Escriva busca el apoyo in extremis de Cs para salvar sus planes de pensiones públicos

El Proyecto de Ley de los planes de pensiones de empleo que José Luis Escrivá se ha comprometido con Bruselas a que esté aprobado el 30 de junio depende ahora mismo de PP, Ciudadanos y Vox. Buena parte de los socios del Gobierno, el caso de Bildu, BNG, Más País-Equo, la CUP y Compromís, votaron el pasado 24 de marzo a favor de una enmienda a la totalidad que pedía devolverlo al Ejecutivo, y sólo pudo continuar su tramitación con una entente inhabitual: PSOE, Podemos, PNV, PP, Vox y Ciudadanos. El Grupo Socialista únicamente tiene en estos momentos el apoyo de PNV y de Podemos. Y el del partido que sustenta al Gobierno no es completamente pacífico, ya que ha presentado enmiendas y una de ellas genera división.

Para dificultar más las negociaciones, PP, Cs y Vox exigen que se incorporen rebajas fiscales y que se reduzca el control estatal para dar su aval, y los socios contrarios al texto podrían abstenerse si se restringen aún más los incentivos fiscales y si el sistema se hace totalmente público. La tensión creciente en el seno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llevado a convocar y desconvocar de urgencia la Ponencia dos veces esta semana y ahora se ha trasladado al lunes.

Con estos mimbres, el Gobierno podría cortejar a los grupos conservadores. Sin embargo, de momento se va a ceñir a Ciudadanos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, se reúnen hoy con la diputada de Ciudadanos María Muñoz. Según ha podido saber Vozpópuli, el ministro no está especialmente preocupado y confía en que con abstenciones de sus socios salga la norma adelante. En este escenario, Ciudadanos aseguraría el cómputo, como ya hizo con la reforma laboral y con los estados de alarma.

No le ve así Muñoz, que explica a este periódico que si no se atienden sus reivindicaciones sobre rebajas fiscales y mejor gobernanza, la formación naranja no dará su aval. Ciudadanos persigue beneficios fiscales en el IRPF para trabajadores, incentivos para las empresas en forma de una deducción en la cuota íntegra en Sociedades y equiparar a los autónomos con los asalariados, a lo que añade que se limiten los privilegios y derecho de veto del Ministerio en la Comisión de Seguimiento de los planes. El apartado fiscal se ve como una petición de máximos.

Esta diputada es consciente de la presión de Hacienda, que veta cualquier rebaja fiscal. De hecho, el propio Grupo Socialista colabora en el veto gubernamental, que demandó y finalmente se ha producido, a enmiendas con incentivos fiscales por 1.500 millones, pero advierte de que si no hay algún gesto, no apoyarán la norma. "La pelota está encima del tejado del Gobierno", avisa Muñoz.

En situación similar se encuentran PP y Vox. Desde el PP apuntan que sin rebajas fiscales ni la transitoriedad de la norma que reclaman votarán en contra. Los de Vox creen que el proyecto "se queda muy corto, consolida desigualdades y apunta dirigismo en sus propuestas", y reclaman incentivos fiscales y eliminar la discriminación a los autónomos.

De momento, desde el Gobierno se ha hecho una oferta sorprendente tanto a Cs como al PP: un informe ad hoc de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que analice los incentivos fiscales que proponen y resuelva si le parecen eficientes.

Subidas salariales en convenio

Escrivá ha blandido esta norma como "elemento clave para dinamizar las negociaciones salariales en entornos de alta inflación, como el actual, ofreciendo una herramienta más para el diálogo entre los representantes de las empresas y los de los trabajadores". Durante una jornada sobre previsión social complementaria organizada por EY, el ministro ha subrayado que el proyecto de ley que tramitan las Cortes "ya está teniendo efectos aún antes de estar aprobada", en alusión al preacuerdo alcanzado la semana pasada sobre el VII Convenio General del sector de la Construcción, que liga parte de la subida salarial a la creación de un plan de pensiones colectivo.

Sin embargo, el preacuerdo de la construcción establece que el plan de pensiones del colectivo se formalizará siempre que el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo recoja incentivos ambiciosos comprometidos por el Gobierno. Por lo que pende de lo que ocurra con esta ley. Y de que en el caso que se apruebe, lo haga en unos términos que satisfagan a la patronal. Precisamente las enmiendas de Podemos, ERC y el propio PSOE preocupan a CEOE y están paralizando otras negociaciones salariales que contemplan introducir subidas vía planes de pensiones, como ha publicado Vozpópuli.

Según ha informado EY, el ministro ha destacado que, a su juicio, de acuerdo a la evidencia nacional e internacional, los planes de empleo "son un instrumento idóneo para fomentar el ahorro entre las familias de rentas medias y bajas". Asimismo, el ministro ha resaltado que la posibilidad de adscribir estos planes a fondos de pensiones de promoción pública da garantías y certeza a los partícipes, al contar con altos funcionarios y representantes de los agentes sociales en los mecanismos de gobernanza, al tiempo que permitirá, por el tamaño de los fondos, ofrecer comisiones más bajas que los de otros vehículos de ahorro.

El exsecretario de Estado de Empleo Juan Pablo Riesgo, socio de People Advisory Services (PAS) y responsable de EY Insights, pone en valor la utilidad de esta norma para mejorar la suficiencia de los trabajadores cuando la sostenibilidad del sistema de pensiones no está garantizada y subraya que debe incluir incentivos fiscales y de cotizaciones sociales para las empresas.