Los inspectores de Hacienda piden crear una Policía Fiscal para controlar los bienes de oligarcas rusos

Los inspectores de Hacienda piden crear una Policía Fiscal, que ahora mismo permitiría mejorar y agilizar los controles sobre los bienes de oligarcas rusos. Es una de las 123 propuestas que han presentado contra el fraude fiscal, cuando el informe que acaban de presentar los expertos que han asesorado a Hacienda para la reforma fiscal han dejado de lado las medidas en este ámbito, que sólo se tratan en unas pocas páginas y de forma difusa. En este sentido, el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, ha subrayado la necesidad que detectan de que se incrementen las acciones de lucha contra el fraude fiscal. Estas propuestas son nuevas, y se acompañan de otras que vienen planteando. Ya se las han trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al director de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón.

En este sentido, IHE reclama la creación de una Policía Fiscal en la línea de la Policía Financiera que tiene Italia, cuando el país transalpino, Francia, Alemania y Reino Unido están desarrollando iniciativas mucho más numerosas y concretas de actuación contra oligarcas rusos, sus sociedades y otros intereses ligados al Gobierno de Vladímir Putin que las que está realizando España.También reclaman la creación en la Agencia Tributaria de unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica, muy especialmente, en blanqueo de capitales. Asimismo, también reclaman la creación de Juzgados especializados en delitos económicos.

Sin embargo, Pérez Boga ha señalado que la opción que ven más factible es que el Servicio de Vigilancia Aduanera se integre en la AEAT, ya que es muy eficaz en su lucha contra el blanqueo y el contrabando.

Así, Pérez Boga ha contado la manera de actuar de la Administración Tributaria en Italia, de acuerdo con la Policía, lo que agiliza y mejora las inspecciones y registros: se crea una habitación o Tax Room en la que la Policía Financiera introduce la información que le proporciona una empresa y se precinta. Al día siguiente, los inspectores de Hacienda italianos empiezan una escrutinio rápido y efectivo, lejos de los 18 meses que puede alargarse el proceso en España.

Buena parte de las medidas también se dirigen a controlar a grandes patrimonios y la residencia fiscal con el fin de impedir deslocalizaciones falsas en un momento en el que han saltado a la opinión pública los casos de los youtubers que se van a Andorra y la situación fiscal del Rey Emérito. Así, plantean reducir el periodo de 183 días necesario para considerarse residente fiscal, extremar los controles de las comunidades sobre los impuestos patrimoniales y endurecer las restricciones a operar en paraísos fiscales

El fraude en hidrocarburos

El informe de los Inspectores de Hacienda también dedica bastante atención al fraude en hidrocarburos, ya que han detectado que ante el alza de precios facilita un fraude que resulta rentable y recurrente, con medidas que creen que podrían reducirlo en dos tercios. La exigencia de garantía para obtener la condición de operador petrolífero, la eliminación de la posibilidad de que los distribuidores al por menor de productos petrolíferos puedan suministrar a otros distribuidores al por menor, mejorar los sistemas de coordinación entre la AEAT y los organismos reguladores del sector de la energía, la responsabilidad subsidiaria de los depósitos fiscales de hidrocarburos y de bebidas alcohólicas por las cuotas de IVA generadas a la salida de los depósitos y la tributación mensual en el IVA de los extractores de depósitos fiscales son algunas de sus propuestas.

Sobre las medidas que contiene la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde el pasado 10 de julio, piden reducir aun más los pagos en efectivo, ahora en 1.000 euros -desde los 2.500 euros- incluso hasta su supresión, y rebajar la deuda necesaria con Hacienda para salir en la lista de morosos a 300.000 euros, que ha bajado de un millón a 600.000 euros. Precisamente esta norma también contiene un régimen de extractores de hidrocarburos que está todavía sin desarrollar.