Fondos europeos: la UE estrecha el cerco sobre España a la caza de "delito penal" en la trama Koldo

Cualquier ciudadano de la UE puede remitir una denuncia anómina a la OLAF en las 24 lenguas oficiales. Tales siglas corresponden a la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, un organismo fundado en 1999 para examinar "cualquier sospecha" de estafa en torno al dinero comunitario. A la OLAF se dirigió este miércoles la Comisión Europea, que no tiene necesidad de ampararse en el anonimato, para solicitar una investigación sobre la posible malversación de fondos europeos en España. El hedor de la trama Koldo ya ha llegado a Europa.

La sombra de la corrupción amenaza con generar serios problemas al acorralado Gobierno de Pedro Sánchez. En el corto y el medio plazo. De entrada, el escándalo de las mascarillas está aumentando el estigma de España como país corrupto. Una señal pésima para los grandes inversores, que ya tenían proyectos en 'stand by' por la ley de amnistía. Más adelante, el caso Koldo, que salpica directamente al Ejecutivo y al PSOE, puede obstaculizar la entrega prevista de los fondos europeos.

Sobre España se ha abierto un doble frente imprevisto, que se suma a otras pesquisas en marcha antes de aflorar el escándalo. El más reciente es el de la OLAF y tiene que ver con una petición de la Comisión Europea. Los cuerpos técnicos de Bruselas, molestos desde hace tiempo por la excesiva manga ancha de los altos cargos polílticos, han reaccionado inmediatamente ante el caso Koldo, instando a la Oficina Antifraude que examine si se han gastado fondos europeos en la trama de las mascarillas. En la capital belga se habla de "tolerancia cero" contra la corrupción.

Paralelamente, la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, ha confirmado esta semana que lleva siete meses investigando contratos de la trama en Canarias y Baleares valorados en 15,3 millones de euros. La sospecha del organismo que lidera la rumana Laura Codruța es evidente: la trama corrupta que intervino en estas compras pudo embolsarse fondos europeos de forma ilícita.

La incursión de la Fiscalía Europea es clave y justifica por sí sola el nerviosismo palpable de Moncloa. "Mientras que la OLAF estudia cualquier indicio de fraude, los fiscales van a la caza del delito penal", afirman fuentes comunitarias. Que el caso español se investigue desde Bruselas reduce, además, las posibilidades de que el Gobierno de Sánchez ejerza algún tipo de presión sobre los fiscales en España.

Asímismo, la OLAF tiene otra denuncia sobre la mesa, cursada también esta semana. La han presentado las eurodiputadas de Ciudadanos Eva Poptcheva y Susana Solís. Exigen una investigación de la rama balear del caso Koldo por emplear, supuestamente, 3,8 millones de fondos Feder en la compra de mascarillas defectuosas. Como recuerda la propia Poptcheva, estos fondos son estructurales, pero se habilitaron al inicio de la pandemia para poder afrontar los gastos de emergencia.

"Hablamos de solidaridad entre países", reflexiona la eurodiputada de Ciudadanos. "Por eso, lo que está ocurriendo es preocupante de cara al futuro. La próxima vez que se necesiten estos mecanismos solidarios, nuestros socios europeos se lo van a pensar dos veces".

La explosión del caso Koldo ha circulado de corrillo en corrillo esta semana en Bruselas. Entre otras cosas, porque uno de sus protagonistas (José Luis Ábalos) fue, además de exministro, un político de absoluta confianza del presidente del Gobierno. La trama también salpica a dos expresidentes autonómicos (Francina Armengol y Ángel Víctor Torres). En el Europarlamento sobrevuela una pregunta: ¿Afectará el brote de corrupción al cuarto desembolso pendiente de fondos europeos?

El PP también ha aprovechado para redoblar la presión sobre Sánchez en las instituciones comunitarias. La vicepresidenta del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria sobre el caso, instando a actuar a la Comisión, y elevará la denuncia a la OLAF y la Fiscalía Europea.

"Irregularidades" con los fondos europeos

Lo peor es que nuestro país ya estaba en el punto de mira: era un 'sospechoso habitual'. Hace justo un año, la jefa de control de gasto de la OLAF, Joanna Krzeminska, avanzó que había en marcha "varias investigaciones sobre irregularidades con los fondos europeos". El Gobierno se dio por aludido, porque la funcionaria polaca lo anunció en una sesión del Europarlamento centrada en España. En concreto, se hablaba de la misión de eurodiputados a Madrid organizada por la alemana Monika Holhmeier, preocupada por la opacidad en torno al gasto de los fondos.

Tanto la investigación de la OLAF como la de la Fiscalía Europea discurrirán paralelas a la elaboración de otro informe que puede sacar los colores al Gobierno. Lo está redactando el Tribunal de Cuentas de la UE y tiene que ver con el grado de ejecución de los fondos europeos. Se publicará en mayo y, como informó Vozpópuli, parte de una base preocupante: el Tribunal sospecha que el dinero comunitario se está usando "para tapar agujeros".

La presión exterior es asfixiante y sepulta las escasas posibilidades que le quedaban a Pedro Sánchez para ocupar un puesto internacional 'top', el día que abandone el Gobierno. En apenas tres meses, el líder socialista ha dilapidado toda la buena imagen que proyectaba en el exterior. El declive es achacable, por un lado, a las negociaciones sobre la amnistía con Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española y 'apestado' en el Europarlamento. Y, por otro, a la posición beligerante contra Israel en el conflicto bélico con Palestina.

El escándalo de corrupción puede dar la puntilla a las aspiraciones internacionales de Sánchez. Para algunos analistas políticos, esta realidad refuerza, sin embargo, la tesis de que aguantará en el Gobierno mucho más de lo imaginable. Sin salida internacional y sin posibilidades de moción de censura en el Parlamento, el líder socialista huirá hacia delante mientras pueda. A menos, eso sí, que el caso Koldo depare nuevas sorpresas.