Lo que inquieta a Moody's de España: una factura de 40.000 millones y unos políticos insaciables

Por si había alguna duda, el partido de Carles Puigdemont dejó bien claras las cosas en el debate de investidura. La formación independentista, que ha exprimido a Pedro Sánchez hasta el infinito, recordó que puede ir más allá si el Gobierno no se ciñe a sus exigencias. "Le voy a dar un consejo: no intente tentar a la suerte", le espetó al líder socialista la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras.

La advertencia de los independentistas catalanes -el tono de ERC no fue más amable en el debate- es un pésimo mensaje de bienvenida para los ministros económicos de Sánchez, que recogerán su cartera la próxima semana con una losa dentro: la factura de 40.000 millones que el Estado debe pagar en 2024 sólo en intereses de la deuda.

El recibo es consecuencia de las políticas alegres de gasto y de la escalada récord de los tipos de interés. Hablamos de una cantidad anómala, que rondaba los 30.000 millones anuales y que, según los cálculos de Funcas, alcanzará el listón de los 40.000 millones el próximo año. Esta factura multimillonaria, que se repetirá en 2025, es un lastre para arrancar la legislatura, cuya duración dependerá de partidos que no son precisamente austeros. Sobre todo, si es el Estado el que paga.

Nada invita a pensar que ERC, Junts, PNV o Bildu -con elecciones autonómicas a la vista- harán un ejercicio de responsabilidad y rebajarán sus exigencias para cuadrar los primeros Presupuestos de la nueva coalición. «No tiene un cheque en blanco», le recordó a Sánchez, para despejar cualquier duda, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa.

Moody's da el primer aviso

Esa falta de previsibilidad es, exactamente, lo que más inquieta de entrada a los inversores. El primer aviso serio lo dio este viernes Moody's. La agencia de calificación afincada en Nueva York tardó en reaccionar poco más de 24 horas tras la investidura. Lo que preocupa a sus analistas -los que ponen nota a la deuda soberana- es el impacto que el "mayor riesgo político" puede tener sobre la ejecución de los Presupuestos de 2024. Dicho de otro modo, la agencia no se fía al 100% de que un Gobierno tan frágil sea capaz de cumplir lo prometido a los mercados.

El mensaje de Moody's es más que preocupante para un país que debe refinanciar una cantidad de deuda récord en su primer año de andadura. Y cuanto más aumenten las dudas sobre la coalición, más crecerá esa factura multimillonaria de intereses.

La deuda y los posibles 'sobrecostes' de los apoyos parlamentarios serían más digeribles en un escenario de vacas gordas, con elevados ingresos. Pero las previsiones dibujan otra realidad bien distinta para el arranque de la legislatura. El PIB perderá el brillo de los dos últimos años. El Gobierno se ha quedado sólo con su estimación de crecimiento económico del 2% en 2024. Ningún organismo, nacional ni internacional, avala tal incremento (lo hemos contado en Vozpópuli). El Panel de Funcas, que recoge las previsiones de 20 servicios de estudio, arroja un crecimiento medio del 1,6%.

La 'frialdad' de los economistas se basa en distintas razones. De entrada, el motor que ha tirado con fuerza de la economía tras la pandemia desprende serios síntomas de agotamiento. Hablamos de las exportaciones, que sufrieron una caída del 5,9% en el segundo trimestre del año, según el INE. En su último Boletín Económico, el Banco de España habla ya de "un contexto de fuerte contracción de las exportaciones de bienes", consecuencia directa de la debilidad de los países de destino (con Alemania a la cabeza).

El nuevo Gobierno debe encomendarse, por tanto, a que el consumo aguante el tipo, una variable que depende estrechamente de la resistencia del empleo. Según el jefe de los economistas del Banco de España, Ángel Gavilán, "el consumo de los hogares muestra señales de debilidad, lastrado por la pérdida de poder adquisitivo y por el tensionamiento de las condiciones financieras que se han venido acumulando en los últimos trimestres".

En contra de la salud de los hogares jugará en 2024 la persistencia de la inflación (3,3% de media, sólo cuatro décimas menos que este año) y de los tipos de interés elevados (los analistas no esperan el inicio de las bajadas hasta junio). Para paliar esos males, el Gobierno adoptará una serie de medidas. Las anunció el propio Sánchez en su discurso de investidura: ampliación del IVA reducido de ciertos alimentos, extensión del cheque del alquiler, transporte gratuito para algunos colectivos y más facilidades para pagar la hipoteca.

La duración de la legislatura dependerá de unos partidos que no son precisamente austeros. Sobre todo, si es el Estado el que paga

El gran problema para la coalición es que la chequera es limitada, por culpa -volviendo al principio- de las deudas que afronta el Estado. Lo demuestra claramente un hecho: en el paquete de medidas 'vendidas' en el Congreso, Sánchez no ha podido incluir -a su pesar- la vertiente energética. A partir del 31 de diciembre, decaerán las ventajas para pagar la luz y el gas. También es irrecuperable el descuento en los carburantes, a pesar de la presión del precio del petróleo.

No hay margen para más, ni holgura para afrontar imprevistos. "En un escenario sin medidas el déficit se mantendrá en cotas elevadas que dejan un margen escaso para afrontar un hipotético 'shock'", escribía recientemente en El País Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.

Es esa falta de margen, unida a la dudosa 'fiabilidad' de los socios de Gobierno, la que ha encendido las alertas en las agencias de rating. En los mercados se da por hecho que Moody's no será la única en dar un primer toque de atención. Fitch o S&P ya están analizando si la España de la nueva coalición tiene mayor riesgo crediticio.