Malestar en la Empresa Familiar con Escrivá por apuntar contra sus beneficios fiscales

"Mantendremos nuestra atención en los asuntos relacionados con la fiscalidad, especialmente en Patrimonio y Sucesiones, y en la gobernanza familiar, todos ellos aspectos claves para garantizar la supervivencia generacional de las empresas familiares". Es la única alusión a la fiscalidad del discurso de toma de posesión de Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), que ha tomado el relevo de Marc Puig, en tono conciliador y perfil bajo. Sin embargo, el auditorio se encontró con un discurso de cierre por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que apuntaba precisamente a los beneficios de las empresas familiares en Patrimonio y Sucesiones.

La Asamblea del IEF se había convertido en un ring de enfrentamiento entre el IEF y el Gobierno a propósito de los impuestos que pagan, muy pocos, según Pedro Sánchez, los que les tocan, según la Empresa Familiar, que pagan las empresas. El punto culminante se vivió en 2018. El presidente del Gobierno se metió de lleno en el debate ante la plana mayor de la empresa familiar reunida en Valencia y afirmó que "hay grandes empresas que tienen realmente tipos por debajo del 10% en el Impuesto sobre Sociedades", aunque reconoció que era una reflexión algo provocadora en el escenario donde estaba.

El entonces presidente del IEF, Francisco Riberas, recogió el guante y pidió "ver cómo calcula ese 10%, porque conozco a muchos empresarios y todos pagamos los impuestos que tocan. Hay quien genera beneficios en otros países y los pagarán allí". Sánchez abandonó rápido el encuentro sin escuchar las quejas de los presentes. Riberas mostraba su estupor a la prensa y recordaba que él pagaba un 20%.

El presidente del Gobierno ya no ha acudido a este foro. Delegó en la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que escuchó en ediciones siguientes las críticas de Marc Puig por los anuncios de subidas de impuestos del Gobierno.

Sendagorta ha tomado ahora el testigo y desde el punto de vista fiscal tan sólo ha recordado la agenda fundamental del IEF: preservar los beneficios fiscales a la empresa familiar en los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones.

Tampoco ha acudido esta vez Calviño a la Asamblea del IEF, recién llegada de Barcelona de las jornadas del Círculo de Economía, como Sánchez. Estaba previsto en la agenda del IEF que lo hiciera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero finalmente se cayó del programa. Como Calviño, Díaz no tenía agenda oficial a esa hora. Finalmente acudió el ministro de Inclusión.

Pues bien, Escrivá clausuró la jornada con un discurso de entrada conciliador en el que glosó la importancia de la empresa familiar, para más adelante vender las bondades del alza de cotizaciones de 0,6 puntos que recaerá casi en su totalidad sobre las empresas y reivindicar el consenso, cuando esta medida se acordó con los sindicatos a espaldas de CEOE.

El ministro ha reprochado a las empresas su agresiva campaña de jubilaciones anticipadas, un esfuerzo que ha denunciado que cargan a la Seguridad Social y contra el que actúa la primera parte de la reforma de las pensiones, en vigor desde enero.

Y cuando parecía que iba a cerrar ya su discurso, ha hecho dos menciones que han generado malestar entre el IEF, según ha podido constatar Vozpópuli. Primero, en respuesta a las peticiones del mundo empresarial al Gobierno de que controle el gasto, ha planteado que recortar el gasto público es fácil si se quiere hacer, basta a su juicio con adelantar el cierre presupuestario, pero considera mejor establecer una cultura de evaluación continua.

Pero sobre todo ha sorprendido que el ministro de Inclusión cerrara su discurso poniendo el foco en la necesidad de recortar los beneficios fiscales. Se trata de un asunto que ha tratado extensamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que presidió Escrivá, que analiza estas partidas en su Spending Review o Revisión del Gasto y que en el Gobierno suele blandir la ministra de Hacienda.

Según Escrivá, España es el país de la UE con más beneficios fiscales, un total de 60.000 millones de euros, ha detallado, aunque a continuación ha incluido también a Italia en el podio. El ministro ha instado a "evaluarlos" y preguntarse "si están cumpliendo los objetivos deseados", una "orientación" que cree que hay que seguir y en la que ha apuntado a su supresión.

Hacer referencia a un recorte de beneficios fiscales en el seno de la Asamblea del IEF, que tiene como punto primero de su agenda la defensa de los beneficios fiscales de la empresa familiar, ha generado incomodidad. Un cierre desafortunado para un encuentro en el que su renovada Junta Directiva buscaba un tono moderado.

Alerta ante los expertos de Montero

Este tono moderado no implica que el IEF no esté alerta. "No deberíamos alterar la esencia de un régimen tributario que ha sido determinante en la consolidación de empresas de éxito que transmiten y hacen suyo el modelo de país que queremos. Si añadimos elementos distorsionadores que no existen en otras jurisdicciones, estaremos penalizando nuestra capacidad de competir y animando a poner en manos foráneas las decisiones sobre nuestro futuro", ha advertido José Luis Blanco, director general ejecutivo del Instituto de la Empresa Familiar, en un artículo del Libro Blanco para la reforma fiscal en España que ha elaborado el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

En "La dimensión y competitividad de la empresa familiar como objetivo del sistema tributario español", Blanco también defiende que "las ingentes necesidades de recursos para restaurar el equilibrio presupuestario tras la pandemia o el ineludible debate sobre la desigualdad no deberían confundir los objetivos de nuestro sistema tributario. Las necesidades coyunturales no pueden derribar nuestros objetivos estructurales", especialmente en un momento en el que la recaudación está en máximos, como añade poco después.

A juicio del director general, "la corrección de desigualdades se canaliza mejor mediante el gravamen de la Renta -en el sentido y con la intensidad que cada opción política considere deseable- que mediante la creación de figuras penalizadoras del patrimonio que, por definición, acaban exigiendo la extracción de capital de las unidades productivas para atender las exigencias tributarias". Y pone en cuarentena decisiones sin un "consenso claro y compartido por muy amplios sectores de nuestro espectro parlamentario para no herir de muerte -ya sea muerte súbita o muerte lenta- el tejido empresarial que está construyendo y debe construir el país que queremos".

En estas líneas, el IEF se defendía de las conclusiones del Libro Blanco de los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que el asesoren en la reforma fiscal, que quieren replantear las exenciones de las empresas familiares -dudan de su impacto positivo- y también atendiendo el contenido de la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994, con el objetivo de que las exenciones en Patrimonio y Sucesiones se apliquen sólo para pymes. Lo que el IEF advierte de que desincentivaría el crecimiento empresarial.