El cálculo de la electricidad en el IPC sin el mercado libre engorda el índice en dos puntos

El dinero vale menos que hace un año. De momento, un 9,8% menos que es lo que marca el último índice de precios al consumo (IPC). Está inflación viene propulsada porque los consumidores quieren todo aquello que no han podido consumir estos años y, principalmente, porque los precios de la energía han disparado su cesta de la compra. Aunque no sólo es una cuestión de precios. 

El IPC, un índice que marca la actualización de las pensiones o los salarios públicos, está muy condicionado por la factura de la luz que pagan los hogares y el impacto de los costes de la electricidad en la cadena de valor de toda la cesta de la compra. El problema es que el Instituto Nacional de Estadística (INE), el organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, sólo tiene en cuenta en el IPC un tipo de consumidores de luz: la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). 

Este grupo distorsiona el IPC por dos frentes. El primero es que, pese al continuo paquete de medidas del Gobierno para aliviar el impacto en esta tarifa, son los grandes afectados de que el mercado mayorista de la electricidad (pool) haya cerrado marzo un 523% más caro que en 2021. Sin olvidar que hace un año los precios ya empezaban a repuntar levemente. 

El segundo factor es que estos hogares e industria representan algo menos del 40% de los consumidores de electricidad en España. Y bajando. Porque, como confiesan a Vozpópuli las grandes eléctricas, el trasvase de consumidores de la tarifa regulada al mercado libre está siendo constante con el descontrol de precios. Los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) muestran que a cierre de 2021 un total de 1,2 millones de consumidores habían hecho ese cambio, el doble de la tendencia de los últimos años. 

Dos condicionantes que muestran que tener en cuenta únicamente a los consumidores de la tarifa regulada provoca distorsiones en un índice tan relevante. Los equipos de análisis de las empresas eléctricas trabajan de forma acelerada en estimar el impacto de esta distorsión en el IPC. "Manejamos una horquilla entre un punto y dos, pero consideramos que lo más apropiado es la parte alta del análisis", explican a este medio fuentes relevantes del sector. 

Su esperanza es que para 2023 el INE corrija esta distorsión. "No es un error de cálculo, es que los parámetros indicativos de 2019 ya no sirven y este desfase tiene un impacto directo para la economía nacional", añaden las mismas fuentes. Una afirmación que recuerda que, históricamente, los precios de la tarifa regulada han sido más bajos que cualquiera del mercado libre, que daba estabilidad con un precio fijo a cambio de un pequeño ‘plus’.

Y desde el sector recuerdan que esta anomalía también puede ser el culpable de que España sufra mayor aumento de la inflación frente a sus socios europeos. Porque aunque en Francia o Alemania cuenten con tarifas reguladas por sus gobiernos, estas no dependen de los bandazos del mercado mayorista. La modalidad de España en la que el consumidor paga el kilovatio/hora (kwh) indexado a cómo se comporte el mercado mayorista (el 'pool'), donde se negocian diariamente los precios.

Las empresas revisan el IPC

Los miembros de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), donde se integran Endesa e Iberdrola, trabajan desde diciembre con el INE para evolucionar hacia un IPC menos distorsionado. El organismo público está requiriendo a las eléctricas que le faciliten el día 25 de cada mes sus ingresos por el mercado libre hasta el día 20 de ese mes, para de esta forma poder sacar en pocos días el indicador adelantado del IPC. 

Estas prisas no casan con la operativa de las empresas. Las eléctricas cuentan en ese tiempo con datos del mes anterior de sus clientes, algunos de ellos se facturan cada dos meses o, al ser un mercado libre con mayor competencia, cada empresa cuenta con distintas tarifas que ofrecen esa inmediatez de cálculo.

Esta complejidad es a la que se refiere el INE que no ofrece esas “garantías”, según definió en su comunicado de febrero, para ponerse en marcha de manera inmediata. Mientras que la estimación de la tarifa regulada permite al organismo generar el cálculo en base a un consumidor tipo y la media de los precios del mercado de cada mes.