El juez acuerda abrir juicio contra el exconsejero delegado de DIA

El juez Alejandro Abascal, del Juzgado Central de Instrucción número seis de Madrid, de la Audiencia Nacional, ha acordado la apertura de juicio oral, por presunto delito de continuado de falsedad de las cuentas anuales del grupo DIA y, subsidiariamente, de un delito continuado de estafa, contra el exconsejero delegado de la cadena de supermercados, Ricardo Currás.

También serán juzgados Amando Sánchez Falcón (número dos de Currás); Antonio Arnanz Martín (exdirector financiero de la compañía); los exdirectores comerciales, Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo Jordán; y la propia compañía, como responsable civil subsidiaria.

En un reciente auto el magistrado explica que el Ministerio Fiscal formuló a principios de marzo escrito de acusación, interesando la apertura de juicio oral y solicitando para Currás la pena de cuatro años y seis meses de prisión, y multa de 18 meses a razón de 25 euros al día. Contra el resto de acusados requiere tres años y un día de prisión y multa de 13 meses a razón de 10 euros al día.

Fiscalía requiere que Currás indemnice a DIA en la cantidad mínima de 275.232 euros

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía considera acreditada en la fase de instrucción la existencia de perjuicio, por lo que los acusados deberán indemnizar al grupo DIA. Currás en la cantidad mínima de 275.232 euros, y los restantes acusados en la cantidad que resulte acreditada de la prueba que se practique en el juicio oral.

Quedan fuera del proceso Borja de la Cierva, exconsejero delegado de la compañía que ocupó dicho cargo solo unos meses, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 -cuando el magnate Mikhail Fridman tomó el control de la cadena-, tras haber sido nombrado consejero independiente en septiembre de 2016, y también los consejeros que formaban entonces parte de la comisión de auditoría, así como la consultora KPMG, que auditó los ejercicios del grupo de supermercados.

La Audiencia Nacional admitió en noviembre de 2019 querella presentada por la Plataforma Afectados de DIA.

Según las pesquisas, los exdirectivos de la cadena habrían engordado los números de 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros. Dichas "irregularidades" se detectaron tras la salida de Currás del grupo, en agosto de 2018, y obligaron a reajustar a la baja en 56 millones de euros el patrimonio de la compañía.