente dicha es anómalo en un Estado de Derecho.

El TC nos ha dicho al TS que cuando hay dudas de inconstitucionalidad y de Derecho europeo, el TC habilita a que se pregunte primero al TJUE

P. ¿Espera que la Comisión Europea actúe contra la amnistía y el intento de controlar al Poder Judicial?

R. Que haya una intervención con efecto directo de la Comisión Europea no creo, nos mueven las posibilidades del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el terreno jurídico.

El TC nos ha dicho al TS que cuando hay dudas de inconstitucionalidad y de Derecho europeo, el TC habilita a que se pregunte primero al TJUE, como muestra el Auto 69/2018, de 20 de junio de 2018, que inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 503-2018, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Me parece mal que se señale a los jueces y que el Congreso no manifieste una postura absolutamente firme, esto es sentar un precedente y abrir una caja de Pandora [...] La reacción del Gobierno ha ido muy tibia, y me consta que en el TS hay mucho descontento con esa reacción

P. ¿Cómo se siente cuando una diputada señala a jueces con nombres y apellidos en la tribuna del Congreso?

R. Es una anomalía absoluta señalar con nombres y apellidos a magistrados en el ejercicio de la jurisdicción. Me parece mal que se señale a los jueces y que el Congreso no manifieste una postura absolutamente firme, esto es sentar un precedente y abrir una caja de Pandora para que se puedan seguir diciendo barbaridades impunemente.

P. ¿Qué le ha parecido la reacción del Gobierno?

R. También me parece que la reacción del Gobierno ha ido muy tibia, y me consta que en el TS hay mucho descontento con esa reacción.

P. Tampoco les ha tranquilizado sobre el señalamiento en el Congreso

R. El Gobierno está muy condicionado por sus compromisos políticos, ha querido tranquilizar un poco pero creo que no lo ha conseguido, no creo que a nadie se le haya tranquilizado cuando se crean las comisiones y lo que significan, es un control parlamentario de la labor judicial.

Con esto del 'lawfare' lo que se trata es de amedrentar a los tribunales ante la eventualidad de que puedan tomar decisiones que disgusten a las instituciones, partidos o políticos

P. El 'lawfare' aparece en los pactos de gobierno del PSOE con Junts

R. Con esto del lawfare lo que se trata es de amedrentar a los tribunales ante la eventualidad de que puedan tomar decisiones que disgusten a las instituciones, partidos o políticos y así se les imputa que estén motivados o movidos por un ánimo no de aplicar la ley y subordinarse a la ley sino de entrar en la liza política y de beneficiar o perjudicar a personas o grupos.

P. El popular José Antonio Monago sostuvo en el Senado que hay 'lawfare' contra el PP por la sentencia del 'caso Gürtel' [luego se disculpó]

R. Si hay una actuación de un juez o un tribunal contraria a Derecho el tribunal tiene responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad disciplinaria. Lo que no puede ser, lo digo por unos y por otros, es que te cuelguen el sambenito de lawfare por actuaciones que no agradan o perjudican.

Si hay alguien que considere que una sentencia o una instrucción es irregular, lo puede ser por la intención que la mueva, que acuda a pedir responsabilidad civil, penal o disciplinaria. La civil y la penal son exigibles también judicialmente, la disciplinaria es materia propia el CGPJ.

Con esto lo que se está es removiendo un poco los cimientos de las instituciones y de las cosas.

P. El presidente del Gobierno ha dicho hasta dos veces que cree que hay 'lawfare' en España

R. Preferiría mantenerme al margen, no entrar en rebatir afirmaciones o interpretar la voluntad del presidente.