Publicado: 28/11/2022 04:45
Actualizado: 28/11/2022 04:50
Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) gestionadas por las comunidades autónomas son las que más demora presentan a la hora de dar cita a los conductores –hasta dos meses de espera–, tienen menos horario de atención al público y, en algunos casos, están entre las más caras de España.
Son las conclusiones del estudio llevado a cabo por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que recoge que las estaciones gestionadas por empresas públicas autonómicas presentan una demora de más de dos meses como es el caso de Asturias o de hasta un mes, como sucede en Andalucía, lo que condiciona "gravemente" a la actividad de los transportistas que deben ajustar sus rutas a la fecha adjudicada.
En cambio, la cita previa para las ITV ofrecidas por empresas privadas no tarda más de dos días en la mayor parte de las ocasiones, añade, algo que sucede de forma habitual en comunidades autónomas como Madrid.
La organización achaca esta falta de fluidez en la gestión al horario de las estaciones, y es que mientras en Asturias sólo están abiertas de lunes a viernes, en Madrid muchas permanecen abiertas los siete días a la semana.
Diferencias en el precio
Pero el informe de la asociación también advierte de una notable diferencia en el importe de la tarifa entre autonomías que puede llegar a ser del 80% en el caso de las revisiones a camiones, y hasta del 185% en los turismos.
El trabajo, conocido esta misma semana, recuerda que la gestión de este servicio obligatorio para todos los vehículos no es homogéneo en España, sino que cada comunidad autónoma ha optado por un régimen propio.
Así, la Comunidad de Madrid es la única en la que la ITV se encuentra totalmente liberalizada, a diferencia de Andalucía, Asturias y, a partir de enero, también la Comunidad Valenciana, donde la gestión corre a cargo de empresas públicas exclusivamente.
En las restantes, el régimen más habitual es el de concesión pública para la explotación de las ITV por empresas privadas, con escenarios tan particulares como en Murcia y Extremadura, donde conviven estaciones de carácter público con otras privadas en concesión.
El estudio realizado por esta asociación señala como la comunidad autónoma más cara para pasar la revisión de un camión a Andalucía, de gestión pública, con una tarifa de 90,1 euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 86,9 euros.
Ambas contrastan con Extremadura, donde asciende a 49,74 euros, en tanto que en el resto se sitúa, mayoritariamente, entre los 60 y los 70 euros.
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Si es que la gestión pública es una castaña, y mucho más cara. Pero esto pasa en todos los ámbitos en los que la gestión pública mete sus sucias manos, incluida la sanidad y la educación.