Los expertos de Montero piden subir diésel y carburantes en plena crisis para recaudar 15.000 millones

A un total de 15.023 millones de euros ascienda la subida de la fiscalidad del diésel y otros carburantes que proponen los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que el asesore en la reforma fiscal. Además de la armonización fiscal al alza para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos, es la única medida clara que plantean los expertos y por lo tanto la única cuantificable, lo que no puede decirse de lo que plantean en Sociedades, IVA o IRPF. Esta propuesta de máximos ha llevado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a salir antes de la presentación a advertir de que el Gobierno "no se plantea subir impuestos en el corto plazo", ante la emergencia económica que desencadena la invasión de Ucrania.

En este sentido se han pronunciado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Los propios expertos han advertido de esta emergencia económica y han planteado que sus propuestas son para el medio plazo y para hacerse de forma gradual. Y lo han dicho sobre todo preguntados por su planteamiento de caminar hacia un tipo único de IVA que eleve los tipos reducidos. Esta misma doctrina sobrevolaba lo que proponen en plan crisis sobre los impuestos verdes, pero el comité ha advertido a la vez de que son un "área prioritaria" ante la emergencia climática y las exigencias en este sentido de la Comisión Europea.

De hecho, todas las subidas de impuestos verdes aparecen individualizadas como propuestas numeradas cerradas. En otros impuestos, como en el IRPF, el informe hace recomendaciones, pero luego no se han incluido en las propuestas cerradas, una estratagema para conseguir que el informe sea unánime, sin votos particulares. Es decir, hay consenso absoluto en la catarata de impuestos verdes que se plantea subir o crear.

Así, el Libro Blanco de los expertos plantea una subida total de impuestos medioambientales de 15.023,6 millones de euros. Ofrecen una horquilla para estas alzas, que podrían hacerse con una intensidad menor y recaudar sólo 5.941,1 millones. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones. Según han explicado, proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional.

A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.

Residuos y emisiones

Asimismo, recomiendan una reforma de la tributación municipal de los residuos, que reuniría 294,6 millones; un impuesto a la extracción de áridos, por 426,4 millones; un impuesto sobre fertilizantes nitrogenados que calculan que logrará 279,9 millones, y la extensión de la fiscalidad de las emisiones, por un total de 932,3 millones. Las Cortes ya tramitan la creación de un impuesto a residuos estatal en este sentido.

Sin embargo, el informe propone la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, lo que restaría 1.230,2 millones a las arcas públicas, y una reducción del Impuesto Especial a la Electricidad que supondría 1.486,8 millones menos. El Gobierno viene prorrogando rebajas y suspensiones temporales de los impuestos a la electricidad.

Creación de más impuestos verdes

Pero no acaba aquí la batería de impuestos verdes. Más allá del cuadro en el que cuantifican lo que suponen las subidas y nuevos impuestos que recomiendan acometer, en las propuestas enumeradas e identificadas de forma cerrada se incluye la creación de otros dos impuestos: uno municipal a la congestión de las ciudades y otro a la extracción de recursos hídricos, además de la regulación de la tributación municipal de residuos. Estas tres nuevas medidas no se cuantifican, tarea que le dejan al Gobierno analizar, pero engrosarán la recaudación de más de 15.000 millones prevista.