Junts ha conseguido arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez la derogación del Real Decreto del PP que facilitó la salida de empresas de Cataluña, según ha avanzado este miércoles Vozpópuli, y blindar la ley de amnistía -una trasposición de una Directiva- a cambio de su abstención in extremis al Real Decreto-ley anticrisis y al ómnibus.
Así lo ha comunicado la formación posconvergente, que también blande la transferencia integral de las competencias de inmigración, una rebaja del IVA del aceite del 5% al 0% y la publicación inmediata de las balanzas fiscales.
Otro de los puntos que ha prometido el Gobierno es multiplicar por cinco los fondos previstos para la digitalización de la Administración de Justicia.
Asimismo, el Ejecutivo asumirá, según asegura Junts, el gasto total de las bonificaciones del transporte en Cataluña, que en el resto de comunidades se comparten entre la Administración General del Estado y la regional.
El comunicado de Junts dice que han logrado una "reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto del PP de 2017 y que las empresas puedan retornar a Cataluña".
La derogación del Real Decreto de la fuga de empresas supone tumbar un Decreto que en 2018, nada más llegar al poder tras la moción de censura, el Ejecutivo socialista descartó eliminar, a pesar de que era una exigencia que planteó de inmediato el Govern de Quim Torra. Entonces lo rechazó en aras de la libertad de empresa y, sobre todo, de facilitar la vuelta de las sociedades.
El Decreto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy el 6 de octubre de 2017 se hizo para facilitar el cambio de sede social que grandes empresas venían preparando; en concreto, CaixaBank, ante la fuga de depósitos que sufría. Inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.
El cambio que promovió el entonces ministro de Economía popular en la Ley de Sociedades de Capital facilita la salida de las empresas pero también su regreso. Con todo, el Decreto Guindos se ha convertido en un símbolo, en un trofeo, para los de Carles Puigdemont, que quedarían así satisfechos, sin necesidad de articular sanciones o incentivos, de dudosa legalidad. Fuentes del Ministerio de Economía trasladaban este martes que lo que preparan es una vuelta al marco preexistente en la Ley de Sociedades de Capital.
Los cambios de la Ley de Sociedades de Capital
El texto original de 2010 establecía que los cambios de sede eran competencia de la junta general de accionistas. El consejo de administración solo podía trasladar la sede social dentro del municipio. En 2015, el Gobierno del PP modificó el artículo 285 para que fuera el consejo de administración el órgano competente. Se dijo que se hacía para facilitar la movilidad de empresas en toda España, aunque ya se interpretó como una forma de facilitar la salida de empresas de Cataluña ante el desafío independentista creciente.
En 2017, el Decreto Guindos refrendó el poder del consejo, de forma que puede cambiar la sede sin convocar junta de accionistas aunque lo establezcan los estatutos, precisamente para que CaixaBank pudiera mudarse.
El propio Puigdemont señaló este asunto en las reivindicaciones que planteó a Sánchez el 5 de septiembre en Bruselas. Aludió al "ahogo sistemático de la economía catalana", del cual es, a su juicio "ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real-decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y que todavía está vigente".
En el mismo sentido se ha pronunciado Josep Rius, vicepresidente de Junts, este martes en Ser Catalunya: "Es inaudito que aún hoy ese decreto siga en vigor, porque buscaba perjudicar a la economía catalana".
