La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto la primera investigación en España relacionada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE tenía 15 investigaciones sobre los fondos a cierre de 2022, una de ellas en España por una denuncia privada, según ha podido saber Vozpópuli.
Esta investigación, de carácter confidencial y sobre la que apenas se conocen detalles, ha sido puesta en conocimiento de la Delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Esta misión ha visitado España esta semana para hacer un seguimiento de la implementación del Plan de Recuperación al que está asociado el dinero europeo.
La documentación interna que manejan los eurodiputados incluye un resumen de la opinión de la Fiscalía Europea sobre los fondos europeos del MRR en España, en el marco de sus contactos constantes. "Hasta finales de 2022, de las 15 investigaciones de la EPPO sobre el MRR, una es de España, procedente de una parte privada", reza el informe sobre la opinión del cuerpo judicial con sede en Luxemburgo.
Sobre la investigación no se conocen más detalles al tener carácter confidencial y fuentes del Europarlamento consultadas por este periódico comentan que la Fiscalía "no aporta más detalles de la denuncia para poder hacer una investigación justa". Por tanto, las mismas fuentes opinan que no se conocerá más información hasta que la investigación se encuentre en una fase más avanzada.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Fiscalía Europea, desde la que se niegan a confirmar en qué casos están trabajando y a comentar sobre las investigaciones en curso para no "poner en peligro posibles procedimientos y su resultado". El cometido de la EPPO es combatir el fraude contra las finanzas de la UE y está facultada para investigar, imputar y llevar a juicio a los autores de delitos que atenten contra el presupuesto de la Unión.
Tal y como explica la UE en su web, "realiza investigaciones transfronterizas sobre casos de fraude por un importe superior a 10.000 euros en fondos de la UE o sobre casos de fraude transfronterizo en materia de IVA que supongan un perjuicio superior a 10 millones de euros. Colabora además estrechamente con las autoridades policiales y judiciales nacionales, y con otros organismos tales como Eurojust y Europol".
También la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha iniciado investigaciones sobre irregularidades con los fondos europeos, tal y como confirmó el pasado 9 de febrero su directora, Joanna Krzeminska, aunque por el momento no ha detallado de qué países se trata. Sí especificó que son de diferente naturaleza, algunas centradas en irregularidades en licitaciones o conflictos de intereses, y otras basadas en el diseño y/o control de los procedimientos de financiación.
Carta de la Fiscalía Europea al Gobierno
Hace cuatro meses, en octubre de 2022, la Fiscalía Europea solicitó formalmente colaboración y acceso directo a la información sobre la gestión de los fondos UE para sus posibles investigaciones, una petición a la que el Gobierno está dando largas, tal y como ha avanzado Vozpópuli. La EPPO también ha puesto este retraso en conocimiento de la Delegación del Parlamento Europeo que visitó España entre el lunes y el miércoles, intentando con ello que los eurodiputados den un impulso a la petición en las reuniones que han mantenido estos días con los ministros.
En el informe elaborado por el Parlamento Europeo para la misión se detalla que la EPPO envió una carta al Gobierno (y a otros 22 Estados Miembros) en la que "se pide información sobre la base de datos que permita rastrear los fondos y el acceso de los fiscales delegados europeos, se pregunta sobre los métodos para garantizar que las sospechas de delitos relacionadas con los fondos UE se comuniquen a la EPPO, y se solicitan canales de comunicación específicos y acuerdos de trabajo".
La cuestión está en que, según consta en la documentación del Parlamento, no se ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, Monika Holhmeier, ha preguntado expresamente por este asunto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en sus encuentros.
Según informan fuentes presentes en las reuniones celebradas este lunes y martes, la alemana ha preguntado cuándo se pretende dar una respuesta a la Fiscalía Europea, a lo que Calviño ha evitado responder, asegurando que esto no corresponde a su Ministerio sino al de Justicia Por su parte, desde Hacienda sí han detallado que se dará información "cuando proceda", es decir, "cuando haya una investigación", según describen las mismas fuentes.
Fuentes conocedoras aseguran que las respuestas de las ministras no han convencido a Holhmeier, quien ha insistido en que la Fiscalía Europea no sabe cuándo hay información de interés que se deba solicitar y, en todo caso, ha reclamado a Hacienda más "proactividad" por parte de las autoridades nacionales, entendiendo que el Gobierno no está aportando toda la información que se espera de su parte, según detallan las mismas fuentes.
En la declaración de prensa conjunta de la delegación de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en España, tras analizar durante dos días la gestión española de fondos europeos del Plan de Recuperación, se hace referencia a este asunto. También la presidenta de la Comisión, Monika Holhmeier, lo ha comentado en su intervención ante la prensa.
"Por lo que respecta a la Fiscalía Europea (EPPO) y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también hemos debatido las cuestiones en curso con las autoridades españolas, incluidos los problemas relacionados con su acceso a los datos, los métodos para garantizar que las sospechas de delitos específicamente relacionados con los fondos de recuperación y resiliencia se comuniquen a la EPPO y a la OLAF, y el establecimiento de puntos de contacto", reza el documento publicado en la web del Parlamento este miércoles.
