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Economía

La armonización fiscal de Montero restaría más de un punto de PIB, según el IEE

Obligar a Madrid a subir Patrimonio y Sucesiones le restaría al menos un 2% de su PIB. El impacto de esta imposición en las CCAA con impuestos bajos supondría al menos un punto menos en toda España

La ministra de Hacienda se reafirma en las previsiones de crecimiento, pese a la rebaja del FMI
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Europa Press

"No es el momento de subir impuestos". El Instituto de Estudios Económicos (IEE) tiene claro su diagnóstico del sistema fiscal español, a las puertas de que el Gobierno acometa una reforma fiscal para subir impuestos. Y éste pasa por que el sistema fiscal español no está alejado del de otros Estados miembros si se atiende al esfuerzo fiscal, y la presión fiscal que recae sobre las empresas españolas es superior a la de la media de la UE. Y por considerar que deben hacerse pequeños ajustes para ganar en eficiencia y simplificar el sistema tributario y reducir el gasto. En este escenario, el IEE dedica muchas páginas de su Libro Blanco para la reforma fiscal a la imposición patrimonial, que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere incrementar para obligar a la Comunidad de Madrid a subir los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

Pues bien, esta medida restaría al menos un 2% de su PIB a la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, alertan, lo que implicaría una pérdida de al menos medio punto para el conjunto de España. A esto añaden el impacto de la subida en otras comunidades que tienen estos impuestos bajos, que restaría en el caso de Andalucía al menos medio punto más, ha concretado Gregorio Izquierdo, presidente del IEE. "Y en una economía tan interrelacionada como es la española, esta caída se amplificaría inevitablemente al resto de España con el consiguiente empobrecimiento añadido", explica el informe.

"La armonización es un subterfugio para subida general de la presión fiscal de las comunidades autónomas con un sistema más competitivo y armonizado con nuestro entorno", ha alertado Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa y responsable de fiscalidad en CEOE. "Lo que se denomina armonizar es imponer un sistema contrario a la eficiencia", ha añadido. "Ni es cierto que las comunidades que han reducido la presión fiscal patrimonial sean un paraíso. Madrid en la comunidad con más presión fiscal. Tiene el mayor déficit fiscal entre lo que recibe y lo que aporta y es la que tiene la deuda más baja", ha subrayado.

En este sentido, el informe defiende la supresión del Impuesto de Patrimonio, que no tiene el resto de países de nuestro entorno. Para el IEE, surge una contradicción entre los defensores de una armonización
fiscal a nivel autonómico que conserve, por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio, a la vez que promueven, también, una armonización a nivel de la Unión Europea, donde dicho impuesto se encuentra abolido en todos los países.

El informe propone además acabar con los ajustes en el Impuesto sobre Sociedades que se vienen aprobando, como el gravamen de 5% de dividendos y plusvalías, y recentralizar el guirigay de impuestos verdes autonómicos. Cree que es un error adelantarse a la tasa global a multinacionales con un tipo mínimo del 15% en Sociedades e imponer mientras la tasa Google. En el IRPF, proponen corregir la doble imposición de los dividendos y aclarar las valoraciones de bienes como afectos a una actividad económica. Asimismo, abogan por simplificar las obligaciones para pymes en el IVA.

Una subida de impuestos generalizada, alerta el IEE, "incentivará la economía sumergida y reducirá la creación de empleo e inversión". Intentar cerrar la brecha de recaudación con Europa mediante subidas normativas de impuestos de hasta tres puntos sobre el PIB, no solucionaría el problema de la sostenibilidad fiscal a medio plazo", zanja el informe, que calcula que podrían provocar una contracción de la actividad de hasta cinco puntos de PIB y una destrucción del orden de un millón de empleos.

Ajustar el gasto

De acuerdo con el análisis realizado por el IEE, para 2020 la eficiencia del gasto público en España es un 14% inferior a la media de la OCDE, una diferencia que se eleva, incluso, hasta el 66% si se compara con las mejores prácticas a nivel global. España se sitúa en el puesto 26 de los 36 países de la OCDE en eficiencia del gasto público, con una puntuación de 87,4, por debajo del 100 que representa la media.

Así, el informe sostiene que un ajuste de un punto del PIB, llevado a cabo mediante incremento de impuestos, genera descensos en el PIB superiores a los dos puntos y sus efectos se extienden por un periodo de tres a cuatro años; por el contrario, cuando los ajustes se hacen por la vía de la contención del gasto son más beneficiosos para el crecimiento que cuando se llevan a cabo mediante incremento de impuestos. En promedio, reducir el gasto en un punto del PIB tiene unos efectos negativos sobre el crecimiento de un cuarto de punto del PIB, con una duración inferior a dos años.

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