Hacienda prepara el diseño de la lista negra de evasores que el ministro Cristóbal Montoro quiere hacer pública en medio año. Los inspectores que trabajan en Hacienda la han bautizado ya como "la lista negra de Montoro". Pero los parámetros que maneja la Agencia Tributaria pueden dejar hasta tres diferentes. Según los técnicos consultados por Vozpópuli, Hacienda maneja tres parámetros distintos a la hora de dar la voz de alarma sobre un contribuyente: 

  • El primero, el de las cuotas impagadas al fisco: Este criterio colocaría al frente del ranking a las grandes empresas ya que la simple discrepancia contable en un ejercicio puede dar lugar a que el fisco declare como impagadas cuotas que el contribuyente disputa.
  • El segundo, los intereses que se deben por deudas ya reconocidas: Si las deudas tributarias son ya firmes, Hacienda impone intereses de demora. Ese criterio deja a las pymes y autónomos como principales sospechosos puesto que en esta categoría se engloban las compañías que se han declarado en concurso de acreedores y que no han podido abonar los fondos al fisco.
  • Por último, las sanciones impuestas por las autoridades: Puede ser el criterio utilizado definitivamente porque incluye parámetros como la reincidencia y permite incluso establecer una proporción entre los ingresos y el fraude del contribuyente.

Esos tres parámetros han sido ya presentados al ministro que ahora debe elegir a quién pone en el disparadero de la opinión pública después de afirmar ante el Congreso: "no puedo entender tanto sigilo y cautela". La lista, según fuentes de Hacienda, puede incluir hasta 200 nombres y sería publicada en la página web del ministerio. 


El factor de la sentencia firme

Los parámetros de Hacienda, sin embargo, chocan con la intención inicial del ministro que pretende que sólo se hagan públicos los datos de aquellos defraudadores condenados ya pro sentencia firme. Eso significaría en la práctica que los únicos nombres que se publicarán serán los de quienes cometieron delitos con una década de antigüedad, el tiempo que los tribunales suelen tardar en resolver todos los recursos judiciales posibles en una causa.