La Generalitat negocia el traspaso de la Delegación de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) en Cataluña para gestionar el 100% de impuestos que se recaudan en la comunidad. Esta cesión de todos los impuestos es el objetivo que Junts ha plasmado en su pacto con el PSOE, compartido con ERC, que implica la creación de una Agencia Tributaria Catalana Independiente. El problema al que se enfrenta la Generalitat es que no tiene medios humanos ni técnicos ni el acceso a datos de contribuyentes para desarrollar un plan que además provoca gran contestación y alarma entre inspectores de Hacienda del Estado y en distintos sectores.
En pleno desafío del 1-O de 2017, el Govern intentó reclutar inspectores del Estado para las filas de la Agencia Tributaria de Cataluña -agencia constitucional que también tienen otras comunidades dedicada a los impuestos cedidos de Patrimonio, Sucesiones e ITP-, como paso previo a independizar el organismo, plan que fracasó por inviable y que el 155 tumbó.
Pues bien, lo que ahora pretende la Generalitat para aterrizar su plan es que se produzca un traspaso o fusión, según trasladan fuentes conocedoras, que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma los medios humanos y técnicos de la Delegación de la AEAT en Cataluña, cerca de 300 inspectores y unos 4.000 empleados.
De entrada no sería independiente sino lo que denominan un "consorcio". Una vez que este ente "consorciado" funcione, entonces se procedería a que se independizara.
La Agencia Tributaria de Cataluña sólo tiene siete inspectores y 18 subinspectores de un total de 816 empleados. Sus dificultades para reclutar o atraer inspectores le abocan a una vía pragmática como la de este traspaso, fusión o consorcio con la AEAT si pretende gestionar y recaudar todos los impuestos.
Una Agencia catalana independiente creada a espaldas del Estado habría costado entre 350 y 500 millones de euros, según los informes que tenía la Generalitat en 2017 que realizó el Consejo de la Transición Nacional y que incorporó el Juzgado número 13 de Barcelona al procedimiento en el que investigaba la organización del referéndum ilegal. Pero se trataba de una Agencia nueva. El consorcio que se busca ahora no tendría coste de entrada.
El Estatut abre la puerta
Este plan se asienta además sobre el propio Estatuto de Cataluña de 2006, que le abre la puerta. No sólo en su primera versión del Parlamento de Cataluña más extrema, sino en la que aprobó el Parlamento español y en el texto definitivo tras la sentencia del Tribunal Constitucional.
El texto inicial aprobado por el Parlamento de Cataluña establecía que la Generalitat tenía responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, lo que no salió adelante.
El texto definitivo establece, en línea con la Constitución, que existen tres bloques de tributos: los propios de las comunidades y los estatales cedidos totalmente, como Patrimonio y Sucesiones; los estatales cedidos parcialmente, como el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, respecto de los que el Estado cede a las CCAA un porcentaje, y los tributos estatales no cedidos, como Sociedades, en los que las CCAA no tienen ninguna participación.
En cuanto a las competencias de gestión, el Estatuto estipula que corresponde a la Generalitat, mediante una Agencia Tributaria, la gestión de los tributos propios y de los tributos totalmente cedidos, y corresponde al Estado la gestión de los tributos cedidos parcialmente, si bien se contempla la posibilidad de delegar funciones en la Generalitat y el establecimiento de una colaboración, cuando así lo exija la naturaleza del tributo.
Así lo plantea el artículo 204 del Estatut, que dice que para desarrollar esto, "se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña".
Del consorcio a la Agencia independiente
El problema surge porque en la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña la disposición adicional decimocuarta compromete a la Agencia catalana a convertirse en un futuro en la única Administración Tributaria de Cataluña.
Así pues, se concibe la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña como primer paso para volver a las pretensiones iniciales de lograr una soberanía e independencia fiscal que no está prevista en la Constitución, ni en el texto del Estatuto aprobado.
Este sábado se ha celebrado la primera reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra en cumplimiento del acuerdo que hicieron público el 9 de noviembre.
El pacto que han firmado el PSOE y Junts contiene la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña, que el PSOE se compromete a negociar, mediante "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula e excepción de Catalunya que reconozca la singularidad".
Esto se tratará "de entrada" y "en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre", dice el acuerdo, lo que se ha producido finalmente el 2 de diciembre.
A su vez, Pere Aragonès anunció el 23 de noviembre que ha encargado al equipo económico del Govern una propuesta de financiación singular para Cataluña que debería incluir la recaudación de todos los impuestos en Cataluña y ha avisado a Pedro Sánchez: "Para que la legislatura avance, debe cumplir los compromisos y la negociación debe avanzar".
Se trata del tercer intento de trocear la Agencia Tributaria y crear un Cupo catalán. En 2008 hubo un conato. Entonces y ahora la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de "consecuencias gravísimas" por atentar contra la igualdad de todos los españoles en la Constitución y poner en riesgo la lucha contra el fraude y la eficacia de la gestión y recaudación.
