Bruselas respalda a Repsol, Iberdrola y Naturgy en su guerra por la prórroga del ‘impuestazo’

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron un acuerdo de Gobierno donde se acordaba hacer permanente el ‘impuestazo’ temporal a las energéticas. Una idea que desató la ira tanto en público como en privado de los grandes afectados, empresas como Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa o Cepsa. Un pacto político que les hace plantearse sus inversiones en España. Pero han encontrado en Bruselas un aliado que deja por escrito que la idea de Sánchez y Díaz es un “sin sentido”. 

“Un vistazo a la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022”, señala Bruselas en su último informe del pasado 30 de noviembre sobre intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. “El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentes de 2022”, añade.

Este informe de la Comisión Europea se remitió al Consejo de la Unión Europea, que hasta el 31 de diciembre preside España. Bruselas explica en este documento que el descenso gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023, que se mantienen por encima de los niveles históricos, “el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022”, ya que “las empresas tienen que componerse con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes”. 

Las cifras que pone encima de la mesa la Comisión es que el gas ha descendido un 66% frente a 2022. Una reducción que achaca a las medidas adoptadas en 2022, que han aliviado la presión sobre los mercados energéticos y, por tanto, han reducido los precios del gas natural, que oscilaban entre 40 euros megavatio hora (MWh) y 50 euros/MWh a principios del otoño de 2023, frente a los más de 200 euros/MWh del verano de 2022 y alrededor de 20 euros/MWh antes de la crisis. 

Un vistazo a la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022 Comisión Europea

En cuanto a los precios mundiales del petróleo, el crudo ha disminuido recientemente a menos de 85 dólares el barril, pese al susto de la OPEP del pasado verano que llevó al barril a rozar los 100 dólares. En lo que respecta a los productos petrolíferos refinados, después de una fuerte caída hasta principios del verano de 2023, con precios del diésel a 1,55 euros el litro en junio de 2023, desde más de 2 euros del año anterior, los precios de los productos petrolíferos se están recuperando recientemente a 1,75 euros el litro a principios de noviembre. 

Bruselas destaca la recaudación de España

La Unión Europea ha recaudado 6.850 millones de euros por este impuesto especial a las energéticas. La Comisión Europea también notifica que España ha sido el tercer país que más ingresos tiene por este impuesto especial a las energéticas, 1.089 millones de euros a 30 de junio de 2023, por detrás de los 2.897 millones de Italia o los 1.430 millones de Polonia.

Según sus previsiones, los estados miembros han adoptado medidas energéticas con un coste neto cercano a los 200.000 millones de euros. El coste presupuestario neto de las medidas energéticas para 2023 se pronosticó en unos 144.000 millones de euros. Las cifras sobre los costes proyectados son mucho más altas que los ingresos totales, según lo informado por los Estados miembros a la Comisión para la contribución de solidaridad o medidas nacionales equivalentes.

“Esto implica que estas últimas sólo podrían financiar parcialmente el gasto proyectado”, apunta la Comisión. “En el futuro, la Comisión seguirá supervisando de cerca el uso de los ingresos generados en virtud del Reglamento del Consejo para garantizar el cumplimiento”, concluye este informe de Bruselas.