Feijóo promete suelo de Ayuntamientos y CCAA a los fondos a cambio de bajar el precio de la vivienda

Entre los fondos de inversión inmobiliaria en España hay importantes expectativas puestas en la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Las propuestas de la candidatura del Partido Popular parecen entroncar con las reivindicaciones que trasladan en privado desde grandes fondos internacionales con interés en apostar por levantar nuevas viviendas en nuestro país. Las dudas del sector privado giran más bien en torno a la capacidad real del candidato popular para llevarlas a cabo, si bien ven con buenos ojos su fondo.

Y en el marco de lo anterior no solo cabe la promesa del Feijóo de articular un plan de choque contra la okupación con desalojos en 24 horas sino sobre todo una serie de líneas de actuación para fomentar el levantamiento de nuevas casas a precios más asequibles y resolver, gradualmente, el problema de la vivienda. Desde el PP se ha abierto la puerta a recuperar una línea de subvenciones a promotores/inversores de hasta 36.750 euros (equivalentes a un tercio del precio promedio de mercado de un piso en España), a cambio de que el inversor promueva y/o rehabilite y mantenga la vivienda en el mercado del alquiler residencial durante 25 años.

La iniciativa del PP incluía ya la posibilidad de convenios por parte de las administraciones públicas con grandes propietarios. En contraste, el Plan Estatal ahora en vigor impulsado por el Gobierno socialista apuesta por ayudas directas a los arrendatarios así como para empresas siempre que estén participadas en al menos un 50% por el Estado y a condición de permanencia en el alquiler por al menos 50 años; la propuesta de los principales caseros españoles al actual Gobierno de cederle unas 30.000 viviendas con descuentos del 20% a cambio de contratos de 25 años no ha prosperado.

Feijóo plantea otra alternativa para la ayuda

La última alternativa puesta sobre la mesa por Feijóo es una modificación de la ley del suelo para facilitar las cesiones de suelo por parte de las administraciones públicas a los promotores. Como detalló en una entrevista con Expansión, el candidato popular plantea como alternativa una subvención indirecta consistente en dar suelos a los inversores privados a cambio de que estos no repercutan los costes de suelo -hasta un 40% de las promociones-, de forma que se conseguiría a un tiempo que los fondos obtengan rentabilidades similares y más seguras y los demandantes, viviendas hasta un 40% más baratas.

Sin embargo, apuntan fuentes del sector a Vozpópuli, las dudas giran en torno a la capacidad real de Feijóo de materializar el objetivo tras la medida ya que, remarca una de estas fuentes, "el problema es que el suelo es un bien a nivel local...y ningún alcalde quiere entregarlo gratis o barato, ya que es lo que financia sus proyectos". "No veo factible que un Gobierno quite las competencias de suelo y el poder de urbanizar a los ayuntamientos", resume.

Otra fuente añade el peso de las comunidades autónomas en materia de suelo y competencias, e incide en la importancia de que se blinden las medidas en materia de urbanismo ya que la inversión en vivienda "va ligada a la seguridad jurídica". En este sentido, el PP plantea derogar la Ley de Vivienda aprobada por el PSOE y Unidas Podemos y recuperar el proyecto de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que levanta también expectativas entre los inversores, deseosos también de que se recupere la Ley de Arrendamientos Urbanos de Mariano Rajoy en 2013 que rebajó a 3 años el mínimo legal de duración de los contratos de alquiler -el PSOE subió en 2019 a 7 años el mínimo en caso de grandes propietarios-.

Desde el sector privado se constata la necesidad de unas dos millones de viviendas antes de 2040 tanto por el déficit estructural en el presente como por los saldos migratorios que el Instituto Nacional de Estadística perfila para los próximos veinte años

Feijóo no ha entrado de momento en esto último pero sí en alcanzar un Pacto Estatal por la Vivienda que implique tanto a ayuntamientos como a las comunidades. "Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente" y "movilizaremos el suelo de titularidad pública destinados a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible".

Desde el sector privado se constata la necesidad de unas dos millones de viviendas antes de 2040 tanto por el déficit estructural en el presente como por los saldos migratorios que el Instituto Nacional de Estadística perfila para los próximos veinte años. Desde las mayores promotoras del país aseguran que cada tramo de 100.000 viviendas nuevas en alquiler requiere, suelo incluido, una inversión de 25.000 millones. Una cifra que contrasta con los 3.500 millones que suma el Presupuesto del Gobierno en Vivienda este 2023, por debajo de los 7.500 millones que requeriría cumplir el objetivo fijado en la Ley de Vivienda del PSOE y UP del 20% de vivienda pública en 2043.