Junts ha arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez la publicación inmediata de las balanzas fiscales, lo que supone sentar las bases para que Cataluña tenga un Cupo como el vasco. A cambio de su abstención in extremis para sacar adelante los Reales-Decretos-leyes anticrisis y ómnibus, los de Carles Puigdemont han obtenido el compromiso de que Hacienda publique las citadas balanzas, que recogen unas cifras que no actualiza desde hace diez años.
El objetivo de los posconvergentes: poner negro sobre blanco las diferencias entre comunidades que consagra el vigente sistema de financiación autonómica, caducado precisamente desde 2014, y sobre todo, la situación especialmente favorable de País Vasco y Navarra, con su propio sistema Foral, que Junts, y ERC quieren conseguir para Cataluña.
Estas diferencias se acrecientan además cada año por las deficiencias del sistema y por los acuerdos muy beneficiosos que logran vascos y navarros en las renovaciones del Concierto y del Cupo.
El saldo de la balanza fiscal de un territorio con la Administración Central es la diferencia entre los beneficios que sus residentes derivan de la actuación de esta administración y su contribución tributaria al sostenimiento de la misma. Para calcular este saldo, resulta necesario coger todos y cada uno de los programas de gasto de la Administración Central y los múltiples tributos que los financian y repartir sus dotaciones y rendimientos entre los distintos territorios de acuerdo con algún criterio que permita cuantificar qué parte de cada partida le corresponde a cada uno de ellos.
El resultado final del ejercicio es un único número por región que mide su aportación agregada neta a la redistribución territorial, o su ganancia agregada neta como resultado de la misma.
Las balanzas de 2014 muestran que País Vasco tiene un gasto territorializable por habitante de +2.484 y Navarra, de +1.563, mientras que Cataluña presenta tiene déficit per cápita de -248.
A pasar del relato independentista, Cataluña no es la más perjudicada, lo son la Comunidad Valenciana (-373 millones), Murcia (-331) y Andalucía (-255), y de hecho Cataluña se encuentra algo mejor que la Comunidad de Madrid (-288), pero está entre la lista de las no favorecidas y de las que obtienen saldo negativo, en la que también se encuentran Baleares (-96) y Castilla-La Mancha (-42).
El litoral mediterráneo y Madrid están en clara situación de déficit. Las balanzas muestran con rotundidad la posición de privilegio de País Vasco y Navarra.
"La mitad del "exceso" de gasto territorializable se concentra también en las comunidades forales, gracias fundamentalmente a una financiación regional por habitante muy superior a la del resto del país", señala Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en su estudio Balanzas fiscales:¿qué son y para qué sirven?.
"El dato tiene un cierto interés para el estudio del impacto redistributivo de los flujos fiscales interregionales, pero se presta con demasiada facilidad a un análisis muy superficial y se ha utilizado con frecuencia para excitar sentimientos de agravio comparativo con la esperanza de obtener rendimientos electorales", apunta De la Fuente.
El pacto de investidura
La publicación de las balanzas fiscales supone el primer paso para la negociación y desarrollo de un Cupo como el vasco. En el pacto de investidura entre el PSOE y Junts, el PSOE se compromete a negociar de entrada "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya". Esto supone trocear la Agencia Tributaria (AEAT) y la creación de una Agencia Tributaria Catalana independiente, para derivar en un Cupo como el vasco.
El PSOE acepta de entrada facilitar "medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".
A su vez, ERC ha arrancado una condonación de la deuda de Cataluña de 15.000 millones y desde la Generalitat prepara una Agencia Tributaria catalana independiente partiendo del Estatut que el propio Pedro Sánchez planteó desarrollar en su encuentro con Pere Aragonès en Barcelona el pasado 21 de diciembre.
La consellera de Hacienda, Natàlia Mas, avanzó a La Vanguardia que trabajan para recortar lo que aporta Cataluña al sistema: "La solidaridad puede situarse entre el 2 y el 4% del PIB, no en el 10% actual", lo que en los cálculos de la Generalitat puede suponer un recorte de cerca de 19.000 millones en lo que aporta Cataluña.
Este Cupo supondría la voladura del sistema de financiación autonómica y obligaría a la Comunidad de Madrid a sostener al resto de comunidades autónomas. Una carga que Madrid ya soporta en una parte no pequeña pero que se le trasladaría en casi su totalidad y que los expertos a los que ha consultado Vozpópuli creen que le sería imposible asumir.
El Cupo que no querían
Las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra recaudan e ingresan sus impuestos. El Cupo o Concierto lo pagan al Estado en base a lo que teóricamente se gasta el Estado en beneficio de ellas en competencias estatales exclusivas, en las competencias no transferidas, por las amortizaciones de la deuda pública y por el Fondo de Compensación Interterritorial. A ello se aplica un 6,24%, calculado en 1981 en relación al peso de País Vasco en el PIB general (del 1,6% en el caso de Navarra). Cabe recordar que Cataluña supone el 19% del PIB nacional.
Se trata de un modelo que Miquel Roca y Jordi Pujol rechazaron en la Transición y que el Pacto del Majestic, suscrito con Aznar, no quiso considerar. Tampoco lo hizo el Parlament en las dos ocasiones que lo abordó. No se planteó hasta 2012, cuando Artur Mas le exigió a Mariano Rajoy el llamado pacto fiscal.
Sobre el papel, el modelo puede gustar más o menos; pero aplicado con transparencia, tiene sus riesgos en épocas de crisis y de caída de ingresos.
La cuestión es que en la práctica, el Cupo vasco ha sido muy beneficioso para el País Vasco y la financiación por habitante duplica la media de las comunidades de régimen común. No es ya el modelo, sino cómo se calcula; una fórmula que se desconoce.
