El ICO solo ha avalado un 0,3% de los 10.000 millones en créditos prometidos tras la guerra

La medida con mayor dotación económica para apoyar a empresas y autónomos afectados por la guerra en Ucrania y la crisis de precios energéticos queda prácticamente sin uso. Se trata de los 10.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se aprobó en el Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo para paliar las consecuencias económicas del conflicto.

Los avales tienen como principal fin facilitar el acceso de empresas y autónomos a la financiación concedida por las entidades financieras al contar con el respaldo del Estado. Economía empezó a conceder los primeros avales en junio, cuando recibió el visto bueno de la Comisión Europea. Ahora, cuatro meses después y a apenas dos meses de que acabe la línea, sólo se han concedido garantías por un importe de 30,5 millones, apenas el 0,3% de los 10.000 millones que se reservaron, según consta en el Plan Presupuestario que ha enviado el Gobierno a Bruselas.

Esta es una medida muy conocida por los empresarios por el papel que jugó durante la pandemia. Los bancos concedieron más de 100.000 millones a las compañías necesitadas de liquidez en el peor momento de la crisis de la Covid-19, evitando la quiebra de muchas de ellas. Sin embargo, tras el 'boom' de solicitudes que se experimentó en 2020, el interés por esta financiación ha ido decreciendo en el tiempo, a medida que las empresas iban recuperando su actividad. 

Solo un 9% de las empresas manifestó interés en estos créditos avalados por el ICO cuando se anunciaron

De hecho, tras ese primer paquete vinieron otros ya menos demandados, de los que en mayo, momento del lanzamiento de la nueva línea para paliar los efectos de la guerra, aún había cerca de 36.000 millones sin solicitar. Esto se confirmaba cuando se analizaban los datos de la encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE). En la del segundo trimestre, realizada entre el 10 y el 24 de mayo, solo un 9% de las empresas manifestó su intención de solicitar un crédito avalado por el ICO este año.

De hecho, algunos expertos ya comentaron a Vozpópuli en abril, cuando se aprobó la medida, que tendría poco recorrido al tratarse de un contexto diferente al de la pandemia. Ahora las empresas demandan otro tipo de ayudas, más directas y orientadas a colectivos vulnerables afectados en gran medida por la subida de precios energéticos. Las fuentes financieras consultadas respaldaron la versión de los economistas y agregaron que efectivamente hay aún mucha liquidez, pero las empresas no la concibe como una ayuda porque en el fondo es más endeudamiento.

A esto hay que sumar que los requisitos de elegibilidad y sobre todo la documentación exigida es mucha. El Gobierno endureció los criterios de todas estas líneas tras la primera ronda de ICOs, que se agotó con rapidez, pero que suscitó muchas críticas porque se temía que el capital estuviera llegando a 'empresas zombies'. De la primera línea de 100.000 millones de avales del ICO, la banca ya tiene casi una cuarta parte en vigilancia especial, según el Banco de España.

Baile de cifras en el coste de las medidas

Los avales del ICO representan una de las medidas adoptadas para apoyar a los hogares y empresas españolas ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, pero no es la única. El Gobierno ha aprobado seis reales decretos y nueve paquetes de medidas con un coste total, según el Gobierno, de 35.000 millones, alrededor de un 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB). La cifra incluye desde las rebajas fiscales en la electricidad aprobadas ya en el verano de 2021 hasta la subvención de los carburantes a partir de abril o los descuentos en el transporte desde septiembre.

Sin embargo, ni el Banco de España ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avalan estos números, según consta en las últimas previsiones económicas publicadas estos días. Tanto el Banco de España como la AIReF cifran el coste de las medidas (tanto por la reducción de ingresos con las rebajas fiscales a la luz como por el aumento de gastos que implican otras ayudas y subvenciones) en alrededor de 16.000 millones, un 1,3% del PIB.

"Estamos movilizando hasta el momento, de aquí al 31 de diciembre 35.000 millones para proteger a los ciudadanos", ha repetido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Senado, haciendo oídos sordos a los calculos de los organismos nacionales. Sobre todas ellas, el Ejecutivo destaca en su Plan Presupuestario enviado a Bruselas "la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia, con un impacto de más de 10.000 millones de euros desde que se implementaron en junio de 2021".

Sin embargo, las estimaciones del BdE y la AIReF apuntan a que las medidas fiscales en realidad tendrán un coste próximo a los 4.000 millones para el Estado este año.  La propia ministra de Asuntos ·Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, fijó en 4.000 millones en septiembre de 2021 el coste de mantener las rebajas fiscales a la luz un año. Aún así, el Gobierno ha reconocido ante Bruselas que ingresará 331.188 millones de euros a través de impuestos en 2022, un 11,8% más que hace un año.

Otra medida destacable del Gobierno por importe total del esfuerzo fiscal es la bonificación de los carburantes con 20 céntimos/litro, que según la AIReF tendrá un coste en 2022 de 4.500 millones. El Gobierno, por su parte, calcula que ésta tendrá un impacto presupuestario este año de 5.700 millones. Aunque aún no se sabe si se prorrogará durante todo 2023, la Autoridad Fiscal calcula que esto tendría un coste adicional de unos 7.300 millones.