La comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión de Hacienda en el Congreso este jueves tenía en su caso no sólo el foco puesto en sus planes sino también en su desempeño, ya que es una de las pocas que mantiene la cartera desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018.
Del lado de los ingresos, la Hacienda de Montero ha realizado numerosas subidas e impuestos, pero la mayoría son parches, retoques, y no ha realizado la reforma fiscal que prometió. Ha creado siete impuestos. Dos, las tasas Google y Tobin, las tenía preparadas su predecesor, Cristóbal Montoro, y los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas tienen un carácter eminentemente político, y sólo han funcionado en términos de recaudación los dos primeros.
En el apartado verde, el impuesto de residuos es una estatalización del impuesto autonómico. Sí es más novedoso el impuesto al plástico. Sin embargo, la imposición medioambiental en España sigue muy lejos de los estándares de nuestros vecinos, del programa de Pedro Sánchez y de lo comprometido a Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos UE.
Pues bien, este jueves Montero ha asegurado que seguirá trabajando en una fiscalidad "más moderna, eficaz y justa, adaptada a la realidad y la economía globalizada" y entre los planes que ha destacado está el avance en la "imposición verde para impulsar la transición energética" y un mundo mejor para los jóvenes.
Esta declaración se produce cuando el Gobierno ya ha pedido el cuarto pago de fondos UE en diciembre y está negociando que los fondos asociados que pide a Bruselas se reduzcan lo mínimo posible desde los 10.000 millones solicitados dado que no ha podido aprobar la reforma del subsidio de desempleo. Y cuando el quinto pago viene a continuación. Montero ha dicho que se va a solicitar dos pagos al año.
El Componente 28 del Plan de Recuperación "afirma que habrá una reforma fiscal que deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023".
La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.
Advertencia de Bruselas
El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes".
La Comisión Europea se ha mostrado flexible y pasó de puntillas por compromisos incumplidos sobre fiscalidad verde en el tercer pago, que otorgó en su totalidad.
Sin embargo, la consejera económica de la Comisión Europea en España, María Canal, acaba de publicar un artículo en el informe de enero España 2024. Un año por delante de EY Insights en el que advierte: "En un contexto en el que se solicita a España una estrategia fiscal de consolidación creíble a medio plazo adquirirán especial importancia la revisión de los beneficios fiscales y una reforma del sistema tributario que logre mejorar su eficiencia y adaptación a los desafíos actuales".
Nada de lo que plantean los expertos en su Libro Blanco que no estuviera ya en marcha se ha hecho, y de lo que sí se ha aprobado, la creación de los impuestos a banca y energéticas no forma parte de sus propuestas, y el impuesto a grandes fortunas, que podría parecer alineado con la armonización de Sucesiones y Patrimonio que plantean, tampoco.
La reforma fiscal verde
El capítulo más detallado del Libro Blanco es el relativo a la fiscalidad medioambiental, en el que plantean una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones, en la que proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional. A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.
Estos son sólo algunos de los impuestos verdes que proponen. El informe, que el Plan marca de obligada puesta en marcha, pone el foco en la subida de diésel y gasolina y en la creación de un impuesto a billetes de avión.
Hacienda emprendió el proyecto de creación de un impuesto a billetes de avión justo antes de la pandemia a propuesta por Transición Ecológica, y llegó a estar en consulta pública, pero con la crisis del coronavirus se paralizó. Este impuesto, que tienen en vigor Francia, Alemania y otros países, ha sido estudiando por uno de los expertos del comité, Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo especializado en fiscalidad medioambiental, que analiza distintos escenarios que van desde un impuesto medio de 2,94 euros por pasajero en los vuelos domésticos y 9,06 euros en los vuelos internacionales para recaudar 900 millones a reunir 1.500 millones gravando 5,43 euros los vuelos domésticos y 16,76 euros los vuelos internacionales. El Plan de Recuperación se compromete de entrada a "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores".
Llueve sobre mojado con la propuesta del Libro Blanco de subir la fiscalidad de diésel y gasolina y de establecer peajes. El Gobierno también se comprometió a establecer "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos; y la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante a más tardar el 30 de junio de 2022".
Esto debería haber entrado en el tercer pago, que se pidió en noviembre de 2022 y se ha avalado en febrero y cobrado en marzo, sin que se haya hecho nada de esto.
Sobre el impuesto de matriculación, en enero de 2022 se recuperó la subida de 2021 que el Congreso congeló en la tramitación de la Ley de Lucha contra el Fraude para el segundo semestre. Se trata de la adaptación a la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP que se traduce en un aumento de los vehículos gravados por el impuesto de matriculación y, por lo tanto, en el valor de los coches nuevos. Bruselas reclamaba una subida adicional.
El pasado julio, la Comisión Europea declaró que sí había compromiso de establecer peajes en autovías en 2024, lo que el PSOE, en campaña, negaba, y finalmente concedió al Gobierno intercambiarlos por medidas de movilidad sostenible.
Banca, energéticas y grandes fortunas
Este jueves Montero ha reiterado que van a convertir los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas en impuestos permanentes -lo que ha dicho que se hará en un proyecto de ley que se aprobará a final de año-, mientras que el impuesto de grandes fortunas "se analizará teniendo en cuenta la tributación global de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica, para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".
Sin embargo, la reforma de la fiscalidad patrimonial para armonizar Patrimonio y Sucesiones no se ha producido.
Carlos Martín Urriza, de Sumar, ha reclamado un "impuesto de grandes herencias" que calque el de grandes fortunas y un "impuesto inteligente a la cadena de distribución". Montero le ha parado los pies apelando a que no prevé atender peticiones que no estén en el pacto de gobierno con Yolanda Díaz.
Pero poco antes, preguntada por los medios a la entrada de la Comisión, Montero se había negado a cumplir con uno de los puntos del pacto con Sumar: habilitar un fondo de compensación de 3.000 millones, una financiación especial para la Comunidad Valenciana y las CCAA infrafinanciadas.
El problema de prometer a Bruselas la creación de impuestos es que llevan aparejada una recaudación, como ha recordado Belén Palao, abogada que ha elaborado el informe sobre El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que ha presentado la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). "Los impuestos vinculados a compromisos europeos se revisan con mucha exactitud", ha advertido.
Y es que el impuesto a grandes fortunas no sólo es un parche, sino que ha recaudado menos de la mitad de los 1.500 millones de euros que en octubre de 2022 el Gobierno comunicó a Bruselas en el Plan Presupuestario que preveía recaudar: 623,6 millones de los 1.500 previstos.
