La inflación sigue escalando pese al plan del Gobierno para contenerla y alcanza por primera vez en estos meses el doble dígito, retornando a niveles de abril de 1985. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha disparado un 10,2% en junio en términos interanuales, con un crecimiento más intenso que el de mayo (cuando repuntó un 8,7%), según avanza este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El INE explica en la nota de prensa que "esta evolución es debida, principalmente, a la subida de los precios de los carburantes, mayor este mes que en junio de 2021, y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la estabilidad registrada el año anterior". Estos dos componentes del IPC ya fueron los principales motores de la inflación en mayo. El Instituto Nacional de Estadística ha destacado que "también influye el incremento de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al del pasado año".
El Gobierno ha llegado a hablar de una inflación del 15% sin el plan 'anticrisis' aprobado en abril y reforzado el pasado sábado. En general, prorrogó las medidas energéticas que ya estaban vigentes y finalizaban en junio (rebajas fiscales en la factura de la luz, subvención a los carburantes y tope al precio del gas), y sumó algunas otras focalizadas en colectivos más vulnerables, como el cheque de 200 euros para rentas bajas, un aumento del 15% de las pensiones de jubilación y viudedad no contributivas, o rebajas de hasta el 50% en el transporte público.
La inflación subyacente alcanza el 5,5%
El INE también avanza estemiércoles un nuevo repunte en la inflación subyacente, menos volátil al excluir la energía y los alimentos frescos. Este indicador ha alcanzado en junio el 5,5%, seis décimas más que en mayo y la tasa más elevada desde agosto de 1993. Esto se traduce en que la subida de precios, que inicialmente se concentraba en la energía y algunas materias primas, se ha extendido a la mayor parte de los bienes y servicios de la cesta de la compra.
El crecimiento de la inflación subyacente preocupa a los economistas por su carácter más persistente y por su impacto negativo en la competitividad de las exportaciones españolas. En mayo alcanzó ya una tasa del 5,9% y en abril, del 4,4%. Las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ya apuntaban a una inflación subyacente por encima del 5,5% en la segunda mitad de este año y próxima al 5% en el primer trimestre de 2023, para acabar el año en el 3%, una tasa en todo caso más elevada que las experimentadas en los últimos años.
La Comisión Europea ya advirtió en sus previsiones de primavera que la inflación subyacente se mantendrá "alta" en España, con una tasa media que alcanzará el 3,9% en 2022 y se reducirá al 2,7% en 2023. En este sentido, apuntó que las medidas energéticas adoptadas hasta ahora pueden ser insuficientes contra los efectos negativos de segunda ronda y evitar a toda costa el riesgo de que la inflación se convierta en estructural.
El Banco de España (BdE) y otros organismos económicos han reclamado al Gobierno que los pensionistas participen en el pacto de rentas que se está exigiendo a trabajadores y empresarios para evitar efectos de segunda ronda, frente al compromiso del Ejecutivo de subir las pensiones con el IPC medio del año, que, de continuar esta tendencia, podría superar el 8%.
El Gobierno cambia al presidente del INE
El Gobierno empezó por cuestionar los datos económicos que proporcionaba el INE al chocar con las previsiones del Ejecutivo y ha acabado por forzar la dimisión del presidente del organismo, Juan Manuel Rodríguez Poo. Las discrepancias llegaron en septiembre del año pasado, cuando el Instituto revisó a la baja en 1,7 puntos el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre que había avanzado meses antes y que había dado margen al Gobierno para hacer unas previsiones económicas potentes, con un repunte del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022.
Tras los roces por el lento despegue del PIB, el problema de la inflación aterrizó en la economía española y provocó un nuevo choque. El Ejecutivo cuestionó ante la Comisión Europea la metodología que utiliza el Instituto para elaborar el Índice de Precios de Consumo (IPC), culpándole de parte de la elevada inflación que revela la estadística al no incluir los precios del mercado libre de la electricidad (y que representa a cerca del 60% de los consumidores), tal y como publicó este periódico.
De no haber sido por la salida de Poo, el próximo dato discordante podría haberse localizado en la Encuesta de Población Activa (EPA), pues a diferencia del Ministerio de Trabajo, el INE sí contabiliza como parados a los fijos discontinuos que verifiquen que han estado en contacto con una oficina pública o privada de empleo con el fin de encontrar trabajo. Esta modalidad de empleo indefinido es la que más ha crecido con la reforma laboral de Yolanda Díaz y ha sido cuestionada, entre otros, por el PP.
Con el relevo de Poo, España perderá la presidencia de la 'cúpula' estadística de la Unión Europea, según ha podido saber Vozpópuli. Se trata del Partnership Group (PG), el grupo de alto nivel del Comité del Sistema Estadístico Europeo (SEE) que el Instituto español preside por primera vez en la historia desde enero, hace apenas medio año. El hasta ahora presidente del INE debía permanecer en el cargo de presidente del Partnership Group hasta el 31 de diciembre de 2023, pero fuentes del organismo confirman a este periódico que el cargo es nominativo y, por tanto, se perderá con su salida.
