El Gobierno ha gastado 12,6 millones de euros de los fondos europeos (UE) en comprar ordenadores portátiles para 11 ministerios. En concreto, la Administración General ha adquirido más de 10.066 ordenadores portátiles a través de 13 licitaciones que se cerraron entre noviembre de 2021 y febrero de este año bajo el paraguas de los Next Generation, según consta en el portal de Contratación del Estado.
De las 13 convocatorias localizadas, la mayoría no cuentan con pliegos al estar basadas en el acuerdo marco 02/2020 de suministro de ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo; que preestablece las condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en dicho acuerdo.
No obstante, en 11 de estas convocatorias se especifica en el objeto del contrato el número de ordenadores portátiles que se pretenden adquirir. Si se suman los dispositivos de estos expedientes (10.066) y el importe de adjudicación con impuestos de los mismos (11,07 millones), el precio medio por el que se habrían adquirido los ordenadores portátiles se sitúa en los 1.099 euros.
Bajo este acuerdo marco se han adquirido, por ejemplo, 3.466 portátiles para el Ministerio del Interior por 3,60 millones de euros; 3.000 para el Ministerio de Trabajo por 3,56 millones; u otros 1.080 para el Ministerio de Política Territorial por 1,11 millones. Menores han sido las cuantías destinadas a Ciencia, Justicia, Inclusión, e Igualdad.
Para el Ministerio de Diana Morant se han adquirido 747 ordenadores por 873.433 euros y para el de Pilar Llop, 210 por 234.941 euros. Finalmente, Igualdad adjudicó el pasado 9 de febrero un contrato por 89.853 euros para adquirir 74 portátiles. Aunque este contrato es el de menor cuantía en términos absolutos respecto al resto de ministerios, es el que más pagó por cada portátil en términos relativos: 1.214 euros de media.
También se han lanzado convocatorias conjuntas para equipar a varios ministerios, como una 590.500 euros destinada al suministro de 570 portátiles para Política Territorial, Transición Ecológica, Transportes y Trabajo; otra de 110.581 euros para proporcionar 104 ordenadores a Hacienda e Igualdad; una tercera de 873.433 euros por 400 portátiles para Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 413 para Cultura y Deporte.
Las empresas adjudicatarias de todos estos contratos han sido HP Printing and Computing Solutions, Dynabook Europe, Teknoservice, Algoritmos, procesos y diseños S.A., Compusof, Inetum, Inforein y Seidor.
El teletrabajo en la Administración Pública
El Gobierno tiene pendiente la aprobación de un nuevo decreto para regular el teletrabajo de los funcionarios en la Administración Pública. La actual normativa sólo permite hacerlo el 20% de la jornada, un día a la semana; pero los representantes sindicales tienen como objetivo que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones fuera de la oficina hasta tres días a la semana. Esta normativa afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales.
En el acuerdo marco se detalla que "los bienes resultan necesarios al estar destinados a atender las demandas de equipos que permitan desplegar soluciones de trabajo tanto presencial como no presencial y como se ha mencionado son elementos indispensables en la transformación digital de las administraciones públicas". Su financiación con fondos UE también se justifica con el cumplimiento de la Agenda España Digital 2025, en el que se enmarca la digitalización de las AAPP para mejorar la accesibilidad de ciudadanos y empresas a los servicios públicos.
Asimismo, en una de las licitaciones adjudicadas el pasado 22 de febrero para suministrar "diverso material informático con destino a las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social" por 478.631 euros, que no se rige por el acuerdo marco pero sí se financia con fondos europeos, se justifica el procedimiento de urgencia apelando, precisamente, al desarrollo normativo del teletrabajo en la Administración General del Estado.
El Ministerio de Trabajo explica que "se regula una nueva modalidad NO presencial que supone, entre otros aspectos, la obligación de la Administración de proporcionar a los empleados públicos que disfrutan de esta modalidad, un equipo informático con tarjeta de datos, aplicaciones y herramientas que lo hagan posible".
Además, el Ministerio añade que "esta necesidad se ve agravada por la perspectiva de una posible ampliación del trabajo a distancia en cuanto a cómputo semanal en el futuro más cercano". Asimismo, "el contexto tan diversificado de los diferentes países donde se encuentran ubicadas las diferentes sedes de las Consejerías, en cuanto a medidas de seguridad covid-19 es un aspecto más a tener en cuenta a la hora de asegurar la disponibilidad de los medios materiales necesarios para el trabajo a distancia".
