Florentino Pérez encomienda a Acciona los nuevos parkings subterráneos junto al Bernabéu

Giro en la mayor obra de infraestructura en marcha en Madrid y España junto al Espai de Barcelona, la reforma del Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid y la constructora ACS, Florentino Pérez, se inclinaría finalmente por adjudicar la construcción de los nuevos parkings subterráneos -la última fase de la remodelación del Coliseo blanco-, a la gigante española Acciona, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes conocedoras.

La constructora de la familia Entrecanales se impondría finalmente en la puja por esta obra a la actual responsable del grueso de la reforma, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, controlada por el mexicano Carlos Slim.

Atendiendo a las fuentes consultadas, FCC partía con ventaja por su 'expertise' a cargo del resto de la obra -por la que el conjunto blanco prevé tomar un principal de deuda superior a los 1.000 millones-, pero el esfuerzo económico realizado por Acciona habría terminado de decantar la balanza a su favor para hacerse con la subcontratación de la construcción y su gestión.

De acuerdo a uno de los informantes consultados, la constructora del Ibex 35 habría ofrecido una baja de varias decenas de millones. Otra de las fuentes consultadas corrobora la elección en favor de la empresa también participada por el mayor fondo de inversiones del mundo BlackRock, pero incide en que resta la formalización. A preguntas de este medio, desde Acciona han preferido no hacer comentarios.

De acuerdo a la documentación aprobada por el ayuntamiento de Madrid, la inversión en capex proyectada por el Real Madrid para los nuevos aparcamientos subterráneos es de 105 millones, de los que alrededor de un 40% se harían con cargo a deuda y el resto, capital.

Una facturación de 561 millones

La tramitación se ha visto demorada en el marco de las pasadas elecciones municipales, que alargaron los plazos del Consistorio para dar luz verde definitiva a la concesión del espacio público al Real Madrid, que pretendía iniciar las obras en junio de este año. Y ello, sobre una superficie subterránea de 62.000 metros cuadrados para 1.846 plazas de aparcamiento que el Madrid podrá explotar durante un período de 40 años.

El presupuesto de ingresos proyectado por el ayuntamiento en favor de los blancos es de 561 millones al cabo de ese período, con un saldo de 201 millones de beneficios para el conjunto merengue.

Como contrapartida, la entidad que preside Florentino Pérez asumiría íntegramente los gastos para la construcción de la infraestructura que luego pasaría a manos del Consistorio en un plazo de 40 años. Con la aprobación de los técnicos municipales, el ayuntamiento hizo oficial la adjudicación el pasado mes de octubre en favor de la sociedad de propósito específico creada por el Madrid, Real Madrid Estadio SL, de la que también penden intereses del fondo americano Sixth Street. El plazo previsto para la realización de las obras era, de acuerdo al proyecto aprobado por el Gobierno municipal, de 18 meses.

El proyecto de Florentino y los vecinos del barrio

La tramitación de la concesión ha suscitado acciones judiciales por parte de dos colectivos de vecinos del Bernabéu, que han denunciado distintas irregularidades en el proceso de adjudicación. Entre los denunciantes aparece la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de la Habana-Padre Damián, que ha contratado los servicios del abogado Jesús Guereta López de Lizaga, quien impulsó el proceso que llevó a la Justicia a declarar la nulidad de la Zona de Bajas Emisiones aprobada por el Gobierno de Manuela Carmena, conocida como Madrid Central. La otra plataforma denunciante es la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, encabezada por el ingeniero industrial Enrique Martínez Azagra.

Ambas plataformas han emprendido acciones contra la concesión del espacio público para los parkings al Real Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu ha elevado también una denuncia ante la Comisión Europea por presunta ayuda ilegal de Estado y por la falta de un estudio de impacto ambiental previo a la concesión.