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Economía

Elecciones 23-J

Fedea alerta del peso electoral de los pensionistas: superan ya en 3,4 millones al voto joven

Las propuestas electorales se orientan cada vez menos hacia los jóvenes y más hacia los pensionistas por su peso en los comicios. Fedea alerta de sus riesgos y propone medidas

Pensionistas se concentran en el Congreso para exigir que la pensión mínima alcance los 1.080 euros. Europa Press

Cada vez son menos los jóvenes que votan y más los pensionistas que lo hacen. En las próximas elecciones generales habrá casi 6,6 millones de votantes potenciales con entre 18 y 30 años y cerca de 10 millones de votantes potenciales mayores de 65 años. Hace 50 años, en los años 70, la situación era la contraria: había 6,3 millones de votantes jóvenes y sólo 3,4 millones de personas mayores.

En 2050, solo habrá 6,4 millones de jóvenes votantes y 16 millones de personas mayores, según sus cálculos. Esto, tal y como refleja Fedea en un artículo publicado este lunes, condiciona las decisiones políticas, orientadas cada vez menos hacia los primeros y más hacia los segundos, lo que supone un riesgo para la sociedad y el sistema.

"La política diseña sus propuestas electorales para las generaciones dominantes; esto es, claramente hacia los ancianos, no hacia los jóvenes", destaca. Prueba de ello es que prácticamente la totalidad del aumento del gasto público entre entre 2008 y 2019 en España (del 0,9% del PIB) vino acarreado por la protección social y, en concreto, por las partidas que benefician a los mayores (enfermedad, incapacidad, edad avanzada, supervivientes).

Los mayores, filón de los políticos

Además del número de votantes, Fedea advierte de que hay otros factores que convierten a los mayores en el filón de los políticos: "los viejos son más atractivos también porque son más fáciles de persuadir y movilizar", asegura el informe.

En su opinión, basta con utilizar los medios tradicionales (periódicos, televisión, radio) y dejar de hablar de problemas con las pensiones y no tocar los impuestos al patrimonio (o a la vivienda). Sin embargo, llegar a los jóvenes es más "complejo", pues se deben usar las redes sociales, con campañas electorales más innovadoras, y además sus intereses son más heterogéneos (educación, mercado laboral, ayudas a la familia, etc.).

"Tal vez también por esta razón, porque los políticos están más atentos a las necesidades de los mayores que a las de los jóvenes, los jóvenes votan menos", comentan los autores del informe. El porcentaje de votantes jóvenes se sitúa en el entorno del 20% y el de los mayores, en el 25%. Sin embargo, Fedea alerta de que el primero se va a estancar y el segundo seguirá aumentando hasta situarse en 2050 por encima del 40%.

Riesgo para el sistema

Fedea también avisa en su informe del persistente déficit estructural que sufre España (los ingresos no son suficientes en ningún momento del ciclo económico para financiar los gastos y, como consecuencia, necesita emitir deuda pública para financiarlos).

"La existencia de un déficit estructural permanente estaría amplificando el problema de justicia intergeneracional mencionado anteriormente. Es decir, no solo la mayor parte del gasto va hacia los mayores, sino que como no se está recaudando lo suficiente para financiar este gasto (hay un elevado déficit estructural), se tiene que financiar con deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se trasladan a las futuras generaciones", explica Fedea.

El servicio de estudios concluye que "el hecho de que cada vez se tenga menos en cuenta las preferencias de los jóvenes en los procesos electorales es un grave problema". Por un lado, les genera menos incentivos a ir a votar y la caída de la participación de los jóvenes debilitará la legitimidad de los gobiernos elegidos. Por otro lado, que solo se escuche la voz de los lo más mayores en las elecciones hace que la política se centre en el cortoplacismo.

Como solución, propone introducir el voto obligatorio y bajar la edad de voto a los 16 años. Además, ve necesario contar con una regla fiscal intergeneracional, que regule automáticamente la asignación del gasto público. Ésta estipularía que, por cada euro adicional de gasto público dirigido principalmente a las personas mayores, se debería asignar un euro adicional a programas de gasto dirigidos a los jóvenes.

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