Hacienda no veta por ahora la subida de Patrimonio en Madrid que pide Podemos

El Gobierno ha vetado 869 enmiendas de los Grupos del Congreso a los Presupuestos del total de más de 5.200 presentadas. Entre las formaciones con más reconvenciones están el Grupo Popular y Ciudadanos, aunque los socios de Pedro Sánchez acumulan cifras elevadas, entre los que destaca PdCAT, pero también ERC, Grupo Mixto o BNG. El PNV tiene asimismo enmiendas vetadas. Sin embargo, Podemos se sitúa como el único grupo sin vetos. Llama la atención que el Ejecutivo no haya vetado dos enmiendas de Grupo morado que proponen la imposición de un recargo en el Impuesto de Patrimonio a la Comunidad de Madrid y a otras regiones del PP para obligarles a subirlo.

En concreto, en esta primera criba los grupos más afectados por los vetos son PDeCAT (179 enmiendas vetadas), el PP (147), ERC (139) Ciudadanos (109), Junts (80), Coalición Canaria (57), Más País-Equo (55) y el BNG (30). Los letrados del Congreso ya han advertido a los grupos de que unas 1.770 enmiendas a los Presupuestos presentaban deficiencias legales o reglamentarias y corrían el riesgo de no poder ser tramitadas

En virtud de las competencias que le otorga la Constitución en su artículo 134.6, el Gobierno tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o por menos ingresos, reconvenciones que incluyen cuestiones formales o ajenas a los Presupuestos, el caso de la enmienda de Podemos. En el documento, el Gobierno advierte en todo caso que se trata de un primer examen de las enmiendas registradas, que se completará con otro nuevo escrito que trasladará a las Cortes "a la mayor brevedad posible".

Podemos registró en solitario enmiendas a los Presupuestos, entre las que destacan las dos que suponen un desafío al PSOE al plantear sin consenso un golpe fiscal a Madrid que pone en cuestión la gestión de los socialistas de la reforma fiscal. El texto de Podemos propone que haya una cuota estatal que se calcula conforme a la norma del impuesto y la escala de gravamen estatal, en el que sería deducible la cuota pagada, con lo que las autonomías que lo tienen alto, el caso de Cataluña, Aragón y Extremadura, no se verían afectadas, pero sí que se obligará a una subida radical a Madrid, en primer lugar, que bonifica el impuesto al 100%, pero también a Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, las del PP, que lo tienen bajo o muy bajo. En las comunidades por debajo de la escala estatal, se les recargará con la diferencia respecto de la escala estatal supletoria. Además, se suben los tres últimos tramos de ésta.

El ala socialista del Gobierno comparte el diagnóstico pero considera que esta armonización al alza debe tramitarse en la reforma fiscal y en el contexto de reforma de la financiación autonómica.

De momento, el jueves en la Ponencia de Presupuestos Unidas Podemos retiró su enmienda para crear un fondo de compensación con 40 millones de euros para víctimas del amianto tras acordar con el PSOE estudiar su inclusión en las cuentas públicas. PNV y Bildu también han presentado enmiendas en este sentido.