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Economía

Madrid exige "dejar trabajar" a la justicia en la investigación a los contratos del Gobierno

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado que "dentro de un tiempo" se verá lo que ha pasado con esos contratos y ha defendido que "nunca es mala noticia que se revise la contratación"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP

La Comunidad de Madrid defiende que hay que "dejar trabajar" a la justicia después de que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

"Yo creo que está fuera de toda valoración. Se ha hecho una denuncia ante la Fiscalía y se ha visto que hay motivos para seguir investigando. Yo creo que una vez que la justicia entra a un caso hay que dejar trabajar", ha afirmado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en declaraciones a los medios de comunicación en su visita a la librería Antonio Machado.

Así, la consejera ha señalado que "dentro de un tiempo" se verá lo que ha pasado con esos contratos y ha defendido que "nunca es mala noticia que se revise la contratación".

En un decreto de siete páginas, recogido por Europa Press, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados "revisten especial trascendencia" por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, abriendo así una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas", entre las que están Beedigital -a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño- e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Luzón recuerda que el pasado 10 de marzo tuvo entrada en esa fiscalía especializada de la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba "irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con la covid-19" y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.

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