El Gobierno de coalición que ha tenido la responsabilidad de gestionar el Estado, la Seguridad Social y tutelar al resto de las Administraciones Públicas, hasta hace solo unos días ha dejado claro que no se siente cómodo cuando las empresas y los empresarios (particularmente, algunos) obtienen beneficios. Parece encontrarse más cómodo subsidiando la economía mediante la ampliación de deducciones por los más variados conceptos, rebajas puntuales del IVA en determinados productos que considera básicos, reducciones de las retenciones del trabajo a las rentas más bajas...
Así presume, en los informes mensuales de recaudación tributaria, que, en los nueve primeros meses de este año, “los cambios normativos y de gestión restaron a la recaudación tributaria 4.755 millones de euros, lo que traducido al lenguaje de Hacienda quiere decir que los ingresos tributarios estarían creciendo un 7,5% en lugar del 4,5 que se ha registrado en ese periodo.
Entre las medidas que ha adoptado a lo largo de la XIV Legislatura han destacado, por lo sorprendente de las mismas, la aprobación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que ha permitido ingresar a la Agencia Tributaria 623 millones de euros de aquellos contribuyentes con un patrimonio neto superior a tres millones de euros.
No menos sorprendentes fueron las aprobaciones de los gravámenes extraordinarios a la banca y las empresas energéticas por los beneficios, también extraordinarios, que se generan por la subida de los tipos de interés y el incremento de los precios de las materias primas energéticas. No se trata de impuestos propiamente dichos. Hacienda ha preferido disfrazarlos como “prestaciones patrimoniales no tributarias”, un eufemismo que permitirá a la Agencia Tributaria embolsarse este año alrededor de 2.900 millones de euros más: cerca de 1.270 millones de euros de las entidades financieras y otros 1.640 millones, de las empresas energéticas. El éxito de recaudación va a permitir que ambas prestaciones sigan vigentes el próximo año y, probablemente, en 2025.
A la mayoría de los líderes políticos les hemos escuchado en alguna ocasión decir que la gestión de un Estado es muy similar a la que se realiza en una familia o en una empresa, con la única diferencia de las magnitudes que se manejan. Pero si España fuera una sociedad anónima no tendría miedo de que alguna autoridad supranacional, entiéndase la Comisión Europea, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, le impusiera un tributo por los beneficios presupuestarios que generase en un ejercicio, al estilo del que pagan en la actualidad las entidades financieras y los grandes grupos energéticos.
El último año sin déficit
La última vez que las cuentas públicas españolas tuvieron superávit en la diferencia entre ingresos y gastos presupuestados fue en el año 2007, hace 16 años, tras el trienio mágico de la economía española: 2005-2007, en el que se consiguieron beneficios conjuntos de 53.030 millones de euros. Entonces, al frente de la economía estaba Pedro Solbes en su segunda etapa, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en junio de 2018, España ha acumulado déficits presupuestarios (pérdidas en el argot empresarial) por un importe acumulado de 379.499 millones de euros, incluyendo la última previsión del Banco de España para el presente ejercicio. Si se contabiliza estrictamente el déficit desde el 1 de junio de 2018, cuando accedió a la presidencia del Gobierno a través de su triunfo en la moción de censura contra Mariano Rajoy, el déficit se quedaría en el entono de los 366.000 millones de euros.
Pero claro, 'España S.A.' no existe, no es una empresa y no tiene que rendir cuentas anuales a sus accionistas a través de una junta general, ni repartir dividendo usando parte de los beneficios obtenidos por su actividad en el ejercicio. Es cierto que en los cinco años y medio de mandato, los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez han tenido que hacer frente a una pandemia que se ha cobrado la vida de centenares de miles de personas y que derivó en una crisis económica de la que empieza recuperarse.
En 2019, cuando no pasaba nada excepcional, se quebró una racha de seis ejercicios consecutivos reduciéndose el déficit presupuestario
Pero también es verdad que en 2019, cuando no pasaba nada excepcional, se quebró una racha de seis ejercicios consecutivos reduciéndose el déficit presupuestario, que había alcanzado la cifra de 119.100 millones de euros en el año 2012 y acabó en 2018 en 31.224 millones. En 2019 subió a 38.116 millones y desde ahí a los 113.199 millones de 2020, de acuerdo con los datos del Banco de España.
El pasado año se cerró con un déficit de 63.376 millones de euros, el 4,7% del Producto Interior Bruto y para el presente ejercicio la previsión del banco central es cerrar en el entorno del 4,3%, lo que supondría alcanzar unas pérdidas de cerca de 51.000 millones, por debajo de los 63.736 millones y el 4,7% del PIB de 2022.
¿Dónde está ahora contabilizado el déficit acumulado? Los déficits casi siempre se financian de la misma forma: emitiendo deuda. Y así la deuda que hoy atesora el Estado asciende a cerca de 1,560 billones de euros, incluida la Seguridad Social. La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas era en septiembre de 1,577 billones de euros, 394.000 millones más que a cierre de 2017. La deuda ha aumentado durante la era Sánchez un 33,32%, mientras el PIB ha crecido en 215.000 millones de euros, un 18,48%.
