Publicado: 15/06/2022 04:45
El Gobierno maniobra para desmarcarse de la alianza entre Javier Tebas y CVC Capital Partners. La intención de Ejecutivo con su último requerimiento al presidente de La Liga sobre el fondo de capital riesgo es la de "evitar perjuicios patrimoniales para el Estado", según detallan fuentes gubernamentales a Vozpópuli.
En la misma línea, ahondan en que se trata de sortear riesgos ante la posibilidad de que "un juez de lo civil termine diciendo que hay problemas en la operación" firmada entre La Liga y CVC.
El juzgado de primera instancia 47 de Madrid ha fijado ya una vista preliminar para el próximo 22 de septiembre dentro del primero de los procesos abiertos contra el acuerdo entre Tebas y el fondo a raíz de denuncias del Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao. Estos han llevado a los tribunales las Asambleas de la patronal de agosto y diciembre de 2021 en las que 38 de 42 clubes acabaron respaldando el acuerdo con CVC -de 2.000 millones para los clubes a cambio de alrededor del 10% del negocio durante 50 años-.
Por lo pronto, el fondo que encabeza Javier de Jaime en España ha puesto en el mercado, a través de su filial en Luxemburgo, bonos por valor de 850 millones entre inversores internacionales en virtud de un folleto con alusiones a la Abogacía del Estado que han provocado malestar en el Consejo Superior de Deportes del Gobierno.
Dicha circunstancia motivó el oficio cursado por el presidente del CSD, José Manuel Franco, a Javier Tebas, la pasada semana. A través de dicho requerimiento, Franco ha exigido al titular de la patronal que hiciera todo lo posible para que CVC elimine de sus emisiones de bonos cualquier alusión a la posición de la Abogacía del Estado sobre la operación. El CSD remarca que la Abogacía no ha avalado la legalidad del acuerdo sino que solo se ha limitado a expresar que debe ser un juez quien lo dirima.
Galimatías legal entre el Gobierno y Liga-CVC
En su comunicación a inversores, CVC reprodujo el referido dictamen atribuyendo a la Abogacía del Estado la "opinión" de que La Liga "es libre de realizar sus transacciones comerciales privadas", lo que incluiría el acuerdo con el fondo. Y por ello no sería ilegal, como reclaman el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto a sus pares del Barça y el Athletic de Bilbao. En la operación, el fondo con oficinas en Londres y Luxemburgo ha contado con el asesoramiento jurídico del norteamericano Latham & Watkins, y La Liga, con el de Uría Menéndez, mientras que el frente del también presidente de ACS cuenta con los servicios del bufete británico y viejo conocido de la constructora Clifford Chance.
Según aseguran fuentes con acceso al informe de la Abogacía y al folleto de CVC, el fondo se ha limitado a reproducir frases literales. Desde el CSD han insistido en que el dictamen de los jurídicos estatales se limita a delimitar las competencias entre La Liga y su par dependiente del Ejecutivo central.
En la operación, CVC ha contado con el asesoramiento jurídico del norteamericano Latham & Watkins, y La Liga, con el del español Uría Menéndez, mientras que el frente de Pérez cuenta con los servicios del bufete británico Clifford Chance
Fuentes cercanas a la patronal de los clubes cuestionan que el oficio se cursó sin que medie apertura de un expediente a La Liga dentro del que esta pueda defenderse. Otras fuentes, en la misma línea, aseguran que el requerimiento del Gobierno persigue una finalidad más bien política.
En cualquier caso, la orden de Franco llega en los primeros compases del juicio civil abierto por el Madrid, Barça y Athletic contra el acuerdo de La Liga con CVC, y después de que la propia Real Federación Española de Fútbol haya logrado personarse en el proceso contra la entidad encabezada por Javier Tebas.
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