El Gobierno se desmarca del acuerdo de la COP28 sobre la nuclear mientras cierra centrales y sube impuestos

La energía nuclear es una de las más limpias y eficientes del mundo. Eso es una realidad irrefutable. Tanto es así que en la COP28, celebrada en Dubái estas dos últimas semanas, se ha puesto encima de la mesa como medida para abordar la necesidad de frenar el uso de combustibles fósiles, principal tema de discusión de la cumbre climática.

De hecho, uno de los pocos y prósperos acuerdos logrados en la urbe de los Emiratos Árabes Unidos vino de la mano de dicha energía. El pasado 2 de diciembre, más de una veintena de las naciones asistentes a la COP28 firmaron triplicar la capacidad actual de la energía nuclear a nivel global para 2050.

Los países signatarios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, se comprometieron a trabajar por triplicar la energía nuclear debido a su "papel clave para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, manteniendo un límite de 1,5 °C en el aumento de temperatura y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible".

Este pacto es bastante significativo, pues marca de forma clara la línea a seguir en materia energética. Mientras las renovables continúan abriéndose paso, la nuclear es una apuesta segura. En líneas generales, los países de la Unión Europea se han posicionado a favor de aumentar su capacidad de producción eléctrica de origen atómico.

La gran excepción ha sido Alemania, que puso en marcha su apagón nuclear el pasado abril, desconectando las últimas tres centrales que tenía en funcionamiento en su territorio. El debate en Europa está candente, pues la garantía energética de las nucleares otorgaría a los países una dependencia respecto al gas ruso, circunstancia favorecedora en tiempos de guerra e incertidumbre. En el caso alemán, el accidente de Fukushima de 2011 precipitó esta decisión.

Francia es el gran adalid de las nucleares en el viejo continente. El país vecino tiene 56 reactores operativos, lo que le reporta el 71% de la electricidad generada en la nación gala. Asimismo, 12 de los 27 países miembros de la UE cuentan con centrales nucleares plenamente operativas.

Reino Unido, Finlandia, Suecia, Polonia, Bélgica, República Checa o Eslovaquia, por citar un puñado de ellas, son naciones que apuestan claramente por la energía nuclear, ya que están construyendo reactores nucleares o tienen un número de ellos en funcionamiento bastante alto para las demandas eléctricas de sus ciudadanos.

España, como siempre, da la nota discordante en el seno de la Unión Europea, pues su política es actualmente más negativa que positiva hacia la energía atómica. Aunque contamos con cinco centrales en marcha, en realidad son siete reactores, pues Almaraz y Ascó poseen unidades gemelas.

Desde el Gobierno de Sánchez, que tanto habla de transición ecológica y energía limpia, se sigue machacando a las centrales nucleares, única forma de producción de energía capaz de reducir las emisiones de forma contundente. España lidera el cierre de centrales por toda la nación.

El Gobierno prepara un impuestazo a la energía nuclear

Tras adoptar una política agresiva contra la energía nuclear, el Ejecutivo español ha empezado a recular de cara a la galería. El apoyo de Francia para la elección de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones no ha sido gratuito. El país presidido por Emmanuel Macron, principal valedor en la UE de la energía atómica, decidió dar su sí a la aún ministra de Economía con la condición de que España apoye las ambiciones francesas con la nuclear.

"Es una buena noticia. Francia ha apoyado a Nadia Calviño, una excelente candidata, en línea con nuestras ambiciones para el Banco Europeo de Inversiones", manifestó Bruno Le Maire, ministro de Economía de Francia. Según Le Maire, el de Calviño se trata de un "puesto clave en un momento en el que la UE debe invertir mucho en la transición ecológica, la defensa y la energía nuclear" cuando "el margen de maniobra financiera de los Estados miembros es estrecho".

Sin embargo, por detrás, el Ministerio de Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera sigue sondeando la remota posibilidad de terminar con las nucleares en España en un futuro aún por definir. El Gobierno de Sánchez ultima la aprobación del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que dirá cómo y cuándo desmantelar las centrales nucleares, amén de construir siete almacenes para guardar los desechos radiactivos en toda España.

Una idea provisional, la de los almacenes, que durará hasta que termine de definirse en sitio y forma el almacén geológico profundo, el cual pretenden que esté operativo hasta 2073. Esta idea repercutirá en una inversión de 2.000 millones de euros, un sobrecoste que el Gobierno planea recuperar, como únicamente sabe hacer, a golpe de impuesto.

La tasa elegida para una desorbitada subida ha sido la que pagan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos y el desmantelamiento de las plantas. En la actualidad, la nuclear paga a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos una prestación patrimonial no tributaria de 7,98 euros por cada megavatio hora de electricidad producida.

Aproximadamente, las eléctricas que tienen centrales nucleares, están pagando en torno a 450 millones de euros, a través de esta tasa, al fondo que financia la gestión de residuos radiactivos. Por ello, el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos planea subir un 25% dicha tasa, haciendo que las eléctricas paguen hasta 10 euros por MWh, elevando la recaudación para el fondo hasta los 570 millones

Como siempre, el Gobierno poniendo palos en la rueda. Pero, al mismo tiempo, apoya con su firma los contratos por diferencia, elemento con el que Francia quiere regular los precios de la energía nuclear para tener una mayor competitividad. Difícil de entender.