Impuesto a las energéticas: la "mercancía averiada" que ha encendido las primeras alarmas en Moncloa

El principio del fin del impuesto a las energéticas podría marcarse claramente en el calendario. En concreto, el pasado día 26 de octubre. Ese jueves, Repsol advirtió por escrito que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales en España”. Por primera vez, una empresa se atrevía a decir en público lo que otras sólo afirmaban en privado. Por si había alguna duda, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, remató la jugada recordando que Repsol tiene "otras alternativas" de inversión.

La advertencia del directivo vasco prendió como la pólvora en el Ibex y generó un cabreo monumental en Moncloa y Ferraz, en plenas negociaciones con ERC y Junts para sacar adelante la investidura. Sólo dos días antes, PSOE y Sumar habían sellado la coalición con un programa que prometía lo siguiente: "Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual".

El mensaje sin ambages de Imaz fue una reacción directa a esta promesa. A pesar de las dudas mostradas por la Comisión Europea, la nueva coalición se comprometía a hacer fijo el impuesto a las energéticas, para que las empresas "sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar". En su discurso de investidura, el 16 de noviembre, Pedro Sánchez añadió: "Lo que hay que hacer es acabar de una vez por todas con esas vías de evasión fiscal, cuando no de elusión fiscal, de las grandes fortunas y de las grandes multinacionales".

"Los ricos, lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora", recalcó el el presidente del Gobierno. Por entonces, ya estaba en la imprenta su nuevo libro, Tierra Firme, en cuyas páginas critica abiertamente a las empresas energéticas, a las que considera "lobbies muy poderosos".

Si a los fondos les da pánico la inseguridad jurídica que emana la amnistía, al Gobierno le ocurre lo mismo con la amenaza de deslocalización industrial

Este jueves, tres semanas después de la investidura, el mismo líder político ha abierto la puerta a retirar el controvertido 'impuestazo'. En una entrevista televisiva, no sólo ha admitido que Hacienda está trabajando en el "rediseño" de las cargas fiscales; también ha asegurado que el Gobierno analiza estos días "estímulos" para "incentivar proyectos industriales" que generen "grandes inversiones en energía renovable".

Sánchez ha confirmado lo que había avanzado su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dos días antes en la COP28. “La fiscalidad habitual se puede corregir, modular", aseguró la ministra de Transición Ecológica en Dubái. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa en esa figura [impositiva]”, añadió.

Las razones del viraje

¿Qué ha sucedido para que los beligerantes Sánchez y Ribera cambien de opinión en apenas un mes? Hay distintas razones, pero podrían resumirse en dos. Por un lado, el Gobierno tiene constatado un debilitamiento de las inversiones en la primera mitad del año. Es decir, mucho antes de que se pactase una amnistía que genera pánico entre los grandes fondos y empresas. El temor a que el apetito inversor siga desvaneciéndose, el miedo a un posible 'efecto llamada' generado por el aviso de Repsol, encendió las primeras alarmas en el Moncloa.

Si a los fondos les da pánico la inseguridad jurídica que emana la amnistía, al Gobierno le ocurre lo mismo con la amenaza de deslocalización industrial. Ese sentimiento se multiplica por tres en el caso del PNV, cuyos votos sostienen -entre otros- a Sánchez en la presidencia. Esta es la segunda gran razón que subyace tras el viraje del Ejecutivo sobre el impuesto a las energéticas.

El aviso de Repsol puso inmediatamente en alerta a los 'popes' de la formación nacionalista. La compañía que preside Antonio Brufau es uno de los mayores exponentes de la industria vasca. Sólo la refinería de Petronor en Muskiz genera 1.000 empleos directos y miles indirectos en la comarca.

Junto a Repsol, ejerció enorme presión en la cúpula del PNV Iberdrola, la segunda compañía más grande del Ibex, que tiene su sede en Bilbao y que sufre igualmente el impacto del castigo fiscal en su cuenta de resultados.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, calificó el pasado domingo de "mercancía averiada" el impuesto a las energéticas. Se puede decir más alto, pero no más claro. La tasa a petroleras y eléctricas tiene los días contados. Máxime cuando hasta la Comisión Europea cuestiona ya la justificación del impuesto, ligado a unos beneficios extraordinarios que ya no se generan. Los técnicos de Hacienda ya están trabajando en la modificación (lo ha adelantado Mercedes Serraller en Vozpópuli). Lo que falta por ver es si el Ejecutivo se atreverá o no a eliminar directamente el impuesto. Dependerá de otra formación política, más importante aún que el PNV para el futuro del Sánchez.

La presión que puede ejercer Díaz puede inclinar la balanza a favor de una modificación del impuesto, en lugar de la supresión total

Ese partido es Sumar. Su líder, Yolanda Díaz, sigue defendiendo a capa y espada, en público y en privado, el varapalo fiscal. "Mantendremos los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades", recuerda el programa con el que se presentó a las elecciones generales del pasado 23 de julio.

La presión que puede ejercer Díaz, obligada a dar la cara ante su electorado, puede inclinar la balanza a favor de una modificación del impuesto, en lugar de la supresión total. La decisión final será producto de los difíciles equilibrios internos que debe guardar Sánchez para mantener la cabeza a flote. Ocurrirá con el impuesto a las energéticas y con el resto de decisiones importantes a tomar durante una legislatura extremadamente complicada.